Luego de las elecciones internas y reveladas las incógnitas con alguna sorpresa que moviliza antes a la clase política que a la ciudadanía, la vida continúa. Sobre todo, la vida parlamentaria que será más corta que en los años anteriores porque todo finalizará el 15 de setiembre, justo el día en que se conmemora el Día Internacional de la Democracia.
En ese ámbito hay, al menos, una docena de proyectos. Algunos deberán aprobarse; de lo contrario caerán a pesar de contar con media sanción parlamentaria. Si hay voluntad de volver a su consideración, los legisladores del próximo período tendrán que presentar un nuevo proyecto. En esa circunstancia se encuentra, por ejemplo, el proyecto de ley de eutanasia, porque no es una prioridad para el Partido Nacional. Así lo manifestaron sus representantes y la opinión-mensaje emitida por el propio presidente de la República, Luis Lacalle Pou.
A esto se suma la refinanciación de deudas y redefinición de la usura, la extensión de la licencia por paternidad, la regulación de los operadores inmobiliarios y un proyecto que obliga a los funcionarios públicos culposos a pagar al Estado por daños a terceros. Sin embargo, la eutanasia y las moficiaciones a la ley de género –propuestas por el Poder Ejecutivo– han acalorado el debate entre las fuerzas políticas en general. La primera entre socios de la coalición y la segunda, defendida por las organizaciones sociales junto a la oposición.
Hay otra iniciativa que estudia subir la edad del matrimonio de 16 a 18 años y un proyecto de garantías para la primera infancia, infancia y adolescencia. El proyecto de ley de talles no fue aprobado en el plenario de Diputados y volvió a la comisión de Salud, en tanto otra iniciativa plantea acortar los plazos de respuesta a los pedidos de acceso a la información pública.
No obstante, los legisladores están enfrentados por la regulación y garantía del “derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir”. El proyecto, que reúne voluntades de colorados y frenteamplistas con media sanción en la cámara baja, no tiene acuerdo en la comisión del Senado.
La bancada frenteamplista vota a favor, pero otros cuatro que representan a la coalición están en contra. Entre ellos, colorados, cabildantes y nacionalistas.
La opinión-mensaje del presidente Lacalle Pou recomendó la política de no innovar en tiempos electorales sobre esta propuesta que hace dos años está en comisión parlamentaria. “El tema es demasiado grave como para dejarlo enterrado”, escribió el impulsor de la propuesta, Ope Pasquet, en su cuenta de X .
Fue así que pidió al senador de su sector Ciudadanos, Pablo Lanz, que impulse su consideración en forma directa en el plenario “con o sin informe de la comisión de Salud”. Pero el coloradismo y la oposición no llegan a los 16 votos necesarios.
En cualquier caso, Lanz aseguró que si no hay acuerdo por el texto sobre la eutanasia entre los socios del gobierno, planteará “seguramente” el martes 16 de julio una moción para tratarlo en el plenario “en forma grave y urgente” en agosto.
Y, hablando del transcurso de tiempos electorales para modificaciones polémicas, el Poder Ejecutivo envió a fines de mayo pasado, un proyecto para modificar la Ley 19.580. Los cambios establecen penas mayores para quienes presenten denuncias falsas, cambios en los reclamos de reparaciones económicas de parte de las víctimas y habilita a la presentación de pruebas desde la parte denunciada por la Ley de Violencia Hacia las Mujeres Basada en Género, aprobada en 2017.
En su génesis, esta norma legal “buscó subsanar una situación de vulnerabilidad de la figura de la mujer”. Sin embargo, agrega que “lamentablemente ese fin perseguido por la ley no se ha alcanzado, ya que en la actualidad siguen abrumando las consecuencias nefastas originadas en los delitos de género”.
En su exposición de motivos, el Poder Ejecutivo reconoció que la ley “intentó corregir inequidades”, pero “no logró abatir el número de casos de femicidio”. El proyecto señaló que la ley “ha sido pasible de críticas y cuestionamientos ante la Suprema Corte de Justicia, invocando sendas inconstitucionalidades que invariablemente la corporación desestimó”.
Lacalle Pou y su gabinete proponen modificar el artículo 3 con el fin de dar garantías a todas las partes ante una denuncia de violencia basada en género. La ley votada en 2017 dice que “en caso de conflicto o duda sobre la aplicación de las disposiciones, prevalecerá la interpretación más favorable a las mujeres en situación de violencia”. La propuesta del Poder Ejecutivo agrega que “en ningún caso” este postulado “significará debilitar las garantías del debido proceso”.
La iniciativa del gobierno pretende cambiar el artículo 46, que valora las declaraciones de menores. La ley apunta a evitar “una revictimización secundaria (de quien denuncie) a través del cuestionamiento de su testimonio mediante argumentos técnicos”.
Las modificaciones proponen “en todos los casos”, el respeto al “derecho y el interés superior de las niñas, niños y adolescentes a dar su opinión, la cual deberá analizarse aplicando las reglas de la sana crítica”. Asimismo, “la defensa que pretenda hacer valer argumentos técnicos requerirá el respaldo de prueba pericial, evitando la revictimización secundaria”. La ley dice hoy que “no será válido utilizar argumentos técnicos para disminuir la credibilidad de sus testimonios”.
El proyecto propone condenar por simulación de delito a quienes presenten una denuncia falsa, una situación que no dispone la Ley 19.580.
La ley actual habilita a la víctima a reclamar por una “reparación patrimonial” que equivale a 12 sueldos del denunciado. La modificación establece que la reclamación puede existir “por la vía procesal correspondiente”, que no es penal.
La oposición argumentó que las modificaciones tienen nombre y apellido, al tiempo que se prepara para defender la iniciativa tal como se aprobó durante la gestión frenteamplista, luego de un duro debate.
Así que aún quedan escasos dos meses y medio de labor parlamentaria antes de un nuevo “modo electoral” de ver las cosas.