A principios de abril, las nuevas autoridades de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) presentaron las cifras de siniestralidad del año pasado, las cuales evidencian que los accidentes de tránsito siguen siendo un problema no resuelto. Lejos de reducirse, la siniestralidad vial aumentó casi un 5%.
Por otra parte, como es tradicional desde hace varios años, el mes de mayo ha sido elegido para una campaña de concientización de alcance internacional conocida como “Mayo Amarillo”, que busca dar visibilidad a un asunto tan urgente como difícil de concretar: reducir los siniestros, la cantidad de personas lesionadas y, especialmente, las muertes evitables en el tránsito.
El Movimiento Mayo Amarillo nació en Brasil en 2014, en el marco de la Década de Acción para la Seguridad Vial promovida por la Organización de las Naciones Unidas, y ha ganado notoriedad internacional a partir del compromiso de organismos públicos, empresas, organizaciones sociales y la ciudadanía. En Uruguay, cada año la iniciativa es liderada por la Unasev, que promueve la participación de diversos actores estatales, a los que también se suman instituciones del sector privado en diferentes puntos del país.
Trabajar por una movilidad segura es una tarea de todos los días del año, pero siempre es bienvenido este esfuerzo nacional e internacional para que el tema esté presente en la agenda de los medios de comunicación y en las acciones que diversas entidades realizan en el territorio, especialmente en escuelas, barrios y organizaciones sociales.
Bajo el lema “Movilidad Humana, Responsabilidad Humana”, el Movimiento Mayo Amarillo invita este año a reflexionar sobre el compromiso que implica desplazarnos con respeto y conciencia. La idea central es que, diariamente, cada una de nuestras acciones en los trayectos que recorremos como parte del tránsito refleja valores fundamentales que contribuyen a una convivencia armónica y solidaria entre todas las personas que comparten el espacio público.
Esos valores y acciones son cada vez más necesarios en un mundo donde los conflictos y la aceleración aumentan, y en el que el “virus del asfalto” sigue siendo mortal, llevándose vidas de personas de todas las edades; aunque, en Uruguay, afecta principalmente a los jóvenes. Y eso no debería ser así en un país de apenas algo más de 3 millones de habitantes.
Según el informe elaborado por el Sistema de Información Nacional de Tránsito (SiNaTrán), como consecuencia de los 21.597 siniestros registrados durante el año 2024, un total de 27.300 personas resultaron lesionadas. Esto implica un promedio de 75 personas lesionadas por día, incluyendo heridos de cualquier entidad y fallecidos. La estadística indica que 434 personas fallecieron como consecuencia de siniestros de tránsito, lo que representa un aumento del 2,8% (12 personas más) respecto a 2023 (422 fallecidos).
En Uruguay, muere en promedio más de una persona por día por esta causa y, lamentablemente, esta situación continúa perpetuándose. En este sentido, vale la pena preguntarse: ¿qué haríamos si recibiéramos la noticia de que una persona muere por día durante todo el año a causa de un virus o enfermedad que no se puede prevenir con alguna vacuna? Años atrás, cuando se registraron los primeros casos de dengue autóctono en nuestro país, después de décadas sin esa enfermedad, se produjo un rápido desabastecimiento de repelentes, tejidos mosquiteros y espirales, como clara señal de la preocupación de la población. Algo similar ocurrió al inicio de la pandemia de COVID-19 con los tapabocas, máscaras y alcohol en gel. Sin embargo, no hemos asistido a ninguna medida preventiva que movilice de manera similar a la población ante el grave problema de los lesionados y fallecidos en el tránsito.
Al presentar el Plan Nacional de Seguridad Vial para el período 2025-2030, las nuevas autoridades de la Unasev reafirmaron su interés en posicionar el tema dentro de las políticas sanitarias y de inclusión social, así como entre las políticas públicas de educación y equidad. En recientes actividades públicas y ante los medios de comunicación, han manifestado también que son conscientes de la necesidad de una respuesta estructural a nivel nacional, sostenida en el tiempo y coordinada entre las diferentes instituciones responsables de atender diversas situaciones vinculadas al tránsito, tanto desde la perspectiva de la prevención como del control, en los ámbitos departamental y nacional.
Indudablemente, hay una importante tarea por delante para las intendencias, especialmente si se considera la alta participación de motociclistas en los accidentes de tránsito, y el hecho de que los siniestros fatales entre motociclistas aumentaron casi un 8% en 2024. Si bien el 80% de los motociclistas involucrados en accidentes llevaba casco, un 20% no contaba con este implemento de seguridad obligatorio. Se trata de un dato relevante, ya que la estadística muestra que quienes no usan casco fallecen el doble que quienes lo utilizan.
Los nuevos escenarios que plantea la reactivación del ferrocarril o los problemas históricos, como los caballos sueltos que continúan provocando accidentes fatales y lesiones graves, deberían poder gestionarse mediante acuerdos institucionales e instrumentos normativos, fiscales y legales adecuados.
En el mejor de los mundos posibles, las leyes deberían poder aplicarse, pero en materia de tránsito en Uruguay no siempre sucede así. Por ejemplo, la complejidad que supone la aplicación de la Ley de Faltas —donde los juzgados se encuentran saturados por la demanda— constituye un nuevo problema a resolver. En este sentido, el director de la Unasev, Marcelo Metediera, solicitó a los directores de tránsito de las intendencias que aporten información sobre cuántos oficios relativos a la Ley de Faltas se remiten a los juzgados y cuántos son efectivamente procesados. “Porque, por un lado, vamos a trabajar en esa información y, por otro, vamos a analizar la capacidad real de los juzgados para ver si podemos utilizar la infraestructura existente o si es necesario contar con nueva infraestructura”, sostuvo.
Si queremos mejorar la calidad de vida de las personas, propiciar el bienestar y la seguridad en el espacio común de circulación —calles y rutas que todos utilizamos a diario—, es necesario abordar con seriedad el problema del tránsito. El inicio de una nueva administración de gobierno nacional y, próximamente, de nuevas gestiones departamentales y municipales, constituye una renovada oportunidad para que quienes son elegidos para gobernar desplieguen la creatividad y los recursos necesarios para abatir tan nefastas estadísticas vinculadas al tránsito.
Claro está, peatones, ciclistas, motociclistas y conductores de todo tipo de vehículos también debemos hacer nuestra parte. → Leer más