“Considero que el Estado debe mantenerse en la industria del cemento portland”, dijo el senador José Nunes, del Partido Socialista, impulsor de un proyecto de ley presentado por la bancada del Frente Amplio, por el cual se obliga al gobierno a remitir a la consideración del Parlamento los procesos que se quieran llevar adelante de asociación entre entes autónomos y servicios descentralizados con privados.
Nunes, que estuvo en Paysandú y se reunió con el sindicato Fancap, aseguró que “el negocio del cemento portland involucra la utilización y el consumo de un recurso natural no renovable que es la piedra caliza. Por lo tanto, parece importante que la explotación de ese recurso se haga en función del interés del desarrollo nacional y no del lucro de una empresa”.
“El cemento portland es un material clave para la industria de la construcción, la obra pública y la vivienda. Entonces también parece importante la presencia del Estado como ente testigo, que tenga el know how, las capacidades de producción, y participe en la formación de precios”, agregó.
“Pero además hay un elemento adicional particularmente significativo y que es una industria que está radicada en el interior del país. Es muy difícil radicar industrias y actividades que empleen mano de obra de manera significativa en el interior del país. Por eso es también de interés el sostenimiento de la actividad industrial y productiva en Paysandú y en Minas”.
“Tal como está planteada la asociación Ancap –subrayó el senador Nunes– seguirá siendo el propietario de las canteras. Es verdad, el socio, no va a gestionar las canteras ni se van a enajenar las canteras. Pero Ancap no podría venderle piedra caliza a otra empresa. Entonces, hay que considerar quién controla el negocio, si el que tiene la cantera, el que hace la industrialización o el que tiene el mercado para colocar el producto. En realidad en muchas industrias extractivas, no está en el que extrae la riqueza. En general está en los otros eslabones de la cadena de valor”.
DAS SE BASAN EN FALTA DE INVERSIÓN
Nunes reconoció que Ancap se enfrenta a pérdidas anuales, pero dijo que “da pérdidas desde el año 2000, de allí en adelante”. Explicó que “en algunos momentos, Ancap fijaba el precio más caro que la utilidad razonable para no sacar del mercado a la competencia privada, que tenía una tecnología más obsoleta. Después la empresa privada tuvo que cerrar sus industrias, por razones ambientales, en Montevideo y tuvo facilidades del Estado para invertir y construir una planta moderna, mientras Ancap no invirtió en modernizar sus unidades productivas. Por lo tanto, perdió competitividad frente al privado y empezó a dar pérdidas”.
Aseguró entonces que “las pérdidas resultaron una consecuencia de una política de liquidación del organismo por la vía de no invertir, porque todos sabemos que, si uno tiene cualquier negocio y no está al día con las inversiones necesarias, la competencia le va a pasar por arriba. La pérdida surge porque se tomaron decisiones políticas de ir liquidando el negocio por la vía de no invertir. En el año 1990, cuando asume el presidente Lacalle Herrera, se hablaba de la privatización del portland y en ese momento daba ganancias, tenía buenos resultados. O sea que acá hay una cuestión de carácter ideológico”.
UTILIZAR PORTLAND PARA CAMINOS RURALES
“Tenemos que tratar que Ancap no pierda y para eso hay que realizar inversiones para modernizar los procesos productivos, tener una política comercial agresiva, buscar expandir el negocio del portland”, indicó José Nunes. Recordó que “se realizaron en 2017 y 2018 experiencias sobre la posibilidad de agregarle portland al material con el cual se hacen los caminos rurales. Esas experiencias fueron positivas en el sentido que el agregado del portland, si bien era más caro, le daba mayor durabilidad y si bien había que profundizar esas investigaciones, podría traer beneficios múltiples. Ampliaría el mercado del portland, por lo que permitiría mayor volumen de ventas y a su vez mejoraría notablemente la caminería rural”.
TOMAR LA DECISIÓN POLÍTICA DE INVERTIR
En la misma línea enfatizó que “hay posibilidades en el marco de una política de Estado de desarrollo integral en reducir, eliminar o minimizar estas pérdidas. Lo que pasa es que hay que tomar la decisión política de invertir, de tener una política comercial agresiva y de buscar ampliar el mercado de portland”.
“Hay una cuestión que tiene que ver con lo social también. Porque el cierre de estas actividades va a tener una repercusión social grave en los lugares donde están instaladas. Eso después termina generándole costos al Estado. De hecho, por ejemplo, el Directorio de Ancap acaba de aprobar un programa de incentivo para que el personal se retire, que tiene un costo de 10 millones de dólares”.
A eso podría sumarse el pago “de seguro de paro a los trabajadores tercerizados de Ancap que se quedan sin empleo y capaz que, como pasa con otros sectores, después se los prorrogamos. Entonces eso también nos va a costar. Así como pagarle el salario a los funcionarios de Ancap que no sean absorbidos por la por la sociedad privada”.