No ha caído bien en el movimiento sindical –altamente ideologizado y alineado sistemáticamente con el Partido Comunista– el pronunciamiento de dos sectores del Frente Amplio, que se han manifestado contrarios a la recolección de firmas para un plebiscito de reforma constitucional que sustituya la recientemente aprobada ley de reforma de la seguridad social, y que en cambio abogan por hacerlo desde una norma legislativa con elementos diferentes a la que ha entrado en vigencia este agosto.
Este disenso con el Pit Cnt –brazo sindical de la coalición de izquierdas, y/o viceversa– podría eventualmente esperarse de algún sector moderado del Frente Amplio, pero ya resulta algo sorpresivo que el primer freno a esta embestida ya encaminada y para lo que se esperaba contar con el apoyo unánime del partido de oposición, parta del Movimiento de Participación Popular (MPP), el grupo del expresidente José Mujica, del que podría decirse que no es el más radical, pero tampoco particularmente moderado.
Así, el Plenario Nacional del MPP analizó el planteo y decidió que es preciso convocar a un diálogo nacional para crear una nueva Ley de Seguridad Social y posteriormente tomar las decisiones legislativas que se consideren adecuadas, confiando además en que el Frente Amplio gane las próximas elecciones y sea quien convoque a un diálogo social con empresarios, trabajadores y la academia, con el objetivo de recoger elementos y darle forma en una ley.
El punto es que ese fue el camino que tomó el actual gobierno, que formuló una convocatoria a diversos sectores, incluyendo a especialistas de todos los partidos y sectores con intereses encontrados, y así se elaboró una ley que no fue votada por la izquierda, por lo que no se trata aquí de procedimientos, sino de la visión ideológica y/o rumbo de acción de quien tenga ocasionalmente la mayoría legislativa.
Bueno, en el caso del MPP, el representante sanducero Juan Gorosterrazú, integrante del equipo de trabajo de la diputada del sector, Cecilia Bottino, señaló a EL TELEGRAFO que “el MPP dio una discusión sobre este tema en todo el país. Rechazamos la ley de reforma de la seguridad social en el país. Pero también con los informes jurídicos que nos indican la imposibilidad de ir a un plebiscito contra esta ley”.
Enfatizó que “tanto las leyes de presupuesto como de seguridad social son prerrogativas del Poder Ejecutivo y están dentro de la Constitución de la República. En este caso el plebiscito plantea una reforma constitucional. A nivel departamental, fuimos con la postura de convocar a un diálogo social y no a juntar firmas para un referéndum ni un plebiscito. Consideramos que en realidad hay un sin fin de temas que en definitiva se juegan en el escenario político electoral de 2024”.
Agregó que de todas formas el MPP considera que la aprobada es una “reforma injusta” y que no implica mejora alguna para trabajadores y pasivos, y que de lo que se ha tratado es de recortar derechos, a la vez que una reforma debería incluir no solo el tema pasividades, sino también otros aspectos de la problemática de seguridad social.
Más recientemente, otro grupo del Frente Amplio, específicamente la Mesa de Coordinación Política de Convocatoria Seregnista Progresista, se manifestó contraria a la recolección de firmas para habilitar un referéndum de rechazo a la reforma de la seguridad social.
“No creemos que el mecanismo de reforma constitucional sea el más adecuado para resolver los desafíos de una nueva matriz de protección social en nuestro país, en particular para incorporar a la Constitución algunos parámetros que entendemos no deberían ser definidos en forma rígida y con características permanentes”, sostiene el documento, en tanto el asesor económico del sector, Martín Vallcorba, dijo a nuestro medio periodístico que el camino de la recolección de firmas no revertirá “un conjunto de disposiciones que valoramos como negativas”.
A su juicio, “está claro que la posición de Convocatoria, desde el primer momento, era reconocer que la reforma es necesaria. Pero esta no es la reforma que el país necesita, porque hay un conjunto de elementos que no fueron tomados en cuenta y otros tomaron el camino que no es el correcto”, aludiendo a la recolección de firmas promovida por la central sindical, y organizaciones sociales afines.
Aclaró que “la forma de revertir estos cambios negativos no pasan por incorporar en la Constitución de la República los aspectos que corresponden al marco legal. Hay un conjunto de elementos específicos que puede atender una ley y no pueden ser incorporadas por la Constitución”, a la vez de señalar que los delegados del Frente Amplio que participaron en las reuniones de expertos en seguridad social a cargo de la reforma llegaron a la conclusión de que esta reforma “no es la que el país necesita”.
Pero el punto es que durante los quince años en que la coalición de izquierdas fue gobierno, y asumiendo que preveía la necesidad de cambiar la ley de seguridad social, pese a que contó con mayorías parlamentarias propias tampoco generó instancias como una gran convocatoria a efectos de intentar consensos para la aprobación de una reforma, como la que anuncia haría en caso de ser gobierno.
Ello está dentro de las legítimas potestades de un gobierno en caso de ganar las próximas elecciones, como también lo puede hacer el actual gobierno –como efectivamente lo ha hecho–, y el problema se presenta cuando quien esté en el poder o aspire a obtenerlo pretenda que tiene la solución mágica –su propia solución– para la problemática de la seguridad social, que es muy compleja y cambiante a partir de una realidad y tendencia sostenidas, una de la cuales es el envejecimiento poblacional y la consecuente presión sobre los fondos previsionales, como ocurre en todo el mundo.
Lo que sí está claro, es que debe evitarse hacerle el juego a los grupos ideologizados, como el Pit Cnt y grupos radicales que pretenden generar soluciones voluntaristas y que si fuese por ellos pondrían hasta el precio del pan en la Constitución; es el sistema político el que debe ser el encargado de buscar respuestas que contemplen a todas las partes, en aras del interés general, y no solo respondiendo a los lobbies y grupos de presión.
La postura de los sectores del Frente Amplio que se han pronunciado es por lo menos una buena señal de los caminos que se deben tomar, precisamente, para evitar que todo se procure solucionar a través de una reforma constitucional del tipo de democracia directa distorsionante. Pero a la vez indica, lamentablemente, que si cada partido pretende imponer su reforma de la seguridad social con su exclusiva verdad cuando acceda al gobierno, se seguirán sumando parches sobre parches, en una improvisación tras otra, que solo implica seguir pateando la pelota para adelante sin las respuestas que realmente se necesitan. → Leer más