Cuando van transcurridos casi dos meses de gobierno, sobre todo desde filas frenteamplistas se señala que el gobierno que encabeza el presidente Yamandú Orsi se mantiene en una especie de stand-by, sin grandes anuncios y mucho menos acciones, contrariando en alguna forma el sentimiento de muchos de sus votantes que posiblemente apostaban a que desde el primer momento, y mediante la aprobación de determinadas leyes, se cumplieran promesas y compromisos electorales asumidos en campaña por las nuevas autoridades.
En realidad algo de eso hay, y desde la oposición se indica que este lento tránsito hacia la acción ejecutiva se debe a que el partido de gobierno se lanzó con todo en campaña a tratar de ganar la elección, pero sin grandes luces para planificar lo que iba a hacer en el gobierno.
Es cierto que la personalidad del presidente no es la de apresurarse a tomar decisiones, y una muestra clara la tuvimos con el titubeo respecto al sonado caso de la exministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo, cuando tras varios días de “procesar” información, recién a la semana le pidió la renuncia a la exsecretaria de Estado.
Pero es cierto, hasta ahora no han surgido grandes anuncios y ni siquiera lineamientos acerca de temas de primera prioridad, más allá de darle continuidad a determinados programas ya en marcha. Lo que está bien, precisamente, porque de eso se trata un gobierno, de corregir lo que se entienda que está mal o no condice con la propuesta electoral, pero a la vez de dar continuidad a lo que sirve para el país, en tanto se consideren correctivos o se generen condiciones para redoblar la apuesta o ir en otra dirección, llegado el caso.
Lo que sí es seguro es que todo gobierno con sentido de responsabilidad, sin llegar a hacer “temblar las raíces de los árboles”, como había anunciado en su primera presidencia Tabaré Vázquez –lo que por supuesto no se concretó– debe asumir que no hay mucho margen de maniobra, o que la interna dentro de la fuerza de gobierno es tan feroz que cualquier decisión relevante que tome provocará un caos en sus filas.
En este stand-by, sí el nuevo gobierno ha llevado adelante algunas decisiones que tienen más bien carácter simbólico y/o signo ideológico, algo así como para hacer ver que ahora gobierna la izquierda, con señales contundentes hacia los grupos afines, como los sindicatos de la enseñanza o un guiño al régimen de Nicolás Maduro, al no reconocer al gobierno electo de González Urrutia en las últimas elecciones venezolanas.
Tenemos así que el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) levantó hace pocos días dos sanciones impuestas en el gobierno anterior hacia una maestra y la directora de la Escuela 35 en el barrio Buceo, luego de que la docente leyera una carta de la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu) que criticaba la reforma educativa impulsada en la anterior administración.
El hecho había ocurrido en marzo de 2023, cuando la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (Dgeip) sumarió y sancionó a la maestra y directora con una suspensión de 30 días y la retención del 50% de su salario. En ese entonces, las sumariadas presentaron un recurso de revocación, expediente que la DGEIP desestimó en setiembre de 2024 y elevó al Codicen.
Con el cambio de gobierno, la actual administración resolvió anular la sanción, al entender que la actuación de ambas docentes se enmarcó dentro del ejercicio legítimo de la libertad sindical, lo que pese a todo, desde el punto de vista objetivo debe considerarse como una violación de la laicidad, y la decisión del nuevo Codicen se encuadra en consideraciones político – ideológicas.
Más allá de estas concesiones a sectores afines –totalmente intrascendentes, por cierto–, también el propio presidente indicó que la situación deficitaria de Ancap era peor que la que se había indicado por el gobierno saliente, y consideró que había que adoptar acciones para corregir este desfasaje en el organismo estatal, en tanto voceros de la exadministración de Lacalle Pou consideraron que esta realidad no es tal y que de lo que se trata es de que se procura preparar a la ciudadanía para aprobar un ajuste fiscal.
Precisamente el excandidato presidencial Alvaro Delgado hace pocas horas a EL TELEGRAFO que “vieron un capítulo y no la serie. Están preparando lo que va a pasar la semana que viene”, con el precio de los combustibles.
Advirtió que “hay una caída importante en el precio del petróleo Brent y del West Texas Intermediate, bien importantes. A diferencia de lo que hacíamos nosotros, que con la LUC usábamos el precio de paridad de importación, ahora vuelven a fijarse por la necesidad de caja”, en tanto consideró que el déficit del año pasado se debió a “un conflicto sindical vinculado a la asociación que queríamos hacer con empresas privadas para no seguir perdiendo plata en el cemento Portland. Eso agregó cada día un lucro cesante de 390.000 dólares. Ninguno de los que hoy habla de déficit ha advertido la situación de conflicto que se vivió. Pero considerando el quinquenio, hay un claro superávit de 200 millones de dólares”.
Al ser un ente monopólico en los combustibles, como en estos momentos en que hay una baja del petróleo, claramente las autoridades del organismo han optado por hacer caja, por lo que se absorbe esta diferencia favorable sin trasladarse la rebaja al consumidor en aras de mejorar la situación financiera del ente.
Es decir, se trata de una decisión discrecional, que tiene en cuenta las finanzas del Estado contrariamente a lo que estaba vigente, en que se hacía un traslado –hasta cierto punto– del precio de paridad de importación al precio al consumo. En estas dos bibliotecas hay algo de razón, por cuanto de un modo se atenúan las grandes fluctuaciones, en tanto por el otro se hace un traslado directo de los beneficios o perjuicios de los precios internacionales.
Y muy poco más, por ahora, lo que no quiere decir que se haga un juicio de valor negativo de este período de gobierno. Es todavía muy poco tiempo para evaluar, hay que dar tiempo a que el ministro de Economía y Finanzas y su equipo puedan desarrollar sus políticas, en coordinación con los demás ministerios y áreas de gobierno, y en suma, las cartas recién podrán mostrarse cuando se elabore el nuevo presupuesto.
Es el momento en que se verán las patas a la sota, ante la posibilidad real de contar con recursos para ejecutar las políticas que permitan o no dar cumplimiento a los compromisos electorales, y hasta dónde. Lo demás es por ahora más que nada especulación y el tira y afloje tradicional de los intereses que inciden en el juego político y el consecuente relato hacia el ciudadano de a pie. → Leer más