El 70% de los médicos en Uruguay se encuentran en Montevideo y la zona metropolitana. Del porcentaje restante, la mayoría se radicó en los departamentos al sur del río Negro y muy pocos al norte. Los datos, constatados por la Universidad de la República, impulsaron a acciones y desde hace unos años se habilitó a realizar la carrera de Medicina de manera completa entre las sede de Paysandú y Salto. Esa posibilidad mejora la desigualdad vista desde las dos puntas. Tanto desde la mirada en la atención a los usuarios como en las posibilidades de hacer una carrera a quienes no accedían por razones económicas.
La descentralización fue posible gracias a un proceso de largas gestiones efectuadas por sucesivas autoridades. Los referentes académicos de ambas sedes universitarias son coincidentes en señalar que este logro llevó, al menos, 20 años. Ese largo “mientras tanto” consolidó en el territorio la falta de especialistas, las demoras en respuestas ante las solicitudes de fechas, estudios y diagnósticos. Dificultades que persisten, de acuerdo al último informe divulgado por el Ministerio de Salud Pública, porque si bien la Universidad seguramente cambiará las cosas en el futuro, las nuevas generaciones de estudiantes tardarán algunos años en obtener sus títulos.
En su primer informe, la cartera asumió que el sistema de atención requiere estrategias de corto, mediano y largo plazo. El ministerio constató un deterioro en varias áreas que forma parte de un proceso.
El primer problema detectado es que los usuarios no reciben atención en tiempo y forma, así como perciben que “sus instituciones no están centradas en las personas”.
Sin embargo, la realidad indica que cada día marcado en el calendario con destino al fomento de buenas prácticas o dedicado a una patología específica, se carga con el énfasis en la prevención y atención a las señales de alerta para llegar a tiempo con los tratamientos.
Lo que ocurre es que las campañas de promoción no se encuentran a la altura de las circunstancias, mientras la población tiene una fuerte carga de enfermedades no transmisibles, por envejecida, por hábitos de alimentación y por registrar con mayor frecuencia problemas crónicos.
Entonces, a falta de educación, por lo que la población asiste a las puertas de emergencia de los hospitales o las mutualistas, al punto tal de tensionar la atención sanitaria en determinados momentos del año.
El MSP se fijó la prioridad de “lograr una mejora de la calidad de la atención a la salud en todo el territorio nacional brindando atención de forma oportuna y con la debida continuidad y calidad asistencial acorde a las necesidades de atención de la ciudadanía”.
Para cumplir a cabalidad con esa prioridad, será imprescindible adjudicar mayores recursos presupuestales e incentivos económicos que resulten atractivos a la radicación de especialistas y otras necesidades técnicas en el interior del país. Y eso no siempre se logra en poco tiempo. Como ejemplo, se pueden citar las largas gestiones que implican la instalación de un IMAE en esta zona y su puesta en funcionamiento. O algo que nos resulta más cercano a los sanduceros, como la construcción del Hemocentro Regional en Paysandú que atravesó varias administraciones con diversas explicaciones sobre la imposibilidad de cristalizar el proyecto.
La canasta del Plan Integral de Atención a la Salud “está desactualizada”, con procedimientos y tratamientos por fuera con precios “desregulados y excesivamente altos”, dice el MSP. Un planteo que los usuarios no se cansan de elevar a las sucesivas autoridades, así como a los medios de comunicación, junto a las dificultades de acceso a los medicamentos.
El cuarto punto está dedicado a las policlínicas o también denominado primer nivel de atención, donde “no siempre funciona adecuadamente” como puerta de entrada al sistema. En Paysandú, se han cerrado algunas por deterioro en sus edificios con fecha incierta para su reapertura y otras, aún abiertas, también tienen este problema. Y si bien el actual gobierno considera que no debieron cerrarse, ya manifestaron que su reapertura está condicionada a los recursos con los que cuente el sistema, y su viabilidad.
Por lo demás, tampoco se han observado en los distintos gobiernos la existencia de fuertes campañas que posicionen a las policlínicas como una puerta de entrada que resuelve un alto porcentaje de los problemas de salud de los usuarios. Al contrario, hay una elevada percepción negativa sobre la atención y el acceso a tratamientos o diagnósticos.
El siguiente punto refiere al incumplimiento de la Ley de Salud Mental –Ley N° 19.529– aprobada en el año 2017. Desde su creación hasta hoy, son varios los especialistas que reiteran la imposibilidad del cierre definitivo de los dispositivos monovalentes, o colonias, la rehabilitación e inclusión social de las personas afectadas. Y ese plazo estaba previsto para este año 2025, según lo señala el artículo 38 de la citada ley.
Pero tampoco se cumple con la accesibilidad, continuidad de la atención o seguimiento de los usuarios ni con el trabajo intersectorial, que tuvo tanto énfasis durante la discusión de la ley en el ámbito parlamentario. Es decir, en solo ocho años quedaron más claras las dificultades que las soluciones a un problema de salud que crece en la población. El Ministerio destacó entre sus principales problemas, que los usuarios “no siempre son escuchados” en sus reclamos, así como tampoco “se garantiza en todos los casos respuestas y soluciones a los problemas visibles”. El modelo de “escucha” puede ser efectivo sólo si soluciona el problema de acceso a la atención que presenta una población específica. Porque el diagnóstico ya está claramente detallado por las autoridades entre sus prioridades y no todo requiere de recursos presupuestales, sino la voluntad de solucionar y centralizar para evitar desplazamientos por trámites.
En líneas generales, no se observa un seguimiento de los temas ni los compromisos adquiridos por el Estado en algunas materias específicas, como por ejemplo la salud.
De hecho durante el año 2021, la Cámara de Diputados sumó apoyos a un proyecto piloto para lograr la radicación de médicos en 10 localidades y pueblos del interior donde no existía –y aún no existe– atención permanente.
En algunos lugares, hubo intendencias y municipios que acondicionaron o directamente compraron viviendas a la espera de la radicación de un médico que nunca llegó. Aquel aditivo de la Rendición de Cuentas que proponía crear un “programa para el fortalecimiento de la atención médica en el ámbito rural” es aún un sueño de largo aliento. Es imposible pensar que estas prioridades demoren tanto tiempo en solucionarse dentro de un territorio de poco más de 176.000 kilómetros cuadrados. → Leer más