El error de querer reformar la Constitución por la Seguridad Social
La reforma de la Constitución que se pondrá a consideración de la población, junto con las elecciones nacionales, con el eslogan de “plebiscito contra la reforma Jubilatoria”, es algo muy grave.
En principio, la Constitución es para tener un marco legal importante y abarcativo, y no inmiscuirse en detalles de la vida de los ciudadanos que vivimos en el territorio uruguayo.
En segundo lugar, debería haberse recorrido el complejo camino de un diálogo político y social, que no aconteció. Fue idea de un grupo de iluminados de una central sindical, que incluyó a la mayoría sencilla de los dirigentes (hubo oposición), que han visto como bueno eso.
En tercer lugar, solo dos partidos políticos apoyan esta iniciativa, los partidos Socialista y Comunista, que en síntesis representan una reducida parte de integrantes del abanico de representantes políticos del país.
No debemos tener en la Constitución de la República, esas peculiaridades, como la que se implementó también por plebiscito de la obligatoriedad que el suministro de agua potable esté en manos del Estado. Hoy se han dado muestras de inoperatividad en ese sentido, ya que en una sequía de 2023, por falta de previsión, Montevideo se quedó sin agua dulce. Y para frutilla de la torta en ese “ente” único del agua, una Resolución del Directorio, que expulsaba a dos personas que habían cometido falta grave o delito (por autorizar y cobrar horas extras no realizadas), fue revocada por dos directores de la oposición. Funesto manejo. Uno, que trascendió.
Del BPS, no se puede hablar porque hay siete directores, y sus funcionarios son de los mejor remunerados en la órbita pública. Aunque las jubilaciones de $18.000 que da como prestación, no son las mejores.
La maldad absoluta a la gente que tiene la jubilación mínima (alrededor de $18.000), luego de por lo menos 30 años de trabajo, la hizo el presidente del período 2015-2020 (Dr. Vázquez), que creó por Decreto jubilaciones de privilegio, para los terroristas que atacaron el país en la democracia. Los que cobran la friolera de 55.000 pesos mensuales, sin haber aportado nada al BPS.
Hoy por medio de la fuerza de algunos dirigentes gremiales, como arreando las ovejas, quieren llevar a votar una ideal jubilación, en un país donde el sistema “ponzi”, y falta de trabajadores de reemplazo no la hacen posible. Donde los jubilados son más cantidad que los activos. Donde los activos pueden aportar hasta 13.000 pesos al mes al BPS (por sueldos de 50.000), y cuando llegan ellos mismos a pasivos, es imposible que puedan cobrar los 50.000. De acuerdo al sistema que tenemos, y que en diversos gobiernos han tenido ideas de mejorar. Es lo que hay. Por otro lado es justo decir, que los “malla oro” de la central sindical, ganan mucho mejores sueldos en sus empresas (la mayoría públicas), y están muy por encima de la media de los trabajadores.
Para que la gente firmara para habilitar el plebiscito, le decían que las AFAP eran privadas, y la más grande –AFAP República– está integrada por los bancos estatales de la República, el mismo de Previsión Social, y el de Seguros del Estado. No parece lógico ese argumento, los dueños de AFAP República son todos bancos públicos. Lo que se ahorra en forma individual, es por el esfuerzo de cada uno de los que trabajan. Los que trabajan más, ganan más. Y al tener mayor cantidad de ahorro, tiene una capitalización mayor. Se sabe que el BPS no capitaliza nada.
En muchos casos, la capitalización ha multiplicado por tres el ahorro total de los afiliados. Por eso cuando hubo consulta de “cincuentones”, un pequeño grupo consultó, y un grupo más pequeño aún se desafilió de las AFAP.
El sistema de reparto “solidario” que la central aplaude, en definitiva, desestimula a trabajar, desestimula aportar. Lo que incentiva es a “cobrar” o tener el “derecho” de cobrar, sin aportar. Un clásico de la “viveza” criolla.
Como la central de gremios que patrocina la idea, vive de la viveza criolla, es que lo hacen. Digo viven de la viveza criolla, es porque recaudan dinero del aporte de los trabajadores, con cifras mucho más grande de lo que puede recaudar un almacenero, o un carnicero, o un panadero, o un trabajador hecho “independiente” por el cierre de empresas en los últimos años. Cifras que manejan estos gremios, sin siquiera tener personería jurídica, ni dar parte a la DGI de los fondos que manejan. Algunas sin personería jurídica, por lo que ni siquiera existe una mísera comisión fiscal que los mire. Y en algunos gremios tratan de que no exista la comisión fiscal. O si existe, que no funcione. En entrevistas televisivas no han querido dar información.
Ese mundo de ineficacia, quiere reformar la Constitución de la República, en un marco que luego los habitantes, seremos “esclavos” de la misma. Habrá que aportar cada vez más. Más IRPF (el impuesto que nos dejó de herencia el Cr. Astori a los trabajadores, más IASS –el de los jubilados–), subirán el IVA, y habrá que pagar más de alguna forma, para que el Estado les pague a los jubilados.
El argumento de la edad 65 años para jubilarse, solo hay que googlearlo, y ver que la gran mayoría de los países, se jubilan a esa edad. En Uruguay, antes de 2020, la edad promedio de las personas que se jubilaban era de 62 años y meses. No es mucha la diferencia.
Entre otros conceptos erróneos del texto propuesto, es que no se podrá realizar ahorro individual previsional.
Una tristeza, que se actúe con tanta irresponsabilidad, en un tema tan sensible.
No reformar la Constitución es lo mejor. Que sea el Parlamento legitimado por las urnas, quien realice la ley que sea necesaria. Ponerlo en la Constitución es un gran error.
Los que hablan del “plebiscito de seguridad social” son malintencionados, o más desinformados. Esta reforma de la Constitución la respaldan solo dos partidos políticos, con escasa representación en el Parlamento, y no es justo acompañarla.
Ricardo Sclavi