Integrantes de la Mesa de Diálogo que se formó tras los recordados incendios forestales de diciembre de 2021 y enero de 2022 que afectaron parte del territorio de nuestro departamento y Río Negro, dieron a conocer una declaración en la que se congratulan de la aprobación de la Ley de Incendios esta semana en el Parlamento. Además de celebrarlo como una conquista, recordaron que se trata de un proyecto que llegó al Parlamento de iniciativa ciudadana, al igual que la mesa se conformó “cuando, según pasaban los días, luego de los incendios nos dimos cuenta que no había ninguna voluntad de establecer regulaciones al sector forestal, que por sus características es muy susceptible de sufrir episodios de fuego como el ocurrido”.
Expresa la declaración que lo logrado “puede proporcionar seguridad a los habitantes de los pequeños pueblos del Uruguay profundo que se ven rodeados por el avance de la forestación”, así como constituir “un mensaje de esperanza para aquellos actores sociales que hoy se encuentran luchando, tratando de minimizar las secuelas del modelo productivo”. La declaración es acompañada por diferentes organizaciones de la sociedad civil de ambos departamentos.
Javier Dalmás, uno de los integrantes de la Mesa de Diálogo, dijo que la Ley aprobada es una forma de “curarse en salud”, en la medida que “la próxima vez que haya incendios, que son parte de cualquier sistema productivo como la forestación, nos encuentre mejor preparados, tanto al sector productivo forestal como a la sociedad en general”.
EJES
Explicó que la normativa se articula en tres grandes ejes, “uno de ellos, y quizás el que va a resultar más evidente con el paso del tiempo, es las distancias que se establecen a los pueblos, ya que ahora no había distancias razonables”. La ley va a exigir un retiro de 300 metros de todos los centros poblados. “Nos parece sustancial porque lo que vivieron los pueblos en el eje de la Ruta 90 al momento fue realmente una experiencia muy angustiante. Que se haya logrado a partir de la experiencia que vivimos en en la zona algo que tiene alcance nacional, como son esos 300 metros con respecto a los centros poblados, parece sustancial”.
Otro de los ejes de la ley refiere al mantenimiento de los cortafuegos y de las áreas de seguridad, que fue uno de los problemas que se constató durante aquel episodio, dijo. “No estaban cumpliendo su función; con la nueva ley queda muy claro cómo se tienen que mantener, en cuántos metros, qué tipo de mantenimiento, época del año. Una serie de puntualizaciones que, de cumplirse, llevarían a un estándar superior en cuanto a la prevención”. El tercer eje es el que refiere a los controles de cumplimiento de estas disposiciones y consistirá en un sistema de recepción de denuncias anónimas “para que los que vean situaciones que no estén en sintonía con esta nueva ley, puedan denunciarlas, no por una cuestión de alcahuetería, sino por responsabilidad social frente al bien común que es la vida y la salud de las personas vinculadas a los macizos forestales, en la vecindad de los pueblos o de las áreas rurales”.
Se espera que este sistema, una vez reglamentada la ley, funcione a través de una línea telefónica y un correo electrónico a través del cual formular las denuncias de forma anónima, “porque lo importante es denunciar la situación anómala y que el denunciante se sienta seguro de que no va a sufrir una incomodidad, por llamarle de alguna manera, con la denuncia realizada”.
PROCESO
Dalmás destacó que ha sido un trabajo de dos años desde la Mesa de Diálogo. “Este proyecto de ley lo comenzamos a instrumentar a partir de los incendios y a partir de la experiencia que se fue acumulando; entendimos que el camino que nos quedaba era la legislación, incidir a través de la sociedad civil en políticas públicas, en este caso en una ley que se presentó en el Parlamento como iniciativa ciudadana”, valoró. Recordó además que hubo un una instancia en la que se pidieron explicaciones al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y a la Dirección Forestal, desde donde se informó “que realizaban algo así como 20 inspecciones por año, para más de un millón de hectáreas de forestación, lo que nos dejó en claro que si bien tenían la potestad de controlar, no tenían la voluntad política de hacerlo. Creo que los incendios ayudaron un poco en esa voluntad política”.
Para Santiago Schneider, otro de los integrantes de la Mesa de Diálogo, la aprobación de esta ley “demostró que se puede desde los vecinos del lugar, desde lo territorial, lograr cosas”, por más que no se plasmó en el texto final todo lo que se pretendía. “Obviamente se corrigió, o sea, cosas que se pretendían obviamente se fueron corrigiendo, hubo que buscar un equilibrio. Porque hoy hay muchos intereses y sabíamos que todo no iba a ser exactamente como queríamos”, dijo. De todos modos espera que “esto después se lleve a terreno y se cumpla, porque hubo demasiadas omisiones y por eso aquel incendio se transformó en un verdadero desastre, por todo lo que no se venía haciendo en cuanto a prevención”. Y si bien esta temporada se está presentando lluviosa y así desciende el riesgo de incendios, se pudieron apreciar avances el verano pasado “que fue tan seco, peor yo creo que el año anterior, los trabajos, los controles, los distintos eventos que hubo de fuego fueron sofocados ya muchísimo más rápido”.
INSTRUMENTACIÓN
Dalmás indicó que ahora “va a venir la parte de reglamentación, que es donde se tiene que recoger el espíritu de la ley y ver cómo se instrumenta”, en especial el mecanismo de recepción de denuncias, que será el que opere como mecanismo de control. La intención es que opere de manera similar al de recepción de denuncias por aplicación de agroquímicos, “que es un sistema de denuncia bastante conocido por la población y funciona básicamente con una denuncia en forma telefónica que genera un expediente, se procede a las inspecciones del caso y las multas cuando lo requiere”.
