Profesionales sanduceros integrados en las respectivas gremiales nucleadas en la Intergremial de Profesionales de la CJPPU (Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios), destacaron a EL TELEGRAFO que adhieren a la medida a adoptarse a nivel nacional de una detención de actividades por 24 horas en la jornada de este lunes, a la vez que aclararon que en áreas esenciales como la salud, se mantendrán los servicios correspondientes y solo se reflejará esta medida en las actividades programadas. En este sentido los profesionales locales, Arq. Raúl González, Ing. Quim. Cristina Moreira, Ing. Agr. Gustavo Guillamon, Dr. M. Vet. Oscar Feed e Ing. Agr. Michel Bourgeois, algunos en actividad y otros jubilados, cuestionaron el proyecto que está en estudio en el ámbito legislativo, promovido por el Poder Ejecutivo, y subrayaron que este proyecto es aún peor que el rechazado en 2023, que promovía el anterior gobierno, con la salvedad de que los que ahora lo promueven estaban en la oposición a la iniciativa, y viceversa.
Señalaron que el tema debe ser procesado sin banderías políticas, porque la situación de la caja es grave, y que se requieren respuestas ante la crisis en primer lugar, pero también y sobre todo promover soluciones a mediano y largo plazo, con mente abierta y atendiendo realidades que rompen los ojos.
El colectivo que integran agrupa a 19 organizaciones de interés en el tema Caja de Profesionales, entre las cuales “la Sociedad de Arquitectos, Sindicato Médico del Uruguay, FEMI, Sociedad de Anestésico – Quirúrgicos, Asociación de Veterinarios, contadores, odontólogos, abogados, economistas”, y ha presentado una nueva propuesta de solución para la caja, la cual fue aprobada en plenario de la intergremial, a la vez que indicaron que lamentablemente se ha intentado dejar mal parados a los profesionales ante la opinión pública. Señalaron que se dice que se pretende que sectores menos favorecidos de la población van a tener que aportar para financiar la caja, cuando la cosa es muy distinta, y consideran que los recursos que se reclaman tienen un origen que nada tiene que ver con el que se señala. En este sentido subrayaron que el tratamiento que se le ha dado al tema refleja “una inmerecida campaña de desprestigio hacia todos los profesionales de nuestro país”, además de señalar que ante la urgencia han elaborado “dos propuestas económico financieras, que fueron plasmadas en un documento, y transmitidas a diversos actores en la Comisión de Seguridad Social del Senado, y entregadas en mano a distintos senadores”.
Problemas de larga data
Consideran que los problemas financieros de la CJPPU vienen generándose desde hace muchos años, “y el Estado, a través del Poder Ejecutivo, el Parlamento, el Tribunal de Cuentas de la Nación, la misma Dirección de la Caja (incluidos los dos representantes del PE), están y estuvieron siempre en conocimiento de la situación que se venía generando en la Caja”.
Enfatizaron que siguen rechazando el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo porque no apunta a las verdaderas causas de la crisis financiera de la Caja, por lo que “los problemas seguirán permaneciendo, y además, al gravarse a activos y pasivos, esto generará otros escenarios aún más negativos”. A la vez insisten en su propuesta respecto a los timbres profesionales, expresando que en el transcurso de estos días han percibido que hay un consenso importante en cuanto a que los timbres profesionales deberían modificarse en relación al Índice Medio de Salarios como lo establece el Art.71 de la Ley 17378, y no por IPC. “En consecuencia, consideramos que este aspecto de nuestra propuesta está aceptado, y además fue aprobado por una amplísima mayoría en la Cámara de Diputados”, destacaron.
Igualmente, esto solo no resuelve el atraso en el valor de los timbres profesionales, que a la fecha de hoy registran un “descalce” del 70%, debido al desfasaje entre el IPC y el índice medio de salarios, que se refleja en los reajustes de pasividades, lo que ha implicado en los hechos menos recursos que ingresaron a la caja respecto a los que se volcaron para atender las prestaciones. Para resolver la recuperación del descalce, proponen comenzar en forma inmediata un mecanismo gradual de ajustes, con aumentos anuales, lo que permitirá en el mediano plazo la recuperación total del mencionado descalce.
A su juicio, la medida de aumentar gradualmente los timbres, dará muy buen resultado en corto plazo “y la propuesta mantendrá viabilidad aún si aumentasen todos los timbres profesionales, con excepción de algunos del sector salud (por ejemplo, a los timbres por medicamentos y análisis) trayendo como única consecuencia una recuperación del descalce más lenta”, agregaron las gremiales, a la vez de sostener que vinculado al tema timbres profesionales, “habría que hacer también un estudio pormenorizado de las exoneraciones que hoy están vigentes”.
Por lo tanto entienden que una suba en los timbres “no afectaría a las personas de más bajos recursos (más de los dos quintiles de menores recursos: 43 % de la población) en la atención de su salud”.
Más aportantes
Indican a su vez que otro aspecto sustancial tiene que ver con la ampliación de la base de aportantes, señalando que proponen la incorporación a la Caja Profesional en la categoría 1 de la escala vigente, a los profesionales dependientes que tributan a otras cajas, que estén aportando a la AFAP y que puedan alcanzar condiciones para el retiro normal o por edad avanzada en la CJPPU.
“Para los profesionales dependientes que reúnan estas condiciones se propone que el monto correspondiente a su aportación en categoría 1 de la CJPPU se detraiga de la transferencia que el BPS u otras cajas hacen a las AFAP, sin afectar así el líquido que percibe el profesional dependiente, otorgándosele además el beneficio de realizar ‘ejercicio libre’, y terminar su carrera profesional con derechos jubilatorios en el BPS, en las AFAP y en la CJPPU. Destacamos que hoy el universo de dependientes alcanza a más de 110.000 profesionales, y de acuerdo con lo que estimamos, sólo con el aporte de 28.000, se estaría resolviendo la situación financiera de la CJPPU”, subrayaron. Consideraron paralelamente que el IASS retenido a los jubilados y pensionistas de la CJPPU quede en la CJPPU, porque se están derivando estos recursos a otro subsistema de Seguridad Social.
En tanto, “no estamos de acuerdo y rechazamos enfáticamente lo propuesto por el Proyecto de Ley en cuanto al adelantamiento para algunos profesionales universitarios de la convergencia al sistema común. Además de una severa e inmerecida discriminación, consideramos que lesiona de manera importante exclusivamente a un conjunto de profesionales universitarios que ya tienen derechos adquiridos”.
Así, en lugar de aplicarla a partir de 1973, como en los otros casos de aportantes, se lleva a partir de 1967, por lo que “tenemos entonces seis generaciones a las que nos hacen trabajar más, pagar más y jubilarnos por menos. Esta es una diferencia monetaria no menor a los 600 millones de dólares en contra nuestra. Planteamos que la convergencia no sea acelerada para nosotros y tengamos las mismas características que los trabajadores que aportan al BPS”.
