En Uruguay, los puestos laborales con mayor demanda se concentran en trabajos de menor calificación, una constante que no ha cambiado con el paso de los años.

Según el monitor de la consultora de recursos humanos Advice, la demanda laboral creció un 12,8 % el año pasado, generando 74.000 oportunidades de empleo en el mercado uruguayo. Los cargos relacionados con ventas, gestión comercial y marketing representaron el 27 % de estas oportunidades. Sin embargo, las empresas tecnológicas —especialmente las enfocadas en inteligencia artificial y otros rubros— registraron un incremento del 260 % en la demanda, en comparación con 2023.

Los puestos no calificados aumentaron un 34,7 %, mientras que los de baja calificación crecieron un 17,5 %. Este crecimiento contrasta con la estabilidad e incluso retracción de los puestos de alta y media calificación.

En este contexto, el mercado laboral uruguayo evidenció una mayor dinamización en los sectores de baja calificación, impulsada por la reactivación económica y la recuperación pospandemia de sectores como la construcción, el comercio y los servicios. Desde una perspectiva de generación de empleo, esto puede considerarse positivo, especialmente al beneficiar a una parte de la población con menores niveles de calificación. No obstante, surge el problema de los bajos salarios, un tema que las autoridades del próximo gobierno han prometido analizar.

Según el Instituto Cuesta Duarte del Pit Cnt, más de 500.000 trabajadores reciben salarios iguales o inferiores a 25.000 pesos. El informe advierte que los salarios sumergidos son “un rasgo estructural del mercado laboral uruguayo”, pero señala con preocupación el retroceso observado en los últimos años. Además, subraya la necesidad de un “impulso más fuerte de la política salarial”, que a través de la negociación colectiva garantice incrementos reales significativos, con especial énfasis en el salario mínimo nacional y en los sectores más vulnerables.

La disyuntiva entre los niveles salariales, la capacitación de los recursos humanos y las crecientes exigencias de un mercado laboral tecnificado es evidente. La irrupción de la inteligencia artificial (IA), el teletrabajo y los cambios en las reglas del mundo laboral han puesto en el centro del debate nuevas variables que, antes de 2020, no tenían tanta relevancia.

Este escenario afecta particularmente a las mujeres y a los jóvenes menores de 25 años, quienes son los más perjudicados por los salarios bajos.

Además, tras la reactivación de las actividades y la mejora de las variables económicas, muchos trabajadores no han contado con la capacitación necesaria para adaptarse a las nuevas demandas. Este déficit de formación ha contribuido al deterioro de ciertos empleos y a la informalidad, ya que un porcentaje significativo de trabajadores no está registrado en la seguridad social.

El desafío estructural de Uruguay es lograr una mayor calificación de su fuerza laboral para garantizar mejoras salariales sostenibles. Sin embargo, un alto porcentaje de la población no ha completado el ciclo básico y presenta bajos niveles de alfabetización digital. Además, las mujeres con menores calificaciones suelen estar dedicadas al cuidado de niños o personas mayores, una tarea que el sistema, en general, no compensa adecuadamente.

Por otro lado, las empresas de sectores tecnificados, tanto en la gestión como en la ingeniería, han manifestado su preocupación por la falta de personal capacitado. El crecimiento de la demanda laboral refleja la reactivación económica, pero también evidencia la brecha entre las necesidades del mercado y la oferta de recursos humanos calificados.

Al analizar el desempleo por regiones, se observan contrastes significativos. Por ejemplo, al norte del río Negro, persiste un desempleo estructural elevado, acompañado de altos índices de informalidad. En diciembre, el Instituto Nacional de Estadística registró un promedio de desempleo del 7,4 %, aunque departamentos como Tacuarembó (13,8 %), Río Negro (12,9 %) y Rivera (9,5 %) superan ampliamente esta cifra. La informalidad también es preocupante en Artigas (45,4 %), Cerro Largo (45 %) y Rivera (43 %), especialmente en las zonas de frontera.

En contrapartida, departamentos como Canelones, Maldonado, Colonia, San José y Paysandú registraron los mayores aumentos de nuevos aportantes a la seguridad social en los últimos cinco años, lo que representa una mejora en comparación con 2023. Sin embargo, sería simplista pensar que este panorama estructural se resolverá únicamente abordando los aspectos salariales.

Es necesario un enfoque más amplio que incluya políticas de formación, incentivos para la capacitación y medidas que promuevan la inclusión laboral en sectores tecnificados. De lo contrario, el problema de los salarios sumergidos y la falta de oportunidades de calidad seguirá siendo una asignatura pendiente en Uruguay.