En los últimos 30 años Uruguay ha ido consolidando un rumbo de políticas ambientales que implican un avance significativo en distintas áreas, acompañado de un desarrollo normativo y de una mayor visibilidad de los temas y problemas ambientales especialmente en la agenda noticiosa y movimientos de la sociedad civil.
Otros de los grandes avances han sido la diversificación de la matriz energética hacia las energías renovables, área en la que nuestro país es líder en el contexto latinoamericano –con más del 98% de su electricidad generada a partir de fuentes renovables-; la creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas con el objetivo de conservación de la biodiversidad. Asimismo, han sido refrendados importantes acuerdos internacionales como el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París.
Estas tres décadas tampoco han estado libres de desafíos y grandes polémicas vinculadas a asuntos ambientales, tales como la instalación de las plantas de producción de pasta de celulosa y el modelo de monocultivo agroforestales, el aumento de la eutrofización de los cursos de agua, los agroquímicos y su incidencia en el medio y la población rural, la gestión de residuos urbanos, la búsqueda de petróleo y el fracking, graves problemas en el suministro de agua potable a la población en Montevideo y, más recientemente, el hidrógeno verde. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que ha apoyado proyectos en esta área, ha destacado la apuesta uruguaya por la acción climática en base a políticas sólidas a nivel nacional, respaldadas por una fuerte participación del sector privado y la sociedad civil, que han adoptado favorablemente los conceptos de sostenibilidad.
En un reciente artículo, los funcionarios del BID Luiz Ros y Sofía Polcaro analizan los avances uruguayos que “se han forjado sobre aspectos que los indicadores no siempre recogen, como la base de su capacidad institucional; la generación y transparencia de datos; y el marco financiero y fiscal”.
En este sentido, señalan como un hito la creación en 2009 del Sistema Nacional de Respuesta al cambio climático, grupo interinstitucional de trabajo bajo la órbita del Ministerio de Ambiente, que comprende, entre otros ejes de trabajo, la elaboración y apoyo a la implementación de los compromisos del país ante el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, ratificado en 2016; y través de la cual se ha impulsado el desarrollo de un marco normativo y de acción que incluye a la Política Nacional de Cambio Climático, las contribuciones determinadas a nivel nacional, la Estrategia Climática de Largo Plazo, junto con una serie de otros instrumentos de gestión frente al cambio climático, como los Planes Nacionales de adaptación en agro, ciudades, costas y energía. Mencionan también como un aspecto importante en el cual Uruguay se destaca en la región, a la gestión de apertura y transparencia de datos mencionando expresamente al catálogo de datos abiertos que incluye los Inventarios de Gases de Efecto Invernadero, el Balance Energético Nacional con su extensa serie histórica. En este sentido, también recuerdan que en 2020 el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializó su intención de jugar un rol mayor en la formulación de política pública para cambio climático y comenzó a desarrollar una hoja de ruta para internalizar el cambio climático y la conservación de los recursos naturales en la política económica a través del desarrollo de instrumentos financieros.
Asimismo, en conjunto con el Banco Central del Uruguay, con el apoyo del BID, el país ha instalado una agenda con el sector financiero en la Mesa de Finanzas Sostenibles y ha comenzado a trabajar en el desarrollo de una taxonomía verde. A nivel regional, el país ha accedido a fondos de financiamiento para el “enverdecimiento” de la gestión fiscal y también se encuentra trabajando en un proyecto piloto de capital natural y biodiversidad ejecutado por la Universidad de Stanford.
En materia de infraestructura los analistas destacan el trabajo que se está realizando para la descarbonización del sector energético a través del desarrollo del hidrógeno verde y el desarrollo de un Protocolo de actuación de sequía e inundaciones. Asimismo, se ha avanzado en la mejora del hábitat y la provisión de soluciones habitacionales a familias que vivían en asentamientos irregulares. En materia de agroecología mencionan el desarrollo de un set de indicadores de huella ambiental ganadera, coordinado por un grupo interinstitucional que permitió generar información para la toma de decisiones y el trabajo actual para el desarrollo de un sistema de alerta temprana ejecutado por el Sistema Nacional de Emergencias.
Entre los principales desafíos hacia el futuro se encuentran, fundamentalmente, los relacionados a la degradación de los suelos, la contaminación del agua que afecta la calidad del agua potable y la vida acuática debido al excesivo uso de pesticidas y fertilizantes junto con el drenaje de aguas residuales sin tratamiento adecuado en diferentes zonas del país, así como los desafíos relacionados a la adaptación y mitigación al cambio climático, incluyendo los recursos hidrícos y la ya mencionada descarbonización de la matriz energética.
De estos temas poco o casi nada se ha hablado en la campaña electoral reciente (y actual), en la que la discusión de las políticas ambientales ha estado ausente del debate público. No obstante, asuntos como un Plan Nacional de Riego (Partido Nacional) o Plan Nacional de Desarrollo Sostenible del Riego (Frente Amplio) y la promoción del hidrógeno verde están presentes en los programas de ambas fuerzas políticas y deberían formar parte de la discusión pública. Lo que allí se indica es que el Frente Amplio prevé regular el uso de recursos naturales, como el agua, en producción de hidrógeno verde, establecer cánones de explotación y considerar el ordenamiento territorial otorgando el liderazgo a las empresas públicas en la producción de nuevas fuentes energéticas. El Partido Nacional por su parte, prevé continuar la hoja de ruta trazada por el actual gobierno en cuanto al hidrógeno verde atendiendo fundamentalmente a su gran potencial de exportación. Ninguna de las dos fuerzas políticas que definirán quién será el futuro presidente de los uruguayos menciona establecer un canon al uso del agua, que es un tema que constituye un reclamo de ciertos sectores de la sociedad civil. Sin embargo, de aplicarse en el proyecto de hidrógeno verde habría qye hacerlo también para cualquier otra industria existente, y eso sí que tendría consecuencias económicas para el país.
El acceso y uso del agua como recurso vital sobre el cual la Constitución de la República señala que constituye un recurso unitario y “subordinado al interés general priorizando el abastecimiento a la población” parece constituirse como un tema ineludible desde la perspectiva del balotaje y un posible debate entre los presidenciables Yamandú Orsi y Álvaro Delgado. Sin duda, hay mucha más tela para cortar en materia ambiental.
