Hemos comentado acá recientemente que se ha hecho demasiado extenso para los tiempos que corren el período de transición que previó la Constitución de la República en 1830, que se mantiene invariado desde entonces. En este lapso hemos tenido declaraciones de varios de los ministros que integrarán el próximo gabinete, pero ninguna tal vez con la repercusión que generaron las manifestaciones de quien liderará en esta nueva etapa del país el Ministerio del Interior. Hablamos del exfiscal Dr. Carlos Negro, quien en una entrevista afirmó que “la guerra contra el narcotráfico está perdida”. Lo expresó así en una entrevista en Radio Sarandí en la que sostuvo que lo que se puede hacer “y eso es evidencia, no estoy diciendo nada nuevo, es tratar de controlar un mercado que es tan lucrativo que hace que sea imposible su eliminación”.
El futuro jerarca planteó que no hay una ecuación “que determine que a mayor nivel de tráfico de drogas, mayor cantidad de homicidios. Eso no es así por más que el sentido común indica eso”. Y citando el caso de Argentina afirmó que “nadie puede pensar que Buenos Aires tenga menor tráfico que Montevideo y sin embargo tiene la mitad de homicidios cada 100.000 habitantes, por año. Entonces, no hay una relación de ese tipo”. Sin embargo, entiende que “el control del narcotráfico puede llevar a una disminución de la criminalidad. ¿Por qué digo el control? Porque el combate, esta guerra, esta forma de denominar a lucha contra el narcotráfico, como una lucha, como un combate, está perdida”.
Ese fue el contexto de la conversación. No hace falta investigar mucho para confirmar que, como era de suponer, en posteriores entrevistas buena parte del foco estuvo puesto en estas declaraciones, que el designado Secretario de Estado fundamentó bajo el argumento de que no se trata de una apreciación propia sino de constataciones que otros han realizado anteriormente y que deberían guiar los pasos futuros del accionar en la materia.
Cuando se ingresa en el buscador Guerra contra los narcos, indefectiblemente las principales referencias son a México y al gobierno de Felipe Calderón, que en 2006 lanzó, justamente, su guerra frontal contra el narcotráfico, militarizando la lucha contra el crimen organizado. Calderón envió 6.500 militares a Michoacán a combatir los cárteles de la droga. De ahí a la fecha se registran 30.000 homicidios por año en México. “Tres veces más que cuando Felipe Calderón llegó al poder en 2006”, plantea el periodista francés, Frédéric Saliba, autor del libro “Cárteles, un viaje al país de los narcos”, una obra fundamental para entender las consecuencias de la militarización.
“Una cifra brutal que da cuenta del fracaso de las políticas mexicanas para luchar contra la violencia durante los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y también bajo Andrés Manuel López Obrador”, comenta el artículo publicado en la web de france24.com, que también refiere del gobierno de López Obrador la aplicación “sin mucho éxito” de la estrategia ‘Abrazos no balazos’, que pretendió complementar el ataque frontal, que no cesó. Considera que esta estrategia llegó un poco tarde”.
Otro ejemplo en el mismo sentido ocurrió en Ecuador, donde el gobierno de Daniel Noboa dispuso el despliegue de miles de militares para hacer frente a la escalada de violencia con la orden de “neutralizar” a los grupos vinculados con el narcotráfico y crimen organizado, según refiere una nota en BBC Mundo fechada en enero del año pasado. Ecuador había modificado meses antes su Constitución para ampliar las competencias del Ejército “para que las Fuerzas Armadas apoyen también en el combate al crimen y la lucha contra las drogas”.
Hace apenas una semana, el miércoles 19 de febrero, el gobierno ecuatoriano anunció que solicitará a “países aliados” el envío de “fuerzas especiales” para reforzar su guerra contra bandas del narcotráfico, cuya cruenta disputa por el poder mantiene atemorizada a la población. “Las mafias y el narcotráfico operan en redes internacionales, por lo que es necesario actuar juntos para combatirlos de forma más efectiva”, sostuvo el Gobierno de Noboa, quien mandató a su Cancillería que, “respetando el marco constitucional y utilizando los canales diplomáticos correspondientes, realice los acercamientos para coordinar esfuerzos y establecer acuerdos de cooperación para este objetivo”. Agrega la cita al comunicado oficial en el artículo publicado en la página en español de la Deutsche Welle (dw.com/es) que “enfrentar un enemigo común —las mafias y el crimen organizado— requiere unidad y decisiones firmes. Esta propuesta, junto a otras acciones lideradas por el gobierno de El Nuevo Ecuador, busca fortalecer la seguridad del país”. Enumera a continuación otros ejemplos como el ya referido de México, y el caso de Colombia, por supuesto.
Entonces, si no queremos darle la razón al Dr. Carlos Negro y asumir que la guerra está perdida, debemos cuando menos admitir que viene bastante complicada y que está suponiendo una erogación importante en recursos, un gasto que hay que estar dispuesto a afrontar en caso que se quiera embarcar al país en un viaje de estas características, como no parece ser el caso, a estar por lo declarado por el futuro jerarca.
Ahora bien, tampoco es que no se esté haciendo nada en Uruguay, porque como es bien sabido y nos ha quedado claro con las recientes visitas de los Youtubers que hemos comentado, una de las banderas de nuestro país en el mundo ha sido la legalización del consumo de cannabis, o mejor argumentado, la regulación del mercado. Ya hemos referido a esta experiencia partiendo de los datos que el mismo instituto regulador Ircca publica periódicamente. Podría decirse, siguiendo la misma lógica, que en vistas de cómo han crecido los homicidios —y la violencia de estos hechos— en nuestro país en los últimos años, y la relación de estos casos con el control del narcotráfico y disputas entre bandas, que tampoco ha sido una gran solución el camino alternativo que habíamos emprendido. Pero el problema no está en los consumidores uruguayos, porque esta violencia está referida a la actividad del tráfico hacia el extranjero, pero sobre al acopio temporal, como expuso recientemente el periodista Gabriel Pereira. Uruguay se ha convertido en un resguardo de mercadería en tránsito. Allí es donde está el negocio —un millón de dólares por puerto por tonelada, refirió— y no en la sustancia que se pueda “colocar” en nuestro país, a un precio mucho menor que el que alcanza cuando se vende en destino —y que no es cannabis—. Porque sí. La clave de este problema es que hay demasiadas personas dispuestas a pagar demasiado dinero por demasiada droga en los países desarrollados y ese dinero el que se vuelca a nutrir toda esa cadena delictiva que hace posible que la droga llegue.
Para muchos es una leyenda, para otros es cierto que Pablo Escobar en 1984 ofreció pagar la deuda externa de Colombia. El dato preciso es que contaba con recursos como para hacerlo —lo que ofreció en el marco de una negociación fue regresar al país sus activos en el extranjero, unos 2.000 millones de dólares, según él—.
Así de desigual es esa pretendida guerra.