Desde el pasado fin de semana, se ha informado sobre la existencia de varias amenazas de bomba, así como también sobre la amenaza de un atentado. Se trata de hechos que nos son poco comunes y que han ocasionado múltiples inconvenientes en el funcionamiento habitual de diferentes shoppings de la capital, así como, en la víspera, en los distintos servicios y sedes de la Universidad de la República (UdelaR) en todo el país.
Según lo informado oficialmente por la UdelaR, en la madrugada del miércoles 26 de marzo, el Rectorado de la Universidad de la República recibió una amenaza de atentado por correo electrónico. De acuerdo con lo que trascendió a la prensa, en la misiva, una persona amenazaba con dirigirse a alguna sede de la UdelaR para matar a la mayor cantidad posible de personas.
En consecuencia, las autoridades universitarias radicaron la denuncia policial, lo que desencadenó la inmediata actuación del Ministerio del Interior. Asimismo, se decidió suspender las actividades centrales hasta las 13 horas y se exhortó a suspender las actividades en todos los locales universitarios hasta la misma hora, en la medida en que las razones de servicio lo permitieran y no afectaran la atención esencial. En la práctica, esto implicó el desalojo de las diferentes facultades y servicios universitarios, con la suspensión de las actividades académicas y el cierre de los edificios.
Previamente, se habían recibido amenazas de bomba en un liceo de Montevideo y, durante el fin de semana, otras dos en Montevideo Shopping y una en el shopping de Punta Carretas. También se registraron amenazas en el centro comercial Portones Shopping y en el edificio anexo de la Facultad de Medicina, a lo que se sumó la advertencia de atentado recibida por el Rectorado de la UdelaR, mencionada anteriormente.
Si bien en ninguno de estos lugares la Dirección Nacional de Bomberos encontró explosivos y, afortunadamente, hasta el momento tampoco han ocurrido incidentes con armas en sedes universitarias, dada la trascendencia de estos hechos, las autoridades se han referido oficialmente a la situación.
En la conferencia de prensa realizada en la víspera, el director nacional de Policía, José Manuel Azambuya, informó que se están investigando todas las hipótesis y que la fuerza está en plena alerta debido a estos hechos, a la vez que se trabaja en conjunto con Fiscalía para monitorear e investigar las amenazas. “Entendemos que no podemos permitir que se perturbe la paz pública, ya sea en centros comerciales o centros de enseñanza. Hasta ahora no descartamos ni relacionamos estos hechos con algún grupo. Todas las hipótesis están siendo investigadas, y la Policía está en plena alerta”, explicó el director de la Policía Nacional.
Aunque, debido al desarrollo de las investigaciones, las autoridades no han proporcionado mayor información, se sabe que la Policía y la Fiscalía están trabajando en varias hipótesis para determinar la procedencia y autoría de las llamadas y amenazas recibidas.
A primera vista, parecería que, en los tiempos actuales, no debería ser tan difícil seguir el rastro de una llamada telefónica o de una dirección IP desde donde se envía una amenaza por correo electrónico. Sin embargo, lo cierto es que se trata de asuntos complejos y que, en la vida real –al menos en Uruguay– estas cuestiones suelen no esclarecerse con la celeridad que habitualmente vemos en las series y películas policíacas.
Tampoco es infrecuente la ocurrencia de amenazas de este tipo en nuestro país. Según informó Subrayado, en 2024 la Policía recibió 15.335 llamadas por bromas o insultos, de las cuales 101 fueron por amenazas de bomba. En el mismo período, hubo 9 llamados al 911 para advertir sobre la presencia de bombas en lugares que no eran centros educativos. De esos casos, cuatro fueron calificados como falsas alarmas y en otros cinco se encontraron elementos sospechosos, pero en ningún caso se hallaron explosivos.
La normativa establece que el Ministerio del Interior puede bloquear líneas telefónicas para evitar que se comuniquen al 911; el año pasado fueron bloqueados 12 números de teléfono o celulares. Además, la Ursec puede cortar definitivamente la línea como consecuencia de este tipo de llamados, que despliegan operativos y afectan el tiempo de respuesta de Bomberos.
Por otro lado, la normativa vigente prevé que la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) imponga una multa de entre 10 UR y 100 UR (de $18.000 a $181.000) a quienes utilicen los servicios de emergencias para hacer llamadas falsas o bromas.
Sin embargo, no siempre se trata de simples bromas sin mayores consecuencias. Como se recordará, el año pasado un adolescente de 14 años, detenido en un allanamiento en el departamento de Rocha, fue formalizado por atentado contra la integridad del territorio nacional –una infracción gravísima a la ley penal– después de afirmar que iba a ocurrir un ataque en “un lugar que reuniera mucha gente”.
Los sanduceros tampoco podemos olvidar el brutal asesinato de nuestro coterráneo y muy apreciado vecino David Fremd, conmemorando nueve años del hecho el pasado 8 de marzo, aunque en este caso no hubo amenaza previa. David murió solo por el hecho de ser judío, algo inimaginable en el Uruguay de ese momento, pero que hoy, debido a la fuerza de los hechos, nos obliga a considerar como plenamente posible.
Entonces, ¿son bromas o hechos que debemos asumir como posibles las amenazas de bombas y atentados recibidas estos días? ¿Por qué ocurren tantas en tan poco tiempo? ¿Qué se pretende con ellas? ¿Alguien se está divirtiendo con estas, quizás, “falsas alarmas” o se está probando el sistema de respuesta, sobrecargándolo y estresándolo, obligando a la Policía y a los Bomberos a movilizarse constantemente, como conjeturó el exministro del Interior Nicolás Martinelli? Y si fuera esto último, ¿con qué objetivo? Son preguntas válidas que nos hacemos hoy los ciudadanos uruguayos y que requieren respuestas certeras, basadas en investigaciones exhaustivas, seguidas de la identificación de los responsables y la aplicación de las sanciones correspondientes con todo el peso de la ley. Y en este caso sí, la sanción no puede ser una broma, sino contundente como para dejar claro que con la seguridad pública no se juega.
Porque este tipo de situaciones también daña la imagen del país hacia el exterior y, fundamentalmente, porque queremos seguir viviendo con la tranquilidad de que nuestros jóvenes estarán seguros en las aulas y de que cualquier persona pueda ir a hacer sus compras o trabajar en un comercio sin temor a no volver. Claramente, no es ese el Uruguay que queremos. → Leer más