La salud mental en Uruguay atraviesa por un variadas dificultades y puntos de vista. El gobierno enfoca sus prioridades presupuestales y define políticas en torno a esta problemática que afecta a un sector cada vez más amplio de la población.
Sin embargo, el panorama hacia el futuro no será mejor. La ministra de Salud Pública, Karina Rando, presentó un informe de tendencias que proyectó una disminución en la cantidad de siquiatras, en tanto otras especialidades tienen tendencia a desaparecer en unos 30 años.
Pero este problema estructural no se solucionará en un año y probablemente tampoco en una generación de estudiantes de la especialidad. Es así que un trabajo coordinado entre la secretaría de Estado y la Universidad de la República alertó sobre esta situación y llevan adelante una tarea coordinada.
De hecho, hay dificultades en la implementación de la Ley 19.529 de Salud Mental, aprobada en 2017, y la coexistencia de distintas visiones técnicas, como la falta de apoyo a otro modelo de salud que no apunta a la contratación específica de siquiatras.
Mientras el gobierno anunció un refuerzo presupuestal, algunos técnicos esperan por las medidas que se implementarán y las dudas que sean por más medicación, como respuesta rápida y más cargos de especialistas.
La concepción existente en la población es la cura inmediata. Es probable que, por esa razón, las puertas de las emergencias de los centros de salud colapsen en determinadas épocas del año. Ese modelo que requieren los usuarios, también se replica en el nivel de respuesta.
No obstante, hay técnicos que cuestionan sus resultados y toman como ejemplo, el mundo de la pospandemia. Y el aumento de sectores que reclaman por atención a la salud mental, se vuelve notorio.
Por ejemplo, los efectivos policiales a través de sus sindicatos visibilizaron esta problemática y reclaman por los altos niveles de suicidio que, en realidad, triplican al del resto de la población. Mientras que en la población en general la tasa de suicidio es de 23 cada 100.000 habitantes, en la Policía es de 63 cada 100.000.
Por lo tanto, es posible que a los recursos económicos haya que sumarle un cambio en el modelo asistencial. En la actualidad, un usuario que puede pagar, asistirá a un consultorio de sicoterapia en forma particular. Es así como las dificultades se presentan desde la base y los avances son lentos.
En forma paralela, la estadística interpela con un fuerte cimiento en el incremento del consumo problemático de sustancias, la depresión y el aumento de intentos de autoeliminación y suicidios.
Pongamos por caso la ley sancionada hace seis años. Desde 2017 y hasta la fecha, se incrementa en forma sostenida el número anual de autoeliminaciones. En 2017, un total de 688 personas se quitaron la vida y el año pasado, cerró en 823.
Hace unos meses, el Ministerio de Desarrollo Social recibió una vivienda que alojará a expacientes del hospital Viladerbó y es la puesta en práctica de una medida ya atrasada, desde la aprobación de la ley en la administración anterior. Es una medida para comenzar con la desmanicomialización, prevista en la iniciativa de 2017 para el 2025 y que –claramente– no se cumplirá. Por eso, la pregunta es: ¿por qué no se hizo antes si la salud mental en Uruguay es un problema de larga data?
Hace unas semanas, en la Cámara de Diputados hubo consenso en disponer de un aumento para este plan y tendrá 23 millones de dólares más de presupuesto. Las mejoras incluyen la instalación de centros disponibles durante 24 horas, con atención oportuna e intervención temprana a usuarios en momentos críticos.
Asimismo, resolverá la entrega gratuita de antidepresivos a través de un tique especial, con el objetivo de aliviar la carga económica de los tratamientos médicos. El programa establece, además, la cobertura de dos tercios del copago para la financiación de tratamientos a personas con intentos de autoeliminación, con apoyo financiero a quienes buscan su recuperación.
En los últimos tiempos, con la muerte por suicidio de deportistas referentes, el tema vuelve a los titulares. Y, a menudo se repite la reflexión que plantea lo que hubiera sido posible hacer para evitar el hecho. Pero la estadística es porfiada y señala que 8 de cada 10 personas fallecidas por autoeliminación en el país, fueron varones. Las tasas más elevadas comprende a los adultos mayores de 70 años y también entre quienes tienen 25 a 29 años.
Es un malestar en la comunidad y es el resultado del debilitamiento de otras instituciones de corte social que antes tenían fuerte presencia en los territorios, pero fundamentalmente en las personas. Y en el caso de los adultos mayores, comienzan a notar la pérdida de lazos afectivos, prevalece el desgaste físico y a negarse a la pérdida del lugar que antes tenían en su familia o la comunidad.
Nada como esto nos plantea una fuerte paradoja. Porque Uruguay –junto a Costa Rica– son los dos países más felices del continente, según el Índice de la Felicidad de 2023. Es un guarismo que mide la generosidad, la participación en las redes sociales, la esperanza de vida, las libertades individuales, los niveles de corrupción y hasta el Producto Bruto Interno (PBI).
Pero son hechos plagados de mitos. Y tal como lo señala la maestra y escritora uruguaya Yaravi Roig –creadora de la oenegé Resistiré en 2016– “en la enseñanza está la fuerza más grande para prevenir el suicido”. Y lo dice desde su propio duelo, luego del suicidio de su única nieta.
Es una herida social que cada poco tiempo vuelve sobre las noticias. Es una tendencia en crecimiento desde hace 20 años. Y las nuevas formas de vida que llegan para imponerse con inmediatez y sin un manual de instrucciones.
