La diputada Cristina Lustemberg estuvo en Paysandú, invitada por el Centro de Estudios Paysandú, para disertar en la sala de conferencias de EL TELEGRAFO sobre el tema “Ley de Garantías de primera infancia, infancia y adolescencia: un instrumento de política pública”, de la que es autora, que cuenta con el apoyo de todos los partidos políticos en su estudio en comisión parlamentaria.
“Lo que hace la ley es que ordena toda la fragmentación que tiene el Estado uruguayo, genera un sistema de información, una ventanilla única. No puede ser que hoy el Uruguay tenga la trazabilidad del sistema vacuno –que es algo muy bueno– que nos permite exportar la carne, saber desde la carne hasta el churrasco que se vende en Europa o en mercados de alta exigencia, pero no sabemos desde que nace, dónde está, dónde reside, qué prestaciones tiene derecho a recibir un niño. No puede ser que una familia esté reiteradamente en la ventanilla de un ente público dando cuentas de una discapacidad severísima y muchas veces irreversible que tiene un niño. Hay algo que de verdad estamos haciendo mal, que tiene un costo muy importante para el país, porque podemos estar llegando tarde”, dijo Lustemberg.
“Se sabe lo que hay que hacer, la infancia en el Uruguay está sobre diagnosticada, pero hay que actuar, hay que sacar el tema de las rencillas electorales. Esto nos debe involucrar a todos”, destacó.
Uruguay “tiene 157.000 niños y adolescentes viviendo por debajo de la línea de pobreza, 30.000 niños viviendo en emergencia habitacional, casi 7.500 situaciones que el estado uruguayo detecta abuso y maltrato infantil y el Estado no llega a reparar el 8% de esas situaciones”.
“La ley se anticipa, protege a los niños y adolescentes donde haya una familia que tenga determinadas debilidades, pero un centro de institucionalización de 24 horas tiene que ser la última medida que tome el Estado”, destacó antes de referirse a la situación en nuestro departamento. “Paysandú tiene situaciones que son preocupantes en violencia familiar, tema en el que se detectó un aumento entre el 2021 y 2022. El comité que analiza las situaciones de explotación sexual ha apreciado un aumento a casi el doble de un año para otro. O sea que hay grandes dificultades ante la desprotección. También hay dificultades en las denuncias. El índice de julio de judicialización es muy alto, aumentando del año 2020 al 2022 en casi 2, 5 los oficios que llegan por parte del Poder Judicial al INAU. Son niños en extrema vulnerabilidad. Me niego a que un departamento como Paysandú no pueda tener desplegadas las políticas adecuadas para dar respuesta a los 28.264 niños que residen en el departamento. Por ejemplo, hay 26 centros CAIF pero tiene en lista de espera cerca de 100 niños. Hay algo que tenemos que hacer diferente entonces”.
“El Centro de Estudios Paysandú hace lo que nosotros queremos lograr, que es que la ciudadanía se involucre. Porque hay que trabajar en los niños brindándoles una red de protección social más fuerte. Porque no puede esperar meses que su prestador de salud acompañe a un niño de 8 años después de un intento de suicidio. Esas cosas no pueden pasar en un país tan chico como el nuestro. No hay mejor política pro natalista que cuidar a los niños que ya están”.