La del 16 de julio es una fecha que asociamos a la felicidad de todo el pueblo uruguayo, recordamos la última vez que un equipo uruguayo celebró la conquista del Campeonato del Mundo de fútbol, en Maracaná. El día siguiente, el 17 de julio, fue designado como Día Nacional de Prevención del Suicidio y es una fecha que deberíamos no celebrar, pero sí tal vez tener igual de presente que la de aquella consagración, a la vista de las dimensiones que el problema de la autoeliminación ha cobrado en Uruguay, tercero en la estadística en la región más problemática del mundo en la materia, solo detrás de Guyana y Surinam.
Convocada por la organización Ultimo recurso, se llevó a cabo una actividad en el Palacio Legislativo que contó con la participación de la ministra de Salud Pública, Karina Rando, además de otras autoridades como el director nacional de Educación, Gonzalo Baroni, y el director del Inju, Felipe Paullier. Fue en ese ámbito que la ministra presentó no solamente la habitual actualización de cifras que se hace en este tipo de instancias, sino que además anunció una serie de acciones que se enmarcan en lo que definió como una nueva política en materia de salud mental, algunas de las cuales ya se están instrumentando.
Podría decirse que el año 2022 fue especialmente complicado por los números que cobró el problema. Durante todo el año se quitaron la vida 823 personas, lo que marca un incremento importante, del 8%, respecto al año anterior, el 2021, cuando se habían perdido algo más de 750 personas. Y usamos la expresión “podría decirse” porque en realidad este incremento no es más que la confirmación de una tendencia en ascenso que se arrastra desde los años ‘90 y que casi no se ha alterado más allá de los ciclos de crisis y de bonanza que se han alternado en el país. Mientras en el mundo los suicidios disminuyen, en las Américas siguen subiendo, la tasa promedio en la región es de 9 cada 100.000 habitantes, de acuerdo a los datos de la Organización Panamericana de la Salud para 2019. La tasa en Uruguay en 2022 fue de 23 cada 100.000 habitantes.
Como novedad la secretaria de Estado presentó estadísticas surgidas de dos herramientas de reciente creación, por un lado una evaluación de los Suicidios en adolescentes realizada a partir del análisis de las historias clínicas de esos pacientes, y del Registro de Intentos de Autoeliminación, que se puso en marcha en octubre del año pasado y que ha abierto una puerta para un acercamiento a una realidad más preocupante aun, pero que a la vez también abrió la puerta a un enfoque diferencial para con esos pacientes.
Rando citó a la psicóloga Susana Quagliatta, docente de la Facultad de Psicología y miembro del grupo asesor de la Comisión Nacional Honoraria de Prevención del Suicidio, quien referenció “la presencia de violencias a todo nivel a lo largo de la vida, desde lo político – económico hasta lo sociofamiliar e individual”, y señaló que “en nuestro país, casi el 90% de los suicidios está asociado al consumo de sustancias, principalmente en los adolescentes”.
Agregó que en el 50% de los casos que se consideraron en esa evaluación de historias clínicas, hubo un diagnóstico de trastorno o enfermedad mental y las condiciones de sufrimiento mental más frecuentes fueron: depresión, ansiedad y/o uso problemático de sustancias. Señaló también que “casi la totalidad” de los adolescentes que presentaron condiciones de sufrimiento mental recibió indicación de tratamiento psiquiátrico y/o psicológico dentro del sistema de salud. Sin embargo no todos ellos pudieron acceder realmente, principalmente por razones económicas.
“En el 54% de los casos los adolescentes tuvieron la última consulta en el sistema de salud en los últimos tres meses, el 70% lo tuvimos en el sistema de salud seis meses antes, por diferentes razones, algunos por dolencias físicas”, dijo. Podrían haberse atendido si se hubiese tenido una idea, una pista de la presencia de este sufrimiento. De allí que una de las medidas que anunció fuese la capacitación que se comenzará a impartir al personal médico y no médico del primer nivel de atención y de las emergencias para el uso de una herramienta específica para la detección de estos casos. Se trata de “Safe – T: Guía de valoración del riesgo suicida para profesionales de la salud”, que fue adaptada por el MSP, de la que Rando dijo que se trata de una herramienta probada, por lo que tiene mucha expectativa en su instrumentación.
Respecto al Registro de intentos de autoeliminación, señaló que desde octubre pasado las 97 puertas de emergencia del país reportan al Ministerio de Salud Pública los intentos fallidos en los que intervienen con el propósito de hacer un seguimiento. Por ejemplo se procura que en la semana siguiente al episodio haya una primera consulta con el psicólogo. Hasta el 30 de junio en que cerraron las cifras que presentó la ministra, fueron casi 3.000 intentos los registrados. Esto es casi 370 intentos por mes en promedio, son 10 personas por día que intentan quitarse la vida. La mayoría de ellos jóvenes de entre 15 y los 29 años, y el 46,5% tenía antecedentes de intentos previos. “Lo del llamado de atención es un mito que hay que desterrar completamente, porque muchos hacen un segundo, un tercer intento, y más”, expuso Rando.
Otras medidas que anunció se relacionan con facilitar el acceso al tratamiento mediante la reducción de los costos y un subsidio en la compra de los medicamentos que se indiquen, dado que una de las razones por las que se interrumpen son esencialmente económicas.
También forma parte de las estrategias que se están desplegando la extensión a nivel nacional de un programa que ha dado buenos resultados en Montevideo, denominado Familias Fuertes, dirigido a la prevención de los consumos problemáticos de sustancias. Se preocupó por aclarar que “no hablamos de la familia típica, del papá o la mamá y el niño, estamos hablando del adolescente y un adulto responsable, que puede ser un tío, la tía, los abuelos, los padres, hermanos, es decir, un adulto responsable y el niño, ese núcleo familiar independientemente de cómo esté constituido”.
Sumado a ello el director del INJU anunció que también se extenderá a todo el país “Ni silencio ni tabú”, una estrategia que se viene instrumentando para hablar de salud mental con adolescentes y construir participación ciudadana. El año pasado hubo una primera etapa y se espera que en 2023 llegue a 20.000 jóvenes.
Estas acciones son una muestra de que es cada vez menos un tema en el que se barre bajo la alfombra y que el Estado está dispuesto a asumir un rol protagónico. Pero la impresión es que todavía queda mucho por conocer al respecto, hay mucho por hablar, por informarnos, pero sobre todo debemos entender, como bien dijo el diputado Martín Elgue, que detrás de estos números hay rostros, hay personas, y que tenerlo en cuenta debe ser el principio de la acción. → Leer más