“Es ‘difícil, pero no imposible’, que se concrete en este gobierno el área protegida Islas del Queguay”, ese fue el título en EL TELEGRAFO de la noticia que, citando al director nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (Dinabise), Gerardo Evia, daba cuenta de la situación de un proyecto que lleva ya varios años, no digamos que “encajonado”, porque no hay constancia de ello, pero sí sin registrar avances visibles, más allá de las acciones que difusión que han hecho sus propios impulsores.
Evia decía en esa entrevista que no descarta que se puedan mover algunas fichas y que a la postre se termine aprobando la iniciativa, pero, a estar por sus manifestaciones, no implicaría esto necesariamente una buena noticia. Es que la razón por la que no ha avanzado el trámite no es otra que la falta de presupuesto, y esto opera a dos niveles, primero porque no se dispone de técnicos suficientes para atender todo el trabajo actual. Esto supone, por ejemplo, que no se haya logrado todavía contar con los planes de manejo de las áreas que ya venían funcionando. Aunque tal vez sea mejor mencionarlas como “las áreas que ya fueron declaradas”, porque no necesariamente implica que estén funcionando como tales. Habrá algunas que sí, hay otras que no. Lo dijo claramente Evia, llegar a fin del período con todas las áreas ya existentes con un plan de manejo y con presencia de guardaparques ha pasado a ser el objetivo de su gestión.
Decía la referida nota que la asignación presupuestal de la Dinabise no ha permitido atender este proyecto en las Islas del Queguay y su desembocadura en el río Uruguay, así como “tampoco ha permitido concretar otros que están incluso más avanzados en su trámite, como es el caso de Arequita, en Lavalleja, ‘que es un área pública, que hace 50 años que está’, y la Isla de Lobos”, que es otro proyecto del que se habló mucho desde la creación del ministerio de Ambiente, cuando tomó las riendas de la nueva cartera Adrián Peña. Evia dijo al respecto que no se trata de firmar “áreas de papel”, que luego el Estado no pueda gestionar adecuadamente y darles las condiciones necesarias para funcionar como tales. “El presupuesto de la Dinabise es de 40 millones de pesos de inversión, y eso es un millón de dólares, y la mitad de eso se paga de IVA de contratos; para gestionar un sistema de 150.000 hectáreas de áreas protegida”, planteaba el jerarca en la entrevista.
Frente a este panorama, no hay forma de ser optimista respecto a que el área se concrete, y eso que tiene puntos a favor, como el que las islas sean de propiedad fiscal. No así los predios que comprenden la superficie “en tierra firme”, pero recordemos que ya estaba decidido que la integración al sistema, la declaración del área, se haría en dos partes, de las cuales la primera es, justamente la de las islas, y el resto, conformada por predios privados, quedaría para más adelante. Esta política es consistente con lo ocurrido con hasta ahora la única área nueva que se creó en este gobierno: Humedales e Islas del Río Negro, un proyecto que lleva más tiempo, desde 2011, propuesto y generado por investigadores de la Universidad de la República que, originalmente, preveía la protección de unas 56.000 hectáreas, de las que solamente se incluyeron en el área final las 2340 que son de propiedad estatal.
Es de agradecer la sinceridad con que presenta Evia el escenario para el área prevista en territorio sanducero. “La respuesta corta es que no es imposible, porque podría ocurrir que se destrabara y en los papeles se firmara. El tema es qué pasa después. Estoy tratando de que la gente, los equipos técnicos, terminen de hacer lo que tienen que hacer, que son los planes de manejo de las diecisiete áreas que hoy integran el sistema, muchas de las cuales aún no lo tienen aprobado”, indicó. Agregó que el escenario pretendido es llegar a tener “un sistema, con las áreas que hay, con los planes de manejo para que puedan funcionar, con los planes de manejo hechos y con capacidades mínimas de de guardaparques y directores afectados a esas áreas; a las que ya están. Antes de pensar en crecer”. Es lo que hay, como dice el dicho que popularizó el relator de fútbol Alberto Kesman.
Pero incluso el director revela una falla en la concepción del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, una falla que hace a lo que el mismo sistema considera “éxito” en cuanto a alcanzar las metas de gestión. Evia expone nítidamente un mecanismo que fomenta el trabajar pour la gallerie, al “premiar” la incorporación de más superficie, pero no al mismo tiempo el que esa superficie que se incorpora goce de una protección real. Hay, como dice la nota, “una lógica perversa” que fomenta el “hacer crecer el sistema, y después vemos cómo lo manejamos. De hecho, los propios indicadores para la rendición de cuentas te dicen ‘usted no cumplió en incorporar tantas hectáreas de su objetivo de gestión’, se necesitan tantos miles de hectáreas por año incorporadas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas”, resumió Evia. Claro, luego ocurre que, al no incorporarse esa cantidad de hectáreas, a la hora de la discusión por las de a peso, en el Parlamento, en el presupuesto y en las rendiciones de cuentas, los recursos no están, porque los “objetivos” no se cumplieron. “Si yo digo necesito tantos recursos para gestionar áreas protegidas, y no te los votan, no podés seguir inventando áreas protegidas que vas a gestionar sin recursos”, afirmó Evia.
En el fondo la pregunta es si realmente, ya no el Gobierno actual –que ya había dado señales de que mucho interés no tenía en este asunto de las áreas protegidas al impulsar dos artículos restrictivos en la Ley de Urgente Consideración (LUC), que luego fueron quitados del articulado– sino al Uruguay como Estado, le interesa este asunto de las áreas protegidas, o si simplemente las hacemos y las tenemos por cumplir con tratados y acuerdos internacionales y dar una buena (y falsa) imagen del país hacia afuera.
