En diciembre pasado el Instituto Nacional de Estadística (INE), publicó que en noviembre del 2023 las tasas de actividad, empleo y desempleo para todo el país eran de 63,7%, 58,4% y 8,3% respectivamente. Pero ese informe fue diferencial, es decir, incluía algunas estadísticas adicionales analizando otros parámetros y en uno de ellos es que nos queremos detener hoy, el del desempleo entre los jóvenes. Porque ese 8,3, cuando se analiza puntualmente la franja entre los 14 y los 24 años se eleva a un 26,2. Puesto en otros términos para que se entienda claramente qué quiere decir este número: 1 de cada cuatro jóvenes de entre 14 y 24 años que busca empleo, no lo consigue. Es una diferencia muy significativa respecto a la siguiente franja, que es la de 25 a 29 años que ya se reduce a 10,5%, por más que sigue siendo más alta que el número absoluto; después sí, de 30 a 34 años los desempleados son el 6,8%, entre 35 y 44 son 4,9%, de 45 a 54 años son 4,5% y de 55 a 64 cae aun más, a 3,9%. Vuelve a subir a 4,9% entre los de más de 65 años, donde hay otro problema, pero cuya dimensión es muy reducido comparado con el que tenemos en la primera franja.
Otro dato que es muy evidente es que ese 26,2% es sobre un porcentaje reducido de la población de esa franja etaria, porque la tasa de actividad de los jóvenes de entre 14 a 24 años es de “solo” 42,7%. Y el “solo” está entre comillas porque es sabido que en esa edad la gran mayoría de los jóvenes está cursando sus estudios, cosa que es lo deseable, porque siempre es mejor tener trabajadores y profesionales mejor preparados. Pero entre quienes desean incorporarse al mercado de trabajo, que son 42,7%, solamente el 26,2% de ellos logra acceder a un lugar de trabajo. Eso es lo que quieren decir los números.
Desde los años ‘90 nuestro país ha tenido políticas de fomento del empleo juvenil, que no han sido patrimonio de ningún partido político en especial, porque en todos los períodos se ha buscado la forma de promover mecanismo, se han ajustado leyes y promovido decretos, que sin embargo no han hecho cambiar la realidad. Y en particular los problemas que ha enfrentado y que sigue arrastrando el sector turístico de la pandemia a esta parte, son una pésima noticia, porque los servicios siempre han sido una fuente importante de empleo juvenil.
El medio especializado Staffing America Latina publicó hace un tiempo un informe en el que puso bajo la lupa la anterior Ley de promoción del empleo juvenil de nuestro país, N.° 19.133 (reglamentada en 2015) –la más reciente Ley de promoción del empleo es del año 2021, la N.° 19.973– cuyo objetivo fue promover la generación de fuentes de trabajo entre los jóvenes de entre 15 a 29 años. “Pretende facilitar el acceso al mercado laboral especialmente de jóvenes que provienen de hogares de bajo recursos, que tienen familias a su cargo o que por alguna razón desertaron del sistema educativo. A las empresas que contraten a estos jóvenes, el Estado les pagará determinados subsidios” y cita, como referencia, para tomar idea sobre las dimensiones del asunto, que en ese momento a la convocatoria de la iniciativa “Yo estudio y trabajo”, que permite acceder a una primera experiencia laboral a jóvenes de entre 16 y 20, se habían presentado 40 mil, a concursar por 600 puestos trabajo en diferentes organismos del Estado.
La ley, explicaba, “prevé seis modalidades de implementación, entre las que se incluye la ‘Primera Experiencia Laboral’, en la que el Estado subsidia el 25% del salario nominal con un tope de $13.567. La segunda modalidad es la ‘Práctica Laboral para Egresados’, en la que se subsidia el 15% del salario nominal con el mismo tope salarial. Lo que suele conocerse como pasantía. Una de las modalidades en las que el gobierno quiere poner más énfasis es el ‘Trabajo Protegido Joven’, que apunta a jóvenes que vivan en hogares vulnerables”. El resultado no fue el esperado y el empleo juvenil no despegó, de hecho el desempleo en la franja aumento 4 puntos desde entonces, de allí que apareciera en este gobierno una nueva Ley.
La más reciente novedad es el anuncio desde el gobierno de la implementación del programa Yo estudio y trabajo también en el sector privado, que se conoció la semana pasada. El director nacional de Trabajo, Daniel Pérez comentó al respecto que empresas de todo el país ofrecerán becas de trabajo a jóvenes estudiantes para que accedan a una primera experiencia formal y recibir capacitación.
Incluirá a empresas de todo el país y –al igual que en la modalidad original– está dirigido a estudiantes de entre 16 y 20 años, con becas laborales que se extenderán de seis meses a un año, con períodos de prueba y una carga horaria de 20 horas semanales. El Estado subsidiará el 80% del salario de quienes resulten seleccionados, con un límite de 15.000 pesos, y otorgará un subsidio del 100% de los haberes en la contratación de jóvenes con discapacidad, para fortalecer su inserción laboral. El financiamiento de esta política se enmarca en la Ley N.° 19.973, de Promoción del Empleo. En caso que, una vez finalizada la beca, la empresa extienda el vínculo laboral, deberá hacerse cargo de abonar todo el salario, pero quedará exonerada del pago de los aportes patronales hasta que el trabajador cumpla 25 años de edad. Claramente no es una solución de fondo, porque no contempla a los jóvenes que no estudian y deciden insertarse tempranamente en el mercado laboral, pero puede ser un incentivo interesante.
A veces circulan por redes sociales publicaciones cuyas intenciones no aparecen del todo claras, pero que terminan generando una especie de estigma, engordando la falsa creencia de que los jóvenes de hoy no quieren trabajar, o que solo quieren ser youtubers o influencers, como se indicaba en un mapa que se “viralizó”. No es cierto que los jóvenes no quieran trabajar, como tampoco es cierto que no se esté haciendo nada al respecto. Lo que no se comprende es cómo, luego de 30 años de esfuerzos, no se ha logrado dar en la tecla con los estímulos que precisa el mercado para abrir las puertas a este sector de la población.
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En la víspera el Centro Coordinador de Emergencias Departamental (Cecoed) y la Intendencia de Paysandú culminaron la atención a los por el vendaval provocado por un denominado “microburst” o microdescendente, lo que consiste en una intensa corriente de densidad que se desprende de una nube de tormenta y se precipita sobre la superficie de la tierra, extendiéndose horizontalmente sobre ésta, generando daños e impactos.
Las intensas precipitaciones registradas puntualmente en dos jornadas, una el 18 de diciembre y la otra el pasado 16 de febrero, con acumulados de entre 130 y 150 milímetros en varias zonas de la región, han generado serios problemas de resiembras en cultivos de verano –especialmente soja, y algo de maíz–, pero también dificultando la obtención de semillas.
La vecina ciudad de Colón se prepara para la 39° edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía, que contará con la participación de alrededor de 200 artesanos destacados de Argentina y países limítrofes. En un nuevo predio ubicado en el acceso a la ciudad por la ruta 135, la fiesta promete tres noches de acceso gratuito y entradas accesibles. El escenario Ramón Cabrera vibrará con una variada grilla artística que abarcará desde folclore hasta música tropical. Además, la Banda de la Policía de Entre Ríos y música popular formarán parte de las presentaciones. Esta nueva edición contará con entradas gratuitas para menores de hasta 11 años y noches libres de costo.
Comienza hoy la demolición de la manzana del Corralón Municipal –aunque no totalmente, pues hay partes que quedarán en pie para ser utilizadas para el nuevo edificio– para posteriormente comenzar con la construcción del Campus Universitario, con un costo estimado de 25 millones de dólares. La Universidad de la República (UdelaR) invertirá 13 millones de dólares, la Intendencia de Paysandú aporta 6 millones de dólares obtenidos a través del Poder Ejecutivo y los restantes 6 millones de dólares provienen de un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).