(ÁMBITO)
Conaprole confirmó que acudirá a la Suprema Corte de Justicia para tratar de revertir el fallo en su contra, en el marco de su reclamo al Estado por la deuda de Venezuela por la compra de leche en polvo, realizada hace más de 9 años.
La cooperativa láctea había advertido que no iba a desistir en su demanda por el incumplimiento de un acuerdo firmado entre Uruguay y Venezuela por la compra de leche en polvo, anunciado por el expresidente Tabaré Vázquez en 2015.
El monto que exige Conaprole es de más de 60 millones de dólares, casi 32 millones por la deuda y el resto en concepto de “daños y perjuicios”.
Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Primer Turno ratificó a principios de marzo el fallo que se dio en primera instancia, a fines de 2022, al considerar que la empresa comenzó su reclamo por fuera del plazo que establece la ley.
Desde Conaprole consideran que ambos países tuvieron injerencia al concretar el convenio. “Uno directamente debe la factura y el otro participó en la génesis de ese negocio, sostuvo el presidente de la cooperativa, Gabriel Fernández, al conocer el fallo hace más de dos meses.
Así, Fernández apunta al Estado uruguayo y a la empresa venezolana Corpovex, que es estatal. “Como directivos de la cooperativa no podemos darnos por vencidos en la medida que haya posibilidades”, anticipó en ese momento Fernández, al señalar que “la plata es de los productores”, en momentos donde el dinero vendría bien, ya que el atraso cambiario perjudica al sector.
En tanto, desde Venezuela aseguran que el país “no fue ni es parte de los contratos aludidos, no habiendo suscrito ninguno de ellos y no existiendo norma que atribuya competencia a los tribunales uruguayos”, al aclarar que “Corpovex no es la República Bolivariana de Venezuela”.
Así, el país caribeño se desligó del acuerdo sellado el 6 de junio de 2015, cuando Vázquez anunció el acuerdo en el cual Conaprole debía exportar 44.000 toneladas de leche en polvo y 12.000 toneladas de queso, un equivalente a 39 millones de dólares.
NUEVA REUNIÓN POR PLANTA DE MINAS
(LA DIARIA)
El sindicato de Pilsen, con el respaldo de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB), se reunió en una nueva instancia tripartita con representantes de Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) por el cierre de la planta de Minas, departamento de Lavalleja. Allí presentó a la empresa una contrapropuesta, en respuesta a lo propuesto por la empresa en una instancia similar el lunes 27. En el encuentro de este jueves, en el que estuvo presente el titular del MTSS, Mario Arizti, FNC manifestó que dará respuesta la próxima semana. Entre el lunes y martes próximo, las partes volverán a ser convocadas.
Acerca del resultado de esta instancia de negociación, el presidente de la FOEB, Fernando Ferreira, dijo que la contrapropuesta trasladada a la empresa consiste en que en la planta de Minas queden trabajando 74 operarios y que se continúe elaborando y envasando cervezas en el lugar. “Que se continúe haciendo todas las marcas nacionales en esa planta, y que no ingresen más latas de cerveza argentina, lo que dará más volumen de trabajo a los compañeros”, precisó Ferreira.
De los 74 trabajadores, el dirigente dijo que todos deben ser efectivos, en contraste con la propuesta de FNC, que pretendía que fueran 25 fijos y 26 zafrales. Explicó que “la empresa señaló que hay 35 trabajadores no sindicalizados, a los que nosotros como sindicato no representamos, otros 98 efectivos y 19 zafrales. Esa es la plantilla al día de hoy. Queremos que de esos 98 queden al menos 74”.
VARIAS CITACIONES POR CASO ORSI
(SUBRAYADO)
El precandidato del Frente Amplio Yamandú Orsi declaró como víctima por la denuncia falsa en su contra que hicieron Paula Díaz y Romina Celeste, también imputada por el caso. La fiscal Sandra Fleitas le tomó declaración a Orsi en el juzgado de Ciudad de la Costa. También indagó como testigos al senador Alejandro Sánchez (MPP) y al expresidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde.
Paula Díaz está sentenciada por los delitos de asociación para delinquir, calumnia y simulación de delito, luego de haber denunciado a Orsi. Lo acusó de violentarla en 2014 en el Parque Roosevelt de Canelones, pero era falso. La condenada cumple una pena de 20 meses de libertad a prueba.
En tanto, Romina Celeste fue imputada por los mismos delitos y permanece internada en una clínica psiquiátrica a la espera del alta médica para luego ingresar a la cárcel a cumplir con la prisión preventiva dispuesta por la Justicia como medida cautelar.
La fiscal Fleitas investiga si alguien más estuvo detrás de la denuncia, ya que actores de la causa indicaron que se trató de una operación orquestada en Argentina.
También está citado a declarar el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira.