Cuando han pasado ya varios días desde la renuncia (o destitución, según quien lo diga) de la exministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo, se suman elementos como para poder evaluar las cosas ya con otra perspectiva, a la luz de los acontecimientos que derivaron en su cese en el cargo, pero también formular otras consideraciones relacionadas con el protagonismo del doble discurso, la subestimación del intelecto de los uruguayos, del partido que sean, y la incidencia de factores político-electorales, que en este caso refiere nada menos que a la proximidad de las elecciones departamentales.
Como es sabido, los hechos se precipitaron a través de una denuncia del periodista Ignacio Álvarez, en su programa La Pecera, de Radio Azul, de Montevideo, quien reveló que nada menos que la ministra de Vivienda tiene su propiedad en forma irregular –en realidad cuatro casas, levantadas en un mismo predio– en un terreno en que hace por lo menos 25 años tiene construcciones, pero sigue figurando en Dirección de Catastro como baldío, por lo que paga muchísimo menos de Contribución Inmobiliaria –cuando la paga–, y tampoco ha pagado el Impuesto de Primaria durante un cuarto de siglo, como así tampoco los aportes al Banco de Previsión Social.
En diálogo con el mencionado periodista, la exsecretaria de Estado reconoció que efectivamente está en forma irregular y que por lo tanto es evasora, a la vez que se comprometió a ponerse al día lo antes posible –era Semana de Turismo– e incluso, en nota ofrecida poco después, dijo que agradecía al periodista por hacerle ver “esta infracción”.
En cualquier país democrático, el solo hecho de que un ministro tenga propiedades inmuebles en situación irregular, –pero mucho más en el caso de quien está al frente de la cartera de Vivienda– bastaría para que tenga que renunciar inmediatamente al cargo, o que el propio presidente disponga su cese, habida cuenta de que es un cargo de confianza del Poder Ejecutivo y directa colaboradora del presidente en llevar a cabo políticas de vivienda.
Pero nada de esto sucedió entonces, lo que no habla bien de los involucrados ni tampoco del grado de conciencia que deberían tener respecto a lo que significa que un gobernante no se haga cargo de sus deberes en materia tributaria, ya sean éstos tanto de índole departamental como nacional.
El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y entre otros dirigentes del MPP, el senador Pablo Caggiani, salieron a defender desde el primer momento a la ministra, porque “simplemente” se trataba de una deuda como tienen decenas de miles de uruguayos por tener sus viviendas en situación irregular, con el argumento de que si se ponen al día no pueden llegar a fin de mes, y entre sus prioridades se quedan con la de hacer frente a sus necesidades inmediatas.
Por lo tanto, ambos entendieron que no era pertinente que la ministra renunciara o que se le pidiera la renuncia, y que por el contrario, subrayaron que con regularizar la deuda ya estaba todo saldado, y aquí no ha pasado nada.
Pero el error tanto de Pereira como de Caggiani fue el de subestimar el sentido común y la forma de sentir de la enorme mayoría de los uruguayos, incluyendo a la mayor parte de la masa de votantes de su partido, quienes en declaraciones públicas cuando podían hacerlo, en el mano a mano, pero sobre todo en las redes sociales, en mensajes enviados a los medios de comunicación, se pararon de punta y cuestionaron no solo el proceder de la exsecretaria de Estado, sino que consideraron una burla la forma en que los dirigentes presentaron el tema ante la opinión pública.
Porque no se trata de un uruguayo más que busca de llegar a fin de mes como puede y que por lo tanto en la encrucijada soslaya el cumplimiento de algunas de sus obligaciones tributarias o de otra índole: la renunciante ministra no era un ciudadano más, sino alguien que durante por lo menos diez años percibió elevados salarios, –en la declaración ante la Jutep de 2020 admitió ingresos entre ella y el marido de 301.000 pesos– incluyendo cinco años como diputada, y que si hubiera tenido la voluntad de regularizar su situación, podía hacerlo al contado o firmar un convenio para solucionarlo. Además, por su condición está perfectamente informada de sus obligaciones tributarias. De hecho ella como legisladora es promotora de que el Estado recaude más para “distribuir” esa riqueza entre los que menos tienen.
Sin embargo siguió adelante, cuando a la vez hay miles y miles de ciudadanos que ganan diez veces menos y que juntan sus escuálidos pesos cuando les toca pagar la cuota para hacer frente a estas obligaciones.
No funcionó por lo tanto el menosprecio intelectual a sus votantes, que se lo cobraron con creces, al punto que posteriormente el propio Pereira y luego Caggiani, reconocieron que no estuvieron en sintonía con el sentir de los frenteamplistas –ni que decir de los votantes de otros partidos– al considerar que la ministra debía permanecer en el cargo, y en una voltereta de doble discurso propia de nuestro sistema político –no son los únicos, por supuesto, pues ocurre en todos los partidos– dijeron luego que el presidente estuvo muy bien al cesar a Cairo o que ésta renunciara, como se prefiera, porque una y otra posibilidad están entrelazadas indisolublemente.
Porque debe reconocerse que el grito de “así no” surgió esta vez de los propios militantes de a pie del Frente Amplio, aquellos que no se “tragaron la pastilla” de la supuesta insolvencia, de la pobreza (trucha) y prioridades irremediables de la exministra, porque saben en carne propia que cuando se atrasan en los impuestos empiezan a correr las multas y recargos que hacen trepar la deuda a situaciones harto difíciles para quien ya se atrasó por problemas de disponiblidad de recursos.
Pero si algo positivo surge de esto, es que mal que bien, se ha estado ante una lección de republicanismo para los uruguayos de a pie, de todos los partidos, en cuanto a la importancia de cumplir con sus obligaciones de la misma forma que se tienen derechos, y a la vez quedó en evidencia –archiconocido, pero no está de más decirlo– que si no se pagan los impuestos el Estado no tiene con qué llevar adelante sus programas en apoyo a la comunidad, el pago de salarios, los planes de vivienda, la salud, etcétera, además de que las intendencias también cuentan con estos recursos para su funcionamiento y ejecución de obras.
En el extremo de la exministra de Vivienda: si todos siguiéramos su (mal) ejemplo, no habría recursos para dar de comer a los niños de los comedores si no se paga el Impuesto de Primaria. Como tampoco llevar adelante la construcción de viviendas. Ni tener recursos para políticas sociales. ¿Cómo se podría exigir a los uruguayos que estén al día con sus cuotas de Mevir y otros planes habitacionales, por ejemplo, si la titular del ministerio no da el ejemplo? ¿O solo se hace políticas sociales con la plata de los otros?
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El Movimiento Pro Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (Mevir) está convocando a un sorteo de aspirantes para la concreción de un nuevo plan de viviendas en la zona de Chapicuy, en el norte de nuestro departamento.
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