Referente de la comunidad ítalo-descendiente en Paysandú e integrante del Comité de Descendientes Italianos contra el decreto-ley N° 36/2025, Alfredo Dolce dialogó con EL TELEGRAFO sobre los recientes cambios que afectan la transmisión de la ciudadanía italiana y las acciones que distintos colectivos están emprendiendo en Italia para revertirlos.
Dolce observa con preocupación las reformas que el gobierno italiano impulsa para limitar el acceso a la ciudadanía por derecho de sangre: si se aprueban, miles de hijos y nietos de italianos en América Latina podrían ver recortados sus derechos históricos.
El 28 de marzo de este año, el gobierno italiano, mediante el llamado Decreto Tajani, introdujo un cambio significativo en el acceso a la ciudadanía. “Se cortó la transmisión de la ciudadanía solamente a hijos y nietos nacidos en Italia, dejando a millones de personas en todo el mundo fuera de la posibilidad de solicitarla”, explicó Dolce.
Se trata de un decreto de urgencia, de aplicación inmediata, vigente desde su publicación en la Gaceta Oficial italiana. “Desde ese momento, si vos vas a la embajada a hacer el trámite, ya no te reconocen la ciudadanía bajo las reglas anteriores”, dijo. No obstante, aclaró que el Parlamento italiano tiene un plazo de 60 días para ratificar, modificar o rechazar el decreto. De no aprobarse en ese tiempo, el decreto caerá y regirá nuevamente la legislación anterior.
Según Dolce, el decreto está ahora en proceso parlamentario: pasó primero al Senado, donde recibe enmiendas, y luego irá a la Cámara de Diputados, con votación prevista “para el 8 de mayo”.
Un movimiento global
La reacción no se hizo esperar. “Formamos un grupo con abogados, gestores y personas esperando su ciudadanía. Son brasileños, argentinos, uruguayos, italianos: de todo un poco”, relató. Esta organización ya venía preparándose desde 2023, cuando se discutía en la Corte de Casación si era constitucional la transmisión tan amplia de la ciudadanía italiana.
“Íbamos a ganar ese fallo, pero ahora nos sacaron este decreto sorpresivamente, que nos encontró organizados, pero no tanto como hubiéramos querido”, admitió Dolce.
Desde entonces, han dialogado con numerosos senadores, tanto del oficialismo como de la oposición. “La mayoría, al entender el alcance del tema, se han declarado contra el decreto o han propuesto enmiendas”, contó. Sin embargo, Dolce advirtió: “Para Italia, el tema de los descendientes de italianos no es un problema importante; su preocupación son los flujos migratorios africanos, musulmanes y de Europa del Este. No tanto nosotros”.
En contraposición, mencionó que España, ante un contexto similar de despoblamiento rural, optó por ampliar los derechos de ciudadanía: “España pasó de reconocer sólo hijos a reconocer también nietos, bisnietos y en algunos casos tataranietos”.
Un trasfondo político
Dolce también subrayó que el Decreto Tajani tiene claras motivaciones políticas: “(La primera ministra italiana Giorgia) Meloni está en la extrema derecha. Muchos que ayudan en el trámite de ciudadanía son patronatos, que históricamente están vinculados a sectores de izquierda. Entonces, esta movida termina afectando a los descendientes, pero también a los sectores que podrían recibir su voto”.
Además, recordó que en Italia existe la figura de la fiducia: si el Parlamento no aprueba una iniciativa clave del gobierno, el primer ministro puede someterla a una moción de confianza. Si pierde, se deben convocar nuevas elecciones. “Algunos dicen que este decreto forma parte de una jugada mayor para debilitar a Meloni y preparar el terreno para futuros cambios de poder”, sugirió.
Más allá de las especulaciones, Dolce fue claro: “Nos están quitando derechos. La Constitución italiana reconoce que, por ser descendiente de italianos, uno es italiano. Regular el trámite es una cosa; desconocer el derecho adquirido, es otra muy distinta”.
Denunció que “hay niños que ya tenían derecho a ser ciudadanos italianos y ahora ese derecho se les quita”, lo que agrava la situación.
Trámites lentos y frustraciones
Dolce también hizo referencia a la histórica lentitud de los trámites de ciudadanía en los consulados. “Esto viene desde hace décadas. En 1995, fui a la embajada con mi familia y nos atendieron a todos el mismo día. Pero ya a principios de 2000, empezó a complicarse: hacían filas y atendían sólo a los primeros 20 de la cola”.
Relató que luego se instauraron sistemas de turnos por internet, como Prenota, pero que nunca alcanzaron a cubrir la demanda. “Cuando mejor funcionaba, el consulado procesaba 2.000 ciudadanías por año, frente a más de 200.000 personas esperando”.
La demora llevó a muchos a iniciar juicios en Italia. “Según la ley de burocracia italiana, si pasa más de cierto tiempo sin resolución, el trámite debe aprobarse automáticamente. Muchos usaron esa vía”, aseveró.
En diciembre pasado, además, se aprobó un aumento en el costo de los trámites: de 300 a 600 euros. “Los representantes de los italianos en América reaccionaron muy tímidamente a ese aumento. No han estado a la altura”, lamentó Dolce. Finalmente, remarcó: “No se trata solo de trámites. Se trata de defender derechos históricos. Nuestra postura es clara: a este decreto hay que decirle que no”.
