La Asamblea General del Claustro (AGC) de la Universidad de la República discutió el pasado 16 de agosto un documento elaborado por varios de sus integrantes, en respuesta al proyecto de ley que propone la creación de la Universidad Virtual del Uruguay, que fue remitido desde la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes del Poder Legislativo. El asesoramiento de la UdelaR en este tema está dispuesto en el artículo 202 de la Constitución de la República “como un requisito para el trámite parlamentario de las leyes vinculadas a la Universidad”. El grupo de trabajo que elaboró el documento final estuvo integrado por los claustristas Gregory Randall, Nelson Villarreal, Nicolás Guigou, Tabaré Fernández, Ana Laura Melo y Mauro Pereyra.
RECURSOS
Entre los argumentos expuestos por la AGC está lógicamente el de los recursos a destinar, y en particular entienden que la creación de esta nueva universidad supondría poner en riesgo el desarrollo que la UdelaR está llevando adelante en el Interior del país. “Desarrollar una educación verdaderamente universitaria en cualquier modalidad pero especialmente la virtual, para la que se necesitan inversiones suplementarias, requiere recursos muy importantes que permitan generar cuerpos docentes altamente calificados, con equipamiento, insumos e infraestructura edilicia adecuada”, plantearon. “Asimismo se requieren recursos para continuar la expansión universitaria en todo el territorio nacional, que implica la radicación de docentes altamente capacitados y personal técnico, administrativo y de servicios, así como de la infraestructura necesaria en los centros universitarios del Interior del país, a fin de que la enseñanza que allí se imparta sea de nivel realmente universitario”, agrega el documento, en el que además refieren que en los centros universitarios que hoy funcionan “hay más de 23.000 estudiantes activos en más de 80 carreras de grado y varias de posgrado”. Tabaré Fernández señaló al respecto que “el proyecto es un ataque al desarrollo territorial descentralizado de la Universidad de la República en el Interior y a la generación de una Universidad más próxima a la sociedad”, así como que se pone “en tela de juicio toda la inversión que ha hecho la UdelaR en los últimos quince años”.
COMPARTIDO
Pese a ello expresó que comparte de la fundamentación de la UVU la preocupación “relacionada a los problemas que aún subsisten, de acceso y cobertura de la educación superior en Uruguay, de algunos sectores especialmente en el Interior del país, y de múltiples sectores sociales que por sus diversas características requieren de una educación más flexible”. Sin embargo entienden que la forma de responder a ese problema es “fortalecer y sostener en el tiempo políticas que permitan el acceso cada vez más amplio a una educación superior de calidad, de primer nivel, lo que implica que la misma sea realmente de nivel universitario y que esté fuertemente vinculada a la investigación y a la creación de conocimiento”. Agregan que “destinar recursos a una nueva institución como la que la ley propone, desvía recursos que afectarían ineluctablemente dichos esfuerzos”.
También consideran que el proyecto “carece de antecedentes serios y de una acumulación cierta de saberes y prácticas pasibles de fundamentar de manera adecuada la viabilidad de la triple función (enseñanza, investigación, extensión) universitaria en su versión virtual”. De hecho entienden que el proyecto plantea “una preponderancia absoluta a la enseñanza (virtual) sobre las otras funciones universitarias, lo cual parece desconocer el carácter interconectado y necesario de las mismas para el cabal cumplimiento de una enseñanza de nivel universitario”.
EFICIENTE
El documento la AGC plantea que “si se quiere realmente impulsar con fuerza la enseñanza en formato virtual en el Uruguay”, la manera más “eficiente” de hacerlo es “reforzar las instituciones existentes con recursos específicos para dicho fin, más que empezar de cero una nueva institución, debilitando los esfuerzos que están en curso en la UdelaR y en UTEC, tanto en cuanto a la enseñanza virtual como al despliegue territorial”.
La ACG también plantea reparos en cuanto al formato de gobernanza propuesto para la UVU: “La misma no tiene autonomía, ni cogobierno, pues se propone que el Consejo Directivo Central que la dirija sea nombrado por el poder político y no incluya representantes de docentes, estudiantes y egresados”. Esto, entienden, se opone “al espíritu y la forma de la Constitución en su artículo artículo 203 que define claramente la autonomía y el cogobierno de la educación superior pública (en su momento representada solo por la Universidad de la República)”.
En suma, la AGC considera que el proyecto “no cuenta con fundamentos sólidos con base a los estándares requeridos para la creación y desarrollo de instituciones públicas de educación superior en nuestro país”.
PROYECTO
El proyecto para la creación de la Universidad Virtual del Uruguay fue presentado en la Cámara de Diputados por el representante del Partido Colorado Felipe Schipani. Entre los argumentos esgrimidos por el legislador está la existencia de una “barrera geográfica” que dificulta el acceso a la oferta universitaria completa, por más que reconocer los esfuerzos tanto de la UdelaR como de la UTEC por descentralizarse. Sin embargo, pese a ello “hay lugares donde no hay presencia universitaria y es muy difícil para los muchachos que terminan el liceo tener que trasladarse hasta Montevideo para continuar sus estudios”. También mencionaba limitantes económicas, que conspiran contra la intención de las familias de sostener un hijo estudiando en Montevideo, donde está disponible toda la oferta de la Universidad de la República.
