Buenos Aires, (Por Horacio R. Brum).- “Hay que destacar que estas infracciones al orden constitucional estuvieron generalmente rodeadas de un cierto apoyo de la opinión pública. O hubo sectores que los alentaron previamente o existió una adhesión posterior. Nunca se produjeron sin algún tipo de aliento civil”. Esa es una de las explicaciones que el gran historiador argentino Félix Luna (1925-2009) dio en una obra sobre los golpes militares en su país, una explicación válida también para cierta tendencia nacional a preferir como gobernantes a las personalidades autoritarias. 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976 definen una sucesión de regímenes dictatoriales, a los que hay que agregar el autoritarismo de los dos primeros gobiernos de Juan Domingo Perón -1946 a 1955-, para tener el balance de que la Argentina no conoció la democracia plena durante la mayor parte del siglo XX.
Actualmente, el presidente Javier Milei sigue gozando del apoyo de una parte importante de la población, pese a que él y su entorno libran a diario una guerra de insultos contra todos los que los critican y se han tomado medidas que afectan la calidad de las instituciones. También en los gobiernos anteriores del kirchnerismo el poder presidencial fue empleado como un ariete contra la oposición y la sociedad quedó dividida en lo que Jorge Lanata, el notable periodista fallecido este año, denominó “la grieta”. Hoy, la grieta está entre los que el Primer Mandatario llama “argentinos de bien” y aquellos a quienes Milei y los suyos se refieren como “zurdos de m…” y otros calificativos menos publicables. Los ataques permanentes al periodismo independiente (a cuyos representantes el presidente llama “ensobrados”, para significar que están a sueldo de algunos oscuros poderes) preocupan al nivel local e internacional. En su informe semestral sobre la libertad de prensa, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) enumeró varias medidas y actitudes oficiales perjudiciales para el trabajo periodístico, desde la intención de implementar un mecanismo para silenciar, a voluntad del vocero del gobierno, los micrófonos de los profesionales acreditados en la Casa Rosada, hasta el decreto que pasa sobre Ley de Acceso a la Información Pública y deja ese acceso al arbitrio de las autoridades. La Adepa está preocupada además por la tendencia de Javier Milei a agraviar a “periodistas y a voces críticas en general”, una violencia que sus seguidores amplifican en las redes sociales. Organizaciones internacionales, como Reporteros sin Fronteras (RSF) y Amnistía, también observan con preocupación lo que ocurre en Argentina. RSF se declaró “en estado de alerta ante las crecientes amenazas al periodismo en Argentina desde la asunción de Javier Milei”, en tanto que Amnistía Internacional (AI) envió una nota a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para alertar sobre ataques a la libertad de expresión en este país. Además, AI sostiene que las fuerzas de seguridad enfrentan las protestas con un uso de la fuerza que viola los principios establecidos por las Naciones Unidas para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Esta afirmación pudo comprobarse durante varias de las manifestaciones contra el rumbo del gobierno realizadas en las últimas semanas, en especial por los jubilados, decenas de los cuales marchan cada miércoles alrededor del Congreso, para llamar la atención a la insuficiencia de sus haberes. En una marcha, una niña de pocos años fue gaseada por la policía; en otra, una anciana de 81 años fue empujada por un agente y cayó de espaldas al suelo, lo que le produjo una herida en la cabeza, sin que los miembros de las fuerzas del orden la asistieran. El incidente más grave se produjo cuando la manifestación de los pasivos del miércoles 12 del mes pasado, a la que asistieron varias hinchadas del fútbol, dio lugar a choques entre éstas y las fuerzas de seguridad. Un joven fotógrafo fue herido de gravedad en el cráneo por una granada de gas lacrimógeno que, como quedó bien documentado por algunos videos y las imágenes aéreas de un drone, fue lanzada casi directamente a él. En todos los casos, la posición oficial, enunciada a través de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, ha sido la de negar lo ocurrido o culpar de ello a las víctimas. Según la funcionaria, la señora derribada por el policía era una “jubilada patotera”; la madre de la niña gaseada fue responsable, por llevarla a la marcha, y el fotógrafo estaba en el lugar equivocado. Respecto de este último, poco tiempo después de que circularon las imágenes de un drone que mostraban el ataque policial, el ministerio de Bullrich prohibió que estos artefactos aéreos operen sobre el Congreso, la Casa Rosada y la residencia presidencial de Olivos. Lo que las autoridades llaman “el control de la calle” también genera apoyos a la gestión de Javier Milei, pero de la tolerancia a las marchas y los piquetes que tuvieron los gobiernos anteriores, se ha pasado al control de las protestas mediante la intimidación y la presencia excesiva de las fuerzas policiales. La ministra Bullrich acuñó la frase: “el que corta no cobra”, para coartar las movilizaciones de los grupos que dependen de los planes sociales; durante otra marcha de los jubilados, en la estación ferroviaria de Constitución (adonde suelen llegar los participantes de todo tipo de actos que viven en los barrios populares del sur), las pantallas gigantes mostraban este mensaje del Ministerio de Seguridad: “Protesta no es violencia. La Policía va a reprimir todo atentado contra la República”.
En el discurso oficial, quienes protestan con violencia son calificados de terroristas y se los acusa de intentar desestabilizar al gobierno. Tales definiciones podrían relacionarse con un cambio significativo del papel de las Fuerzas Armadas, que el presidente Milei dispuso mediante uno de los numerosos decretos que emplea para evitar el debate parlamentario. Desde 1991, la ley 24.059 prohíbe el empleo de las FFAA en misiones de seguridad interior; el nuevo decreto las autoriza para proteger “objetivos de valor estratégico” y coordinar acciones con las fuerzas de seguridad, cuando éstas lo soliciten. En una muy general definición de las amenazas a los objetivos, el documento dice que ellas pueden provenir de grupos criminales o terroristas, ya sean ellos nacionales o extranjeros.
La Constitución argentina da al jefe del Ejecutivo un instrumento legal que tiene el potencial para convertirlo en un dictador constitucional: el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), con el cual es posible pasar sobre las leyes vigentes. En teoría, los DNU deben ser empleados en circunstancias excepcionales y pueden ser rechazados por el Congreso, pero como la sociedad y una parte de la clase política aceptaron la versión de Milei de que Argentina estaba al borde del precipicio cuando él asumió la presidencia, esos decretos han sido poco cuestionados y han servido para neutralizar al poder Legislativo, donde el gobierno está en minoría. Así, mediante DNU se lanzó la desarticulación -o reforma- del Estado, se designaron para la Corte Suprema dos magistrados del gusto de la Casa Rosada, y se eliminaron las garantías de la ley 27.275 de acceso a la información pública. De esta manera, por ejemplo, se mantienen fuera del escrutinio parlamentario los detalles del nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, que podría llegar a los 20.000 millones de dólares, y se pasa por encima de otra ley, que prohíbe contraer deudas sin la anuencia del Congreso. En un aspecto más personal, Milei logró ser eximido por la Oficina Anticorrupción de informar sobre sus trabajos y empleadores como economista y conferencista desde el comienzo de su carrera política, en 2021.
