Hace casi una década Uruguay comenzó a transitar el camino del desarrollo de políticas sociales que reconocen expresamente la responsabilidad del Estado en relación al cuidado como derecho universal. Esto convirtió a nuestro país en uno de los pioneros en desarrollar un plan nacional de cuidados, asumiendo que se trataba de un tema en el que el Estado estaba llamado a cumplir un rol fundamental.
En todos los países de América Latina los cuidados constituyen una actividad con un marcado peso de género, ya que son desarrollados fundamentalmente por mujeres. Esta desigualdad de género actualmente ha desarrollado una mayor relevancia en la agenda política y pública de los países de la región. Esto ha contribuido a dar mayor visibilidad esta desigualdad que se da en el ámbito doméstico, dado que allí las mujeres asumen mayores responsabilidades de trabajo no remunerado.
Según Cepal, antes de la pandemia por COVID-19 la mujeres del espacio latinoamericano ya dedicaban entre 22 y 42 horas semanales al cuidado, cifra que triplica la dedicación de los hombres.
Mientras la atención de la salud es una labor especializada que se desarrolla en el marco de una relación laboral remunerada dentro de los sistemas formales de salud públicos y privados, los cuidados que requieren –en el ámbito de su hogar– las personas mayores, los niños, los discapacitados y los enfermos de cualquier edad y condición, recaen principalmente sobre mujeres y son ejercidos sin remuneración y con gran dedicación horaria. Es una actividad que muchas veces se superpone con el trabajo fuera del hogar, lo que a corto o largo plazo también tiene efectos negativos sobre la calidad de vida y la salud de quien realiza esos cuidados. A modo de ejemplo, mediciones realizadas en nuestro país indican que más del 60% de los proveedores de cuidados no remunerados en salud trabajan más de 40 horas semanales.
Por otra parte, desde hace bastante tiempo las posibilidades de las familias para sostener los cuidados se ven afectadas por la llamada “crisis del cuidado”, que no es otra cosa que un desajuste entre la demanda de los mismos y la disponibilidad de personas para cuidar.
Por eso, es significativo que nuestro país haya avanzado en la incorporación de los cuidados al sistema de protección social. El proceso, que comenzó durante el gobierno del Frente Amplio con el denominado Plan de Equidad y luego con el propio Sistema Nacional de Cuidados (la Ley 19.353, que creó el sistema, fue promulgada en noviembre de 2015)-, ha sido continuado como política pública en el actual gobierno de coalición.
Las soluciones actuales incluyen dispositivos ya existentes desde hace mucho tiempo en el marco de las labores institucionales del INAU y los centros CAIF, por ejemplo, pero agrega otras posibilidades para diferentes necesidades como los asistentes personales, y alternativas como las casas comunitarias de cuidados, la teleasistencia, becas de inclusión socioeducativa, entre otros apoyos que están dirigidos principalmente a primera infancia y adultos mayores en situación de dependencia.
Por ejemplo, a través del programa de Asistentes Personales se accede a un subsidio para la contratación de ayuda profesional adaptada personalmente, por 80 horas mensuales, las que se distribuyen según se desee y/o necesite. Se trata de una prestación que busca facilitar el acceso a cuidados de calidad de personas en situación de dependencia severa que residen en sus domicilios particulares, en un marco de derechos, de corresponsabilidad y equidad. Pueden postular al programa niñas, niños, adolescentes y jóvenes de hasta 29 años de edad, así como también personas mayores de 79 años.
Otro de los avances registrados es el mayor despliegue del Sistema de Cuidados a nivel de todo el país, evolucionando actualmente a nuevos modelos de gestión tendientes a transformar la provisión personal de los cuidados a domicilio en un sistema de una provisión colectiva a través de sistemas cooperativos, una experiencia que ya se desarrolla en algunos departamentos del Interior, incluido Paysandú.
Se trata de una nueva modalidad para que las asistentes personales brinden sus servicios a las personas usuarias, a través de cooperativas de trabajo o cooperativas sociales. Para el usuario hay diferencias significativas entre estas modalidades, ya que en la modalidad de provisión individual la persona es empleadora del asistente personal que selecciona y contrata en forma individual, en tanto que en la modalidad de provisión colectiva el servicio se contrata a través de cooperativas de asistentes personales –que también están habilitados por el BPS– por lo que la persona usuaria hace una cesión de derechos de cobro a la cooperativa que elija, y el contrato del servicio se establece entre la persona y la cooperativa. A su vez, la cooperativa es quien se encarga de la liquidación y pago mensual a la persona asistente y de todas sus cargas salariales, en tanto que la persona usuaria deja de tener responsabilidades patronales.
Según información del Mides, en diciembre de 2023 trabajaban como asistentes personales del programa 4.308 personas. De ellas, el 98,7% lo hacía exclusivamente en la modalidad de provisión individual (4.249 personas) y un 1% lo hacía exclusivamente en el marco de la modalidad de provisión colectiva (45 personas), mientras que un grupo de 14 cuidadoras (0,3% del total) lo hacía simultáneamente en ambas modalidades.
Por distintas razones, entre ellas el envejecimiento de la población uruguaya, se prevé que la cantidad de usuarios aumente en forma considerable para 2050. Esto constituye un gran desafío dado que, como las autoridades del Sistema Nacional de Cuidados lo ha expresado, es necesario generar un sistema sistema sólido desde el punto de vista financiero, capaz de ofrecer más servicios. En este sentido, existe expectativa respecto a los insumos que pueda ofrecer un estudio del BID en el que se investigan las posibilidades de cambios que continúen mejorando de modelo de asistentes personales.
En el contexto de la actual campaña política para la elección hacia la Presidencia de la República, sería bueno que existiera el compromiso de la continuidad de políticas sociales tan fundamentales para la calidad de vida de los uruguayos, como las referidas a la salud y los cuidados. Porque lo que es bueno y tiene un impacto positivo en la sociedad debe continuarse y mejorarse. Y para ello se requieren varias cosas, pero principalmente políticas públicas y financiamiento.
