Como si se tratara de una moneda de dos caras igualmente complejas y desventajosas, el embarazo adolescente es tanto causa como consecuencia de situaciones de desigualdad, y perpetúa el ciclo de pobreza al limitar las posibilidades socioeconómicas de las jóvenes y sus familias.
Un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por su sigla en inglés), publicado este año y que abarcó a 15 países latinoamericanos, revela el devastador costo del embarazo adolescente en términos de oportunidades perdidas y de profundización de la desigualdad, afectando las posibilidades de educación, participación laboral e ingresos. Se trata de historias no contadas de niñas y adolescentes cuyas vidas se desvían de su curso, y que suelen quedar atrapadas en un ciclo de inequidades, como señala Susana Sottoli, directora regional de dicha institución para América Latina y el Caribe.
El rostro del embarazo adolescente en la región está claramente delineado: la maternidad temprana afecta de manera desproporcionada a adolescentes rurales, indígenas, afrodescendientes, pobres y con bajo nivel educativo.
El estudio, titulado “El precio de la desigualdad: consecuencias socioeconómicas del embarazo en adolescentes y la maternidad temprana en América Latina y el Caribe”, detalla el impacto económico de estas situaciones, tanto a nivel individual como estatal, en 15 países de la región. La investigación desarrolló una metodología para estimar los impactos laborales, educativos, en la nómina y asistenciales del embarazo en adolescentes y la maternidad temprana (Milena), que concluyó que el costo de oportunidad total anual asciende a 15.300 millones de dólares. Esta cifra representa, en promedio, el 1 % del Producto Bruto Interno (PBI) combinado de los países analizados (Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Surinam).
El mayor impacto recae sobre las adolescentes y su entorno, representando el 88,2 % del costo total estimado. Esto se debe a que alcanzan menores niveles educativos y acceden al mercado laboral con menos herramientas para obtener empleos de calidad, perpetuando el círculo de la pobreza y evidenciando las brechas de género existentes.
A nivel individual, los números reflejan una dura realidad: una madre adolescente tiene menos oportunidades de desarrollo y de ofrecer mejores condiciones de vida a sus hijos e hijas, lo que contribuye al ciclo intergeneracional de la pobreza. Asimismo, se estima que la mortalidad materna, asociada a los mayores riesgos del embarazo y parto en la adolescencia, representa una pérdida anual de 28.607 años de vida potencial en la región. También existen costos significativos para los Estados en términos de gastos en salud y pérdidas fiscales, entre otros.
El estudio subraya que los recursos económicos destinados a la prevención del embarazo adolescente, mediante estrategias sostenibles y de largo plazo, no deben considerarse un gasto, sino una inversión: “Invertir en la prevención del embarazo en adolescentes es una buena política económica, ya que se estima que se pueden obtener entre 15 y 40 dólares en beneficios por cada dólar invertido, dependiendo del país”, señala. Estos beneficios no solo se traducen en ahorros económicos, sino también en una mejora en la calidad de vida y en las oportunidades de desarrollo para las adolescentes y sus hijos.
Aunque el problema sigue siendo significativo, como muestran los datos mencionados, es necesario destacar que entre 2010 y 2024 América Latina y el Caribe han experimentado una disminución en la tasa de fecundidad adolescente, tanto en el grupo de 15 a 19 años como en el de 10 a 14 años. Esta disminución se atribuye, en parte, al efecto de la pandemia. El primer grupo pasó de 73,1 a 50,6 por mil, y el segundo, de 3,6 a 2,3 por mil.
Aún así, América Latina continúa siendo la región con el segundo índice más alto de embarazos adolescentes no intencionales a nivel mundial, una situación que es urgente revertir. En este sentido, algunos países, como Uruguay, han desarrollado estrategias exitosas.
Nuestro país ha sido uno de los que más ha logrado disminuir el embarazo adolescente en los últimos años, alcanzando actualmente una tasa de 20 por mil adolescentes de entre 15 y 19 años. Si bien se trata de un avance significativo en comparación con la situación de ocho años atrás, cuando la cifra era de 60 por mil, todavía estamos lejos de los niveles observados en países desarrollados.
Este progreso se atribuye, en gran medida, al desarrollo de una estrategia nacional de prevención del embarazo adolescente, implementada de forma coordinada por varios organismos. También influyeron la inclusión de la educación sexual en los trayectos educativos, el acceso a métodos anticonceptivos y la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
Sin embargo, la significativa disminución registrada y el hecho de que las cifras de Uruguay estén por debajo de la media regional no deben hacernos perder de vista que, detrás de los números, persiste una realidad compleja. El embarazo precoz sigue impactando especialmente entre las adolescentes más vulnerables y, en los casos más graves, forma parte de ciclos de abuso, pobreza y exclusión. En Uruguay, el embarazo adolescente tiene una clara geografía: se concentra en la periferia de Montevideo y, en el Interior, en zonas de frontera marcadas por altos niveles de pobreza y vulnerabilidad.
Según el informe de gestión 2024 del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav), 190 niñas de entre 11 y 14 años cursaron embarazos entre 2021 y 2024. Estos datos surgen de la estrategia “Notificación y análisis de casos de niñas y adolescentes menores de 15 años en situación de embarazo”, implementada por ASSE desde 2021.
Si bien el embarazo adolescente siempre representa un tema de alta complejidad, el embarazo en niñas menores de 15 años ocurre en una etapa previa a la maduración física, psíquica, sexual y social, comprometiendo no solo su desarrollo integral, sino también sus etapas futuras de vida.
Además, debería encender todas las alarmas el hecho de que el 39% de esos embarazos fueron consecuencia de abusos o violencia sexual, y que en otro 22% no se puede descartar esta posibilidad, lo que suma un alarmante 61% de casos potencialmente vinculados a abuso.
Asumir esta realidad implica dejar de ver el embarazo adolescente como un problema individual y comenzar a entenderlo como síntoma de fallas colectivas: niñas que no hemos sabido proteger, sistemas de salud y educación que no detectan lo que deberían, y comunidades que callan. Debemos seguir trabajando, no solo para reducir las cifras, sino, fundamentalmente, para garantizar los derechos de niñas y adolescentes. Es necesario prevenir, pero también acompañar y transformar.
Para que ninguna uruguaya vea su infancia o adolescencia arrebatada. Para que todas puedan acceder a las oportunidades que cualquier buena persona desearía para sus hijas.
