Intriga saber qué pasará después del 30 de junio, cuando se consoliden candidaturas y espaldas políticas dentro de los partidos que irán a las elecciones de octubre, donde se definirá el cuerpo legislativo que dará base a la gobernabilidad de la fórmula presidencial que surgirá en noviembre.
Hasta ahora la agenda está trabada en filtraciones desde la Fiscalía, que comprometen nuevamente a los mismos protagonistas que quedaron amarrados a los titulares de la prensa desde hace al menos dos años y en situaciones que no consiguen revertir el interés de la totalidad de los habitantes.
Pero hay que ser conscientes que se espera cada semana por una novedad que mueva el espectro político-partidario en tiempos electorales.
Una charla organizada por la Facultad de Ciencias Económicas reunió a los asesores en temas económicos de los precandidatos Álvaro Delgado, Yamandú Orsi y Gabriel Gurméndez para exponer sobre pobreza infantil, entre otros temas que deberían tener un mayor espacio en la agenda pública.
Porque el núcleo duro de la pobreza desde hace años se mantiene en 10%. La cifra se sostiene desde la última década y si se analiza por edades, recae en la población infantil. Pero para ver esto, es conveniente observar el desarrollo de las estadísticas a lo largo de los años y no sacar una foto de la realidad actual al cierre del mes de abril y dejarlo aislado por sí mismo.
Si el niño es pobre, entonces el hogar es pobre. La importancia radica en generar ingresos a los adultos referentes para mejorar las condiciones de calidad de vida del núcleo familiar. Debe contemplarse además de la inserción laboral, la capacitación para mejorar los ingresos de una población con baja escolarización y acercar un sistema de cuidados que permita todo lo demás.
Ahora, si se analiza por edades, entonces se aprecia que uno de cada cinco niños es pobre y de 0 a 6 años se eleva al menos al 20%.
Entonces vale la pregunta: ¿Dónde se ubica el empleo garantizado? ¿En el Estado y por tiempo indeterminado para ayudar a combatir el desempleo y la pobreza?
Las ayudas monetarias en hogares con niños y en situación de vulnerabilidad, se han incrementado en los últimos años, según los datos del Ministerio de Desarrollo Social.
El gasto público social es un 25% en relación al Producto Bruto Interno (PBI), pero si se relaciona con el gasto público total representa un 75%. El gasto público social se conforma por aspectos vinculados a la educación, salud, seguridad y asistencia social, medio ambiente, agua y saneamiento.
En 2019 Uruguay gastaba 25,8% del PBI, en 2020 subió a 27,8%, en 2021 pasó a 26,4% y actualmente se ubica en torno al 25%, que se explica por un descenso en los seguros de desempleo por hogar, si se compara con lo ocurrido durante los años de pandemia.
El año pasado se transfirieron en forma directa 470 millones de dólares y en los últimos diez años no se ha logrado traspasar el núcleo duro mencionado. Las transferencias económicas aumentaron más del 50% en un hogar con niños, pero no siempre tiene un impacto porque los adultos no lograron generar mayores ingresos.
Sin embargo, los ingresos del Estado en una familia corresponden al 15% de los recursos que recibe porque al resto lo generan los propios adultos. Por lo tanto, la mejora de los indicadores cuyas lecturas generalmente son lineales, se verán junto a otros guarismos que pesarán en el resultado, como la educación y el empleo.
En forma paralela, el Índice de Gini que mide la desigualdad, pasó de 0,383 en 2019 a 0,387 en 2020, 0,386 en 2021 y 0.389 en 2022. Es decir, sin mayores variaciones en la última década y los principales cambios se notaron durante la pandemia.
La situación estructural no ha transformado la realidad en forma sustancial en diez años y es un punto de inflexión en los debates electorales entre oficialismo y oposición. Y las tasas de crecimiento tampoco pueden tomarse en forma aislada si se tiene en cuenta que desde hace años permanece estancada en torno al 2%-3%.
Esta realidad, crea un problema en la redistribución de los gastos de un Estado que quiere recortar pero nunca encuentra acuerdos para comenzar. En tiempos electorales todos hablan de bajar el costo del Estado, pero al finalizar, queda todo como estaba en cada administración aunque cambien las ideologías.
Por eso todos los partidos políticos vuelven a debatir sobre la pobreza infantil y sus consecuencias. El director de Transferencias y Análisis de Datos del Ministerio de Desarrollo Social, Antonio Manzi, reitera en sus entrevistas que “erradicar la pobreza infantil en Uruguay es erradicar la pobreza total” e involucra a los niños y adultos pobres de hoy. Nadie puede plantear seriamente una mejora de un año a otro, ni siquiera de una administración a otra. Si no que, probablemmte, durará alguna generación más.
En la mesa de debate entre los economistas de los precandiatos mencionados, Horacio de Brun –asesor colorado– se cuestionó la forma del gasto de los programas de asistencia infantil, que mantienen problemas para identificar hacia qué aspectos dirigirán la inversión.
Y en el caso de los hogares, marcó la diferencia existente entre el hogar de dos adultos cuyos ingresos se encuentran ligeramente por encima de la línea de pobreza, a la comparación de ese mismo hogar con un niño a cargo. Bajo esa circunstancia, pasan automáticamente a considerarse como un hogar donde todos sus integrantes son pobres.
La diputada del Frente Amplio Cristina Lustemberg es crítica en la forma de distribuir las transferencias enfocadas en los adultos y presentó un proyecto de ley que genera mecanismos que garanticen derechos sin excepción a niños y adolescentes, junto a una atención en forma oportuna de la calidad de los servicios, con una mejora en los dispositivos de atención a esta población infantil.
En realidad, ningún hogar vive hoy de las transferencias. Por lo tanto, el despegue viene desde sus adultos, sin descuidar a los niños y su protección social. Atender esta etapa es crucial en un país con bajo nivel de nacimientos.
