La edila nacionalista Patricia Vásquez Varela fustigó duramente en la Junta Departamental de Paysandú la actitud de Susana Pereyra, diputada por el MPP, exesposa del exministro del Interior Eduardo Bonomi, en el sentido de que, durante el gobierno del Frente Amplio, pedía traslado de presos peligrosos, entre otras flagrantes irregularidades, en tanto se ha negado ahora a comparecer en la Comisión Investigadora de estos hechos, donde también salió a luz que la legisladora de la coalición de izquierda “habría fraguado un cargo” para atenderse muchas veces en el Hospital Policial.
Dijo en la media hora previa de la corporación que “en realidad, fueron favores personales, salteándose la Junta de Traslados, que es el órgano que decide el destino de las personas privadas de libertad. La diputada Pereyra le escribe a una autoridad para realojar a un preso, delincuente que no era un primario, sino muy por el contrario, estaba indagado por diversas rapiñas, lesiones, daño y riña y fue condenado por 4 delitos de rapiña”.
“Además, ese ‘buen hombre’, tuvo en la cárcel 13 sanciones como agresión, complicidad en requisa, uso de celular irregular, etcétera. Realmente no era merecedor de beneficio alguno, pero la diputada tuvo consideraciones con ese individuo. También, solicitó un cambio de módulo, al director de Cárceles del momento, para un hijo de Policía que estaba preso por delito especialmente agravado en grado de tentativa y porte de arma”, señaló.
Agregó que “Larrosa, al frente de la Dirección de Cárceles del gobierno del Frente Amplio, lo cambió de módulo en forma inmediata, a solicitud de Susana Pereyra”, y consideró que “otras acciones de la legisladora que reflejan su intromisión en los asuntos del Ministerio de Interior, fue su intervención para que un barra brava de un club de fútbol no fuera trasladado al Comcar, personaje que tenía prontuario por hurto, rapiña, disparo de arma de fuego y homicidio y que también fue beneficiado con la prisión en una çárcel de seguridad como lo es la Unidad de Soriano”.
“Otro modus operandi de Pereyra era avisar a sus amigos de barra que sus teléfonos estaban intervenidos. También intercedía en cuanto a las requisas de los ómnibus con las hinchadas, cometiendo acciones que a mi modesto entender reflejan corrupción y abuso de autoridad, entre otros delitos, y que el Frente Amplio no deja de endilgar a nuestro gobierno”, subrayó.
Apuntó que “si bien ella manifestó que era producto de una mentira y desafió a seguir investigando, las prueba de los chats de WhatsApp que, a la vista están, llama poderosamente la atención que no tenía ninguna potestad ni dentro del Ministerio del Interior ni dentro de la Dirección de Cárceles, pero se dignó a dictar órdenes en forma de pedidos”.
“Entonces el cuestionamiento es por qué un legislador mantiene vínculos con el director de Cárceles. Es una situación lamentable y por demás peligrosa, ya que no le correspondía manejar al Ministerio del Interior y ejercer poder sobre los mandos policiales, beneficiando a delincuentes y entre ellos a los más peligrosos”, subrayó.
Cuestionó asimismo que la legisladora frenteamplista no concurriera a la comisión investigadora y siga manteniendo silencio sobre estas denuncias, sobre hechos de apariencia delictiva, a los que ha agregado el haber presuntamente falsificado documentos para presentarse como oficial subayudante, para poder ser atendida en el Hospital Policial durante más de siete años.
