En un mes —y antes de comenzar el invierno— murieron cuatro personas en situación de calle: dos en Montevideo y dos en Rivera. Aunque se aclaró que algunos de esos fallecimientos no fueron causados por hipotermia, ese dato poco aporta al cuadro general. Se trata de personas que murieron en condiciones de alta vulnerabilidad, a la intemperie, sumando a la cronicidad de su situación el mal estado sanitario que ya presentaban.
Estos hombres, de entre 35 y 65 años, se negaban a asistir a refugios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Algunos llevaban años pernoctando en las calles; otros eran consumidores de sustancias, y al menos uno tenía antecedentes penales.
En este marco, no sorprende el reclamo de las organizaciones que nuclean a personas en situación de calle. “Él se comprometió a cortar esto”, reprochó un integrante del colectivo Ni Todo Está Perdido (Nitep) al ministro Gonzalo Civila.
Durante la última campaña electoral, tanto el Frente Amplio como el Partido Nacional propusieron el modelo housing first o “primero la vivienda”, que plantea una solución habitacional con acompañamiento. Sin embargo, los seguimientos no son efectivos si no se sostienen en el tiempo y requieren planificación, recursos humanos, económicos y logísticos que siguen siendo escasos.
Por otro lado, la ampliación de cupos en los refugios tiene un alcance relativo. El actual gobierno aumentó plazas en casi todos los departamentos, pero aún hay personas que rechazan esa asistencia.
Tanto la administración anterior como la actual coinciden en que el modelo de centros nocturnos no es eficaz. Es apenas una respuesta a la emergencia, sin resolver el fondo del problema.
La realidad, además, varía según el territorio. En Montevideo hay municipios con mayor cantidad de personas en situación de calle, lo que genera conflictos de convivencia y exige intervenciones específicas, distintas a las del Interior. Los programas deberían enfocarse en el egreso de las personas de los sistemas de protección, objetivo que ningún gobierno ha logrado cumplir, como lo demuestra el aumento sostenido de esta población.
El Mides ha tomado contacto con la mayoría de las personas en situación de calle del país. Conoce quiénes rechazan la ayuda estatal y quiénes la aceptan.
Nitep reclama la apertura de más refugios de 24 horas en Montevideo. El gobierno afirma haber superado los 2.000 cupos nocturnos propuestos, pero esto no alcanza para quienes se niegan a ingresar, y algunos incluso denuncian haber sido víctimas de robos dentro de los refugios.
Está cerca de cumplirse un año de la ley de internación compulsiva impulsada por el gobierno anterior, que fue ampliamente criticada por el Frente Amplio, hoy en el poder. La oposición anunció que convocará a Civila al Parlamento para que brinde explicaciones por las muertes.
El ministro afirmó que el Mides ha realizado más de 150 intervenciones para evaluar internaciones involuntarias, aunque aclaró que la decisión final corresponde a las autoridades sanitarias.
Conviene recordar que, pocos días después de la entrada en vigencia de la norma, el Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) expresó su preocupación porque “se promueva la internación compulsiva como la principal acción o solución a este problema”.
La gremial señaló que “los problemas de salud mental y adicción pueden estar presentes en esta población, pero no siempre implican riesgo de vida ni constituyen una emergencia médica”. También advirtió que esta ley delega en el médico de guardia la responsabilidad de tomar decisiones críticas en condiciones precarias y con escasa información.
Un año después, con otro gobierno, la definición sigue en manos del sistema sanitario.
En ese mismo comunicado, el SMU respaldó a los médicos que deban enfrentar estas situaciones bajo presión.
En este cruce de declaraciones, la salud mental sigue siendo parte del problema. Todos los programas políticos propusieron crear centros de atención en todo el país y ampliar el tratamiento de adicciones. Lo fundamental era saber de dónde saldría el presupuesto y cómo se planificaría su implementación. Porque un programa de estas características requiere infraestructura, personal capacitado, recursos logísticos e instancias de internación que aún no están disponibles, a pesar de que existe una ley de salud mental desde 2017.
Es evidente que ideas no faltan. Lo que escasean son soluciones concretas. Y más aún, voluntad política sostenida para llevarlas a la práctica.
Todo esto da una sensación de déjà vu: promesas de campaña, discursos bien intencionados, y una realidad que se repite. Porque este problema crece y se profundiza, más allá de los gobiernos.
