Los problemas de seguridad en nuestro país parecen no tener solución y más allá de las cifras que maneja el gobierno, la población en todo el territorio nacional siente que vivimos en un régimen de “sálvese quien pueda”, con fuerzas policiales totalmente superadas y un presidente de la República al cual cada día se le nota más cansado y saturado del tema. Hay un sentimiento que sobrevuela la tarea gubernativa y es que la inseguridad (con especial referencia al narcotráfico) campean a sus anchas mientras los ciudadanos de a pie tratan de conseguir algún crédito en alguna de las financieras de plaza para poner rejas, o cámaras o alambradas o lo que sea. El gobierno ha dejado sola a la población, la cual vive diariamente y en carne propia las consecuencias de la falta de políticas claras, eficientes y eficaces en una materia tan fundamental de la vida democrática en general y de los derechos humanos en particular.
El tema no es nuevo y se viene arrastrando desde hace varios años. A modo de ejemplo podemos mencionar la decisión del Frente Amplio y del entonces ministro del Interior José Díaz de liberar presos o el apoyo de la sanducera Fabiana Goyeneche a los famosos “colibríes” que en definitiva no eran más que delincuentes reincidentes. ¿Quién se hizo cargo de los crímenes cometidos por esas políticas? ¿José Díaz visitó alguna madre que perdió a su hijo? ¿Acaso lo hicieron Fabiana Goyeneche o Luis Alberto Heber? Acá no hay bueno, ni malo ni peor: todos los partidos que han ejercido el poder en los últimos años han fracasado estrepitosamente en temas de seguridad por más que nos quieran hacer creer lo contrario. Los uruguayos somos mansos, pero no somos bobos y la credencial cívica no es un carné de tonto, sino el documento que representa la participación de cada uno de nosotros en el cuerpo electoral conformado por la Nación.
Al sistema político uruguayo (y eso incluye a todos los partidos sin distinciones) les corresponde además otra responsabilidad que no pueden eludir más allá que mucho les gustaría hacerlo: han sido incapaces de alcanzar un acuerdo sobre temas relacionados con la inseguridad que permita mejorar una situación que empeora cada día. En plena campaña electoral por las elecciones internas invaden nuestras casas, nuestros lugares de trabajo, nos interrumpen en los paseos con amigos o familia para tratar de difundir (en realidad deberíamos decir imponer) un mundo color de rosas lleno de promesas para problemas que no tenemos o brindando soluciones copiadas de otros países y por ello tan ajenas como irrealizables. Hablan y opinan de todo, pero no de lo que la gente quiere: que se dejen de pelear y firmen un acuerdo político nacional por el tema seguridad. A la gente no le importa si el diputado tal o el senador cual o algún jerarca nacional será reelecto o no. Eso no forma parte de las preocupaciones de la gente. Que se ocupen de ello los políticos a ver si pueden seguir viviendo de los dineros públicos cinco años más o tendrán que “arrancar para las 8 horas” como hace cualquier trabajador uruguayo. Lo cierto es que quienes viven de la política ni despertador necesitan: ellos manejan sus tiempos como quieren y para eso les pagamos todos.
Ante este panorama tan desolador, resulta de vital importancia reflotar la idea de crear un grupo que asesore al gobierno en materia de seguridad, tal como se hizo durante la pandemia con el denominado Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) en el cual participaron científicos uruguayos residentes tanto en Uruguay como en el exterior y que tanto aportó al buen manejo realizado por el gobierno durante la presencia del COVID-19, más allá de que, en los últimos días, el clima electoral ha caldeado los ánimos y hasta una ex ministra de Salud Pública ha desempolvado viejas y gastadas consignas políticas para tratar de llevar un poco de agua sucia para su pequeño y oxidado molino.
Es verdad que no sería el primer intento de contar con un GACH en esta materia, ya que en el año 2021 fue creado por el entonces ministro Luis Alberto Heber, pero el mismo dejó de funcionar tras varias renuncias y dificultades operativas. De acuerdo con lo consignado por el semanario Búsqueda, “fuentes del oficialismo indicaron que, ante el cierre del período de gobierno y el protagonismo de la campaña electoral, el organismo ‘ya cumplió con sus plazos, propuestas y cometidos previstos’, por lo cual formalmente finalizó su funcionamiento”. Es tragicómico que se piense, desde el oficialismo, que el GACH en seguridad ya había cumplido con sus propuestas cuando, en los tres años que han transcurrido desde ese cierre lo único que ha sucedido es que la inseguridad ha aumentado.
Ya en el año 2008 un estudio de la Fundación Friedrich Ebert señalaba que “La violencia, la criminalidad y la inseguridad se han transformado en serios problemas para la sociedad uruguaya. De hecho, desde la restauración democrática hasta la fecha, la percepción colectiva ha ubicado estos asuntos entre sus principales preocupaciones. Si bien la realidad nacional no ha adquirido los contornos de gravedad que se registran en América Latina —según distintas miradas, la región más violenta del mundo—, se advierten sin embargo cambios profundos en la estructura social que cuestionan los perfiles tradicionales de convivencia. El crecimiento del delito, la multiplicación de variados tipos de violencia, la crisis humanitaria del sistema carcelario, las deficitarias y deslegitimadas respuestas institucionales, la sensación de inseguridad, etcétera, han prosperado al ritmo del deterioro socioeconómico, la fragmentación social y el creciente desarrollo de una cultura del miedo y la desconfianza”. En los más de quince años que han pasado desde estas reflexiones la seguridad de nuestro país ha continuado rodando cuesta abajo, con el terrible saldo de muertos, heridos y personas afectadas de diferentes formas.
Las causas son múltiples, desde los cambios en la sociedad, la drogadicción, el abandono temprano del sistema educativo de los jóvenes, la pérdida de valores, crisis económicas, etcétera. Y lo más peligroso de todo, el narcotráfico y las bandas que lo operan.
Así las cosas, cabe preguntarse cuanto más deberemos esperar los habitantes de este país para que el presidente Luis Lacalle Pou se digne a convocar a un nuevo GACH al cual acudan personas con compromiso e iniciativas, para que de una vez por todo se le brinde a este tema un ámbito acorde a su importancia y urgencia. Estamos convencidos que en un país donde haya un sistema fuerte, sólido conformado por todo el sistema político, los cárteles de la droga pensarán dos veces antes de meterse.
Para eso un GACH que realmente funcione tiene que estar conformado por los mejores técnicos y expertos de cada partido, que aborden la multiplicidad de aristas de la delincuencia, desde los problemas sociales hasta el lavado de dinero, la ciberdelincuencia, el contrabando, etcétera. Y también, obviamente, la capacitación de la Policía, en investigación, en técnica, científica, y para actuar en territorio con entrenamiento y equipamiento de élite.
Porque no pueden existir territorios o barrios liberados donde las fuerzas policiales no puedan o no quieran entrar. Hay que respaldar de forma clara la labor de la policía, lo que no implica en ningún caso olvidar el marco constitucional y legal en el cual debe desarrollarse su tarea. Si el propio presidente de la República admitió días atrás que el gobierno no ha podido “con el tema de los homicidios”, ¿qué vamos a seguir esperando? Cada día que pase y cada delito que se siga cometiendo en Uruguay será una responsabilidad del presidente, pero también de los políticos de todos los partidos. Que corten un poco la fiesta electoral de las elecciones internas y que se dediquen a este tema, que es el verdaderamente importante para los habitantes de este país.
