Opinión
Elecciones internas; el primer paso hacia octubre
Con una concurrencia menguada respecto a instancias similares anteriores, se cumplió el domingo último en nuestro país la elección interna de los partidos políticos, (denominadas Primarias en otros países), que en realidad forman parte del proceso electoral renovado a partir de la reforma constitucional que introdujo sustanciales variantes el sistema electoral que había regido en nuestro país hasta la convocatoria de 1994.
Para situarnos en un análisis más fundamentado sobre los resultados de esta última elección interna, corresponde situarnos en la perspectiva del cambio que ha tenido el escenario electoral en el Uruguay y más precisamente el cambio radical de las normas existentes hasta mediados de la década de 1990.
Precisamente ese año tuvieron lugar las últimas elecciones con candidaturas múltiples por partido a la Presidencia de la República y en simultáneo con autoridades nacionales y departamentales. En 1995, el gobierno de Julio María Sanguinetti promovió un proyecto de reforma de la Constitución, que fue aprobado como Ley constitucional por la Asamblea General el 15 de octubre de 1996.
De acuerdo a lo dispuesto por la misma, el plebiscito de ratificación debía realizarse el octavo domingo siguiente a la fecha de su sanción por el Poder Legislativo, por lo que la Corte Electoral convocó a la ciudadanía para el 8 de diciembre de 1996.
El 7 de enero de 1997, la Corte Electoral declaró que el proyecto de reforma constitucional había alcanzado la mayoría requerida para su aprobación, y entre los cambios figuraba la convocatoria a elecciones internas, pero también la consagración de la candidatura única por partido a la Presidencia de la República, previo paso por la realización de elecciones internas de los partidos políticos para elegir al candidato único; la realización de una eventual segunda vuelta (balotaje) para la elección de presidente y vicepresidente de la República; la separación temporal de las elecciones nacionales y departamentales y la limitación de candidaturas a las intendencias departamentales.
Escenario que ahora aparece como terreno conocido, pero que implicó un cambio sustancial, tanto en lo que refiere a la interna de los partidos para la oferta electoral, como en cuanto a los mecanismos de definición y las opciones para el votante, porque hasta 1994, con las elecciones simultáneas entre las nacionales y las departamentales, por ejemplo, el ciudadano no tenía la posibilidad de votar a un candidato de un partido a la Presidencia y de otro a la Intendencia, y debía atenerse a un paquete atado por cada partido para poder tener esta posibilidad, ya que de lo contrario el voto se anulaba, o si no votar solo en lo departamental o en lo nacional.
Además, siempre había un efecto de “arrastre” de lo nacional sobre lo departamental, y por ende estábamos en los hechos ante una centralización de la decisión popular en base a los dictados de los dirigentes capitalinos, dejando de lado las preferencias locales. Y fundamentalmente, entre otros modificaciones, se derogó la posibilidad de las candidaturas múltiples en cada partido para la elecciones nacionales, lo que hacía que dentro de cada paquete partidario la candidatura con mayor caudal electoral se llevaba los votos de todos los candidatos para salir presidente, y el votante terminaba votando a quien no era su preferido para ser presidente, cuando además había fuertes tensiones internas dentro de cada colectividad partidaria.
Ello posibilitaba que pudiera llegar a la Presidencia –como por ejemplo ocurrió en 1971, con Juan María Bordaberry– un postulante que solo llevara sólo el 20 por ciento de los votos, cuando el 80 por ciento del electorado tenía otras referencias.
Con la reforma electoral, además, se ha dado una opción adicional a la ciudadanía: la de elegir presidente en un balotaje cuando no se ha obtenido la mayoría más uno de los votos por ningún partido, lo que permite que el ciudadano tenga una segunda instancia para decidir a quién quiere o a quien no quiere ocupando este cargo, aunque esta posibilidad no la tiene en la elección departamental.
Por cierto, puede considerarse que se trata de un proceso muy exigente, hasta cansador, para el votante y las estructuras partidarias, porque en los hechos se da un escenario de disputa electoral de prácticamente un año, entre las elecciones internas de junio, las nacionales de octubre, el eventual balotaje de noviembre y las departamentales de mayo del año siguiente, y eso precisamente genera cierta situación de hastío para quien no está imbuido en la controversia política, en el ciudadano en gran medida prescindente de los avatares políticos, lo que a su vez forma parte de un proceso que por ejemplo contaba con gran participación y militancia en los años siguientes al fin de la dictadura, en 1985, pero que se ha ido diluyendo con el paso de los años durante el renacer democrático.
Y ya en análisis de la convocatoria del domingo, tenemos que sin junio no hay octubre, y lo que ha ocurrido es que en una instancia en la que el voto no es obligatorio, la magra participación en general –del orden del 36 por ciento del cuerpo electoral– tiene que ver con muchos factores que refieren al humor del núcleo “duro” de los partidos, es decir de las personas definidas como perteneciendo a tal o cual colectividad cívica, pero que no permea por regla general hacia el ciudadano independiente, que es precisamente el que define el escenario electoral en las convocatorias obligatorias, como es el caso de las nacionales, el balotaje y las departamentales.
Por lo tanto, en lo que refiere a la cantidad de votantes y las comparaciones, los resultados deben tomarse con pinzas, aunque naturalmente los grandes partidos son los que arrastran más votantes y los pequeños tienen una relación inversa, pero no corresponde extrapolar directamente los resultados como si fueran elecciones obligatorias ni mucho menos.
Es que inciden factores como el carácter militante en cada partido, el clima, el grado de competencia interna, el ser gobierno u oposición, entre otras posibilidades para captar más o menos votantes en la convocatoria interna, a diferencia por ejemplo de las PASO argentinas, donde el voto es obligatorio y la ciudadanía hace cierta elección anticipada, aunque no necesariamente se registre fielmente el escenario en la convocatoria electoral posterior.
Es cierto, como apuntan también muchos analistas, que con los años se ha ido acentuando cierto descreimiento en la dirigencia política y más precisamente en la posibilidad de que se tengan soluciones cercanas por esta vía a los problemas, necesidades o aspiraciones de ciudadanos y determinados colectivos, porque las soluciones no surgen como por arte de magia ni en la más pura de las democracias, sino que los procesos son lentos, deben generarse consensos o mayorías, atender a las partes y los respectivos grupos de interés, y primar el interés general sobre el de lobbies o intereses particulares legítimos, pero que no deben ponerse por encima de los de los demás.
Pero esta es la esencia de la democracia, no solo el tener la posibilidad de elegir cada cuatro o cinco años, sino el de tener canales de expresión o de reclamo del ciudadano a través de sus elegidos, como democracia representativa que tenemos en el Uruguay, y entre coincidencias y disidencias, tejer entre todos con responsabilidad las condiciones para tener un país mejor, sustentable y con mejor futuro.
Un ideal que no es fácil de conseguir por cierto, pero debemos seguir intentándolo, por lo menos renovando la esperanza en cada convocatoria.
Para situarnos en un análisis más fundamentado sobre los resultados de esta última elección interna, corresponde situarnos en la perspectiva del cambio que ha tenido el escenario electoral en el Uruguay y más precisamente el cambio radical de las normas existentes hasta mediados de la década de 1990.
Precisamente ese año tuvieron lugar las últimas elecciones con candidaturas múltiples por partido a la Presidencia de la República y en simultáneo con autoridades nacionales y departamentales. En 1995, el gobierno de Julio María Sanguinetti promovió un proyecto de reforma de la Constitución, que fue aprobado como Ley constitucional por la Asamblea General el 15 de octubre de 1996.
De acuerdo a lo dispuesto por la misma, el plebiscito de ratificación debía realizarse el octavo domingo siguiente a la fecha de su sanción por el Poder Legislativo, por lo que la Corte Electoral convocó a la ciudadanía para el 8 de diciembre de 1996.
El 7 de enero de 1997, la Corte Electoral declaró que el proyecto de reforma constitucional había alcanzado la mayoría requerida para su aprobación, y entre los cambios figuraba la convocatoria a elecciones internas, pero también la consagración de la candidatura única por partido a la Presidencia de la República, previo paso por la realización de elecciones internas de los partidos políticos para elegir al candidato único; la realización de una eventual segunda vuelta (balotaje) para la elección de presidente y vicepresidente de la República; la separación temporal de las elecciones nacionales y departamentales y la limitación de candidaturas a las intendencias departamentales.
Escenario que ahora aparece como terreno conocido, pero que implicó un cambio sustancial, tanto en lo que refiere a la interna de los partidos para la oferta electoral, como en cuanto a los mecanismos de definición y las opciones para el votante, porque hasta 1994, con las elecciones simultáneas entre las nacionales y las departamentales, por ejemplo, el ciudadano no tenía la posibilidad de votar a un candidato de un partido a la Presidencia y de otro a la Intendencia, y debía atenerse a un paquete atado por cada partido para poder tener esta posibilidad, ya que de lo contrario el voto se anulaba, o si no votar solo en lo departamental o en lo nacional.
Además, siempre había un efecto de “arrastre” de lo nacional sobre lo departamental, y por ende estábamos en los hechos ante una centralización de la decisión popular en base a los dictados de los dirigentes capitalinos, dejando de lado las preferencias locales. Y fundamentalmente, entre otros modificaciones, se derogó la posibilidad de las candidaturas múltiples en cada partido para la elecciones nacionales, lo que hacía que dentro de cada paquete partidario la candidatura con mayor caudal electoral se llevaba los votos de todos los candidatos para salir presidente, y el votante terminaba votando a quien no era su preferido para ser presidente, cuando además había fuertes tensiones internas dentro de cada colectividad partidaria.
Ello posibilitaba que pudiera llegar a la Presidencia –como por ejemplo ocurrió en 1971, con Juan María Bordaberry– un postulante que solo llevara sólo el 20 por ciento de los votos, cuando el 80 por ciento del electorado tenía otras referencias.
Con la reforma electoral, además, se ha dado una opción adicional a la ciudadanía: la de elegir presidente en un balotaje cuando no se ha obtenido la mayoría más uno de los votos por ningún partido, lo que permite que el ciudadano tenga una segunda instancia para decidir a quién quiere o a quien no quiere ocupando este cargo, aunque esta posibilidad no la tiene en la elección departamental.
Por cierto, puede considerarse que se trata de un proceso muy exigente, hasta cansador, para el votante y las estructuras partidarias, porque en los hechos se da un escenario de disputa electoral de prácticamente un año, entre las elecciones internas de junio, las nacionales de octubre, el eventual balotaje de noviembre y las departamentales de mayo del año siguiente, y eso precisamente genera cierta situación de hastío para quien no está imbuido en la controversia política, en el ciudadano en gran medida prescindente de los avatares políticos, lo que a su vez forma parte de un proceso que por ejemplo contaba con gran participación y militancia en los años siguientes al fin de la dictadura, en 1985, pero que se ha ido diluyendo con el paso de los años durante el renacer democrático.
Y ya en análisis de la convocatoria del domingo, tenemos que sin junio no hay octubre, y lo que ha ocurrido es que en una instancia en la que el voto no es obligatorio, la magra participación en general –del orden del 36 por ciento del cuerpo electoral– tiene que ver con muchos factores que refieren al humor del núcleo “duro” de los partidos, es decir de las personas definidas como perteneciendo a tal o cual colectividad cívica, pero que no permea por regla general hacia el ciudadano independiente, que es precisamente el que define el escenario electoral en las convocatorias obligatorias, como es el caso de las nacionales, el balotaje y las departamentales.
Por lo tanto, en lo que refiere a la cantidad de votantes y las comparaciones, los resultados deben tomarse con pinzas, aunque naturalmente los grandes partidos son los que arrastran más votantes y los pequeños tienen una relación inversa, pero no corresponde extrapolar directamente los resultados como si fueran elecciones obligatorias ni mucho menos.
Es que inciden factores como el carácter militante en cada partido, el clima, el grado de competencia interna, el ser gobierno u oposición, entre otras posibilidades para captar más o menos votantes en la convocatoria interna, a diferencia por ejemplo de las PASO argentinas, donde el voto es obligatorio y la ciudadanía hace cierta elección anticipada, aunque no necesariamente se registre fielmente el escenario en la convocatoria electoral posterior.
Es cierto, como apuntan también muchos analistas, que con los años se ha ido acentuando cierto descreimiento en la dirigencia política y más precisamente en la posibilidad de que se tengan soluciones cercanas por esta vía a los problemas, necesidades o aspiraciones de ciudadanos y determinados colectivos, porque las soluciones no surgen como por arte de magia ni en la más pura de las democracias, sino que los procesos son lentos, deben generarse consensos o mayorías, atender a las partes y los respectivos grupos de interés, y primar el interés general sobre el de lobbies o intereses particulares legítimos, pero que no deben ponerse por encima de los de los demás.
Pero esta es la esencia de la democracia, no solo el tener la posibilidad de elegir cada cuatro o cinco años, sino el de tener canales de expresión o de reclamo del ciudadano a través de sus elegidos, como democracia representativa que tenemos en el Uruguay, y entre coincidencias y disidencias, tejer entre todos con responsabilidad las condiciones para tener un país mejor, sustentable y con mejor futuro.
Un ideal que no es fácil de conseguir por cierto, pero debemos seguir intentándolo, por lo menos renovando la esperanza en cada convocatoria.
Las solicitudes de exportación en el sexto mes del año alcanzaron un total de U$S 1.266 millones, lo que representó un incremento de 34% respecto a junio de 2023. Éste es el mayor crecimiento en términos mensuales registrado en los últimos dos años (en junio de 2022 se alcanzó un aumento de 32%).
Montevideo, Colonia y Canelones son los principales departamentos exportadores de Uruguay, con casi el 57% de las exportaciones de bienes. La capital del país tiene una participación de más de 22%, que exporta principalmente productos industrializados. Colonia, responsable del 20% de las exportaciones, se destaca por sus zonas francas y plantas industriales, incluyendo la celulosa y concentrados de bebidas. Canelones, con el 14,5%, cuenta con una variedad de industrias, principalmente en la transformación de productos agropecuarios, así como farmacéuticos, lácteos, plásticos y madera.
El presidente de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), Klaus Mill, informó que las cooperativas volvieron a pagar al 2% el interés de sus créditos hipotecarios, luego de su incremento al 5,25% a partir de la Reglamentación 2008.
En su último informe correspondiente al mes de mayo, el Instituto Nacional de Carnes (INAC) posicionó al Novillo Tipo 2.0 en U$S 1.531 por cabeza, marcando un aumento del 6,2% respecto a abril. En este sentido también hubo subas tanto en el valor de la materia prima (hacienda) y del valor agregado industrial (VAI que incluye costos y beneficios), llevando a este último a su mayor registro en esta nueva modalidad de calculo adoptada en enero de 2022.
Luego de 54 meses de obra, Covilan 50 inauguró su medio centenar de viviendas construidas en altura por el sistema de ayuda mutua con la coordinación del Instituto de Asistencia Técnica Centro Cooperativista Uruguayo (IAT-CCU) en el terreno de la antigua Paylana, donde en forma simultánea construyen otras cooperativas bajo una similar modalidad.
Tal como se esperaba, el fin de semana que marcará el cierre de las vacaciones de invierno en Educación Inicial y Primaria tendrá una muy buena ocupación en los centros termales del departamento, con pocas camas disponibles por estas horas para el fin de semana.