Hace siete años, por primera vez en la historia de la humanidad, el número de personas mayores superó al de niños menores de cinco años a nivel mundial, marcando un hito histórico. Para 2030, se prevé que la población mundial de personas mayores supere a la de jóvenes y duplique la de niños pequeños, una transformación que se dará con mayor rapidez en los países en desarrollo.
Esta tendencia global de envejecimiento poblacional —caracterizada por el aumento de la esperanza de vida y la disminución de la mortalidad— es especialmente notoria en América Latina, que se ha convertido en la región que envejece más rápidamente en el mundo.
En este contexto, debemos comprender que el envejecimiento de la población —nuestro propio envejecimiento— está transformando las estructuras sociales a escala global. Y si bien es una buena noticia que la esperanza de vida al nacer supere hoy los 75 años en la mitad de los países del mundo —25 años más que en 1950—, este avance también plantea importantes desafíos para las políticas sociales, los sistemas de salud y la economía. A medida que la población envejece, ha crecido sustancialmente la demanda de servicios integrales de atención sanitaria, cuidados y apoyo social, especialmente para personas mayores que padecen enfermedades como la demencia, el Alzheimer o diversas discapacidades.
Recientemente, distintos organismos e instituciones colocaron el tema de las personas mayores en la agenda pública, al conmemorarse el pasado domingo el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Se trata de una jornada anual, establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de visibilizar esta problemática social que afecta los derechos humanos de quienes transitan esta etapa de la vida.
Actualmente, se considera que el maltrato hacia las personas mayores es una forma de violencia silenciosa, ejercida mayormente por vínculos cercanos en quienes ellas depositan su confianza. A su vez, está comprobado que la discriminación y el maltrato suelen comenzar de forma sutil, muchas veces a través de actitudes o acciones que provienen de otros actores sociales o de la sociedad en su conjunto.
El investigador Leopoldo Salvareza ha propuesto el término viejismo para denominar al conjunto de representaciones sociales negativas, prejuicios, discriminaciones y estereotipos sobre el envejecimiento. Estos incluyen suposiciones y generalizaciones sobre cómo deben comportarse las personas mayores, sin tener en cuenta las diferencias individuales que definen la heterogeneidad de esta etapa natural de la vida.
Desde esta perspectiva, el viejismo se entiende como una forma de violencia social que limita la participación plena, la autonomía y los derechos de las personas mayores, generando exclusión. Por ello, su superación debe asumirse como “un compromiso colectivo de transformación de prácticas, discursos y políticas públicas, alineándonos con los principios de derechos humanos que establece la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”, como han señalado recientemente las autoridades de Inmayores.
La edad es el principal factor de discriminación. Normalizar el maltrato y la marginación por razones etarias atenta contra derechos fundamentales, y provoca que muchas personas mayores se sientan vulneradas en su autoestima y autopercepción.
En lo que respecta al género, las mujeres mayores son las principales víctimas, lo que refleja un patrón de vulnerabilidad que exige atención y respuestas urgentes desde todos los sectores de la sociedad.
La realidad es que, aunque muchas de nuestras abuelas y abuelos a veces teman salir a la calle o incluso permanecen en alerta dentro de sus propias casas por miedo a intrusiones, en nuestro país las principales fuentes de violencia hacia las personas mayores provienen, tristemente, de su entorno más cercano.
Según informó Marianela Larzábal, directora del Instituto Nacional de las Personas Mayores (Inmayores), las mujeres son las principales víctimas de maltrato en este grupo etario, y la mayoría de los casos se produce en el ámbito familiar o en espacios destinados a su cuidado.
Los datos del Servicio de Atención a Personas Mayores en Situación de Abuso o Maltrato revelan, por un lado, la feminización del problema: el 82,8 % de los episodios tratados el año pasado correspondió a mujeres y el 17,2 % a hombres. Por otro lado, se constata que en el 57 % de los casos, las personas mayores fueron agredidas por sus propios hijos o hijas. Asimismo, un 7,5 % sufrió agresiones por parte de nietos o nietas, otro 7,5 % por sobrinos o sobrinas, y un 5,5 % por sus parejas o exparejas.
Las formas más comunes de violencia incluyen el maltrato físico —golpes, empujones o restricciones indebidas, entre otros actos que causan daño corporal—, el maltrato psicológico, emocional y verbal, que genera angustia, miedo, baja autoestima y aislamiento. También se presentan otras conductas perjudiciales, como la negligencia en la atención de las necesidades básicas y de salud, el abandono, y el abuso financiero. Este último incluye el uso indebido de los recursos económicos de la persona mayor, como fraudes, apropiación de bienes o manipulación de cuentas bancarias.
Estas acciones pueden ser puntuales o reiteradas, y producirse tanto por acción directa como por omisión. Pero en todos los casos, constituyen una grave vulneración de derechos y un atentado contra la dignidad de las personas mayores.
Se trata de una problemática compleja, que debe abordarse con urgencia desde las políticas públicas, en el marco de los importantes cambios demográficos ya en curso. Estos cambios requerirán el fortalecimiento de los sistemas sanitarios y de cuidados de larga duración, asegurando la sostenibilidad de la protección social.
En cierta forma, estamos ante una carrera contra el tiempo para tomar decisiones que atiendan la situación social, económica y sanitaria de una población cada vez más envejecida. Esta realidad exige un enfoque holístico en el diseño de las políticas sociales, que contemple la diversidad de experiencias del envejecimiento.
El envejecimiento saludable se perfila como una necesidad urgente, porque en definitiva, lo que está en juego es la calidad de vida de una parte cada vez más importante de nuestra población, en una etapa en la que pueden enfrentar múltiples situaciones de vulnerabilidad, discriminación y pérdida de derechos.
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