La variables vinculadas al empleo y el salario han sido sensibles bajo cualquier administración. Con pandemia o sin ella, con mayor o menor inflación, así como bajo una desaceleración de los índices de desempleo.
Y en la última década esas oscilaciones definen la complejidad del escenario. Una década atrás, los estudios técnicos definían una mejora relativa en los guarismos de empleo, desempleo y actividad. Sin embargo, desde 2015 comienza a estancarse el Producto Bruto Interno (PBI) y desde ese momento se perfila un descenso en la demanda laboral, así como un aumento en la tasa de desempleo.
Con la llegada de la pandemia, empeoraron la mayoría de estos indicadores del mercado laboral durante 2020 y 2021, enmarcado en una problemática global que, cuando comenzó, se desconocían a ciencia cierta sus consecuencias.
En el año 2014, el Instituto Cuesta Duarte señalaba que casi 700.000 uruguayos ganaban remuneraciones líquidas por debajo de los $15.000 o los denominados “quincemilpesistas”. Hace nueve años, correspondía al 41,5% del total de ocupados. Eran ocupados en general y no solamente asalariados. Si, en cambio, se tomaban en cuenta solo a los trabajadores en relación de dependencia, eran aproximadamente unas 500.000 personas. Incluso, algunos sectores como el trabajo doméstico o rurales, ganaban menos.
En aquel momento, era un cuello de botella la posibilidad de generar empleos de mejor calidad con salarios más altos. El entonces presidente del Pit Cnt –hoy presidente del Frente Amplio–, Fernando Pereira, decía al gobierno frenteamplista en las sucesivas movilizaciones que “no pedimos magia sino que los trabajadores puedan vivir de su salario”.
Incluso, vale recordar una jornada de paralización en particular. El 20 de julio de 2017 la medida se extendió por 24 horas debido a la falta de negociación colectiva en el sector público. La Rendición de Cuentas se entregó diez días antes del cierre del proceso constitucional y eso implicaba para la central sindical un portazo muy fuerte con un perjuicio a la herramienta del diálogo.
Por ese entonces, cuando ni siquiera se hablaba de transformar la educación, sí se reclamaba contra presupuestos “muy menguados”. Pereira comparaba ese año que un maestro ganaba 26.000 pesos nominales en los primeros cuatro años de trabajo y 43.000 al finalizar su carrera, luego de unos 30 años de labor. La realidad más sensible la padecían los auxiliares contratados por las comisiones de fomento, quienes lograron después que se regularizaran sus contratos.
En aquel momento, como desde siempre, se planteaba el dilema que el gobierno no pudo responder: o aumentaban los impuestos a los sectores con mayores rentas, o no se iban a poder cubrir los reclamos vinculados a la salud o la vivienda.
Exactamente un lustro después, el mismo Cuesta Duarte publicó un nuevo documento que compara las cifras del empleo en 2022. Allí asegura que se registraron 100.000 personas más que en 2019, con salarios menores a 25.000 pesos.
Explica el documento que “unos 549.000 ocupados percibieron ingresos por su trabajo por debajo de los 25.000 pesos líquidos al mes por 40 horas de trabajo semanal, representando un 33% del total de ocupados”. En 2019, es decir el año anterior a la pandemia, Uruguay registraba más de 450.000 trabajadores “veinticincomilpesistas”, con 9% de desempleo. El año pasado registró 8% de desempleo. En ambos casos, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Como sea, la problemática persiste, antes como ahora, en el servicio doméstico, restaurantes y hoteles, comercio y trabajadores del sector rural. Es decir, continúa enquistada en los sectores con menores calificaciones o escolarización.
Y en la frontera, la diferencia cambiaria con Argentina se profundizó en los últimos tiempos. Pero antes del presente quinquenio, la central sindical reclamaba al gobierno anterior la posibilidad de un acuerdo de precios duradero para evitar un impacto negativo en los salarios.
Después se vería que esos acuerdos con privados no iban a generar incidencias en los sectores de la economía más vulnerables, porque tales acuerdos requieren de una extensión mayor en el tiempo para evaluar un impacto positivo. Además, vale decir que en esos últimos años de administración frenteamplista, se votaban algunos convenios solo con los votos de patrones y gobierno.
En definitiva, una historia que se repite y que no ha variado conforme pasan los años. Solo cambian los protagonistas y sus declaraciones, según el lugar donde se encuentren. En estos días, el senador Alejandro Sánchez criticó que haya un aumento de 100.000 personas “veinticincomil pesistas” y la falta de diálogo con el gobierno. Pero, tal como asegura el legislador de izquierda, ahora hay que reaccionar a la velocidad de un tuit y comparar con escenarios anteriores. Solo así se puede ver que el mundo del empleo en Uruguay atraviesa por las mismas circunstancias y con crisis o sin ella, se resuelve de forma similar.
La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, que fue la principal oradora durante la conmemoración de la Declaratoria de la Independencia, reconocía el año pasado la creación de 70.000 nuevos empleos. La segunda fase, para este año, comprende el poder adquisitivo de asalariados, jubilados y vulnerables, tal como dijo en el acto efectuado en Florida.
No obstante, hay que hacerle un guiño al sector privado, donde se encuentran las pequeñas y medianas empresas de este país, que son nueve de cada diez compañías nacionales. Brindan, aproximadamente, el 67% de la mano de obra del país y a ellas les corresponde el 40% del PBI.
Pero tienen una baja supervivencia y no están visibilizadas como tal. Los datos oficiales indican que sólo el 10% de las micro se transforman en pequeñas y apenas el 1% lo hace en mediana. Una de cada dos sale del mercado a los tres años de su creación. Y una de cada tres, alcanza los seis años de actividad.
No es tan difícil poder comprender dónde se encuentra el nudo gordiano. Todo lo demás, como vemos, es dialéctica. Y, tal como lo define la Real Academia Española, es la capacidad especial para debatir.