Como era de esperar, “colectivos” feministas pusieron el grito en el cielo y salieron al cruce de conceptos vertidos a la emisora fernandina FM Gente, por una abogada penalista de Maldonado que se atrevió a cuestionar el uso –y abuso– de la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género, al señalar que la gran mayoría de las denuncias que se formulan, de acuerdo a su experiencia, proviene de mujeres despechadas que la utilizan como instrumento para tratar de perjudicar a su expareja, generalmente mediante manipulación de la tenencia de sus hijos.
Las Nietas de Abella, colectivo feminista con sede en la ciudad de San José, fue uno de los que salió al cruce de las declaraciones realizadas en las últimas horas por la abogada maldonadense Adriana Batista. Esta profesional ha defendido a hombres denunciados a través de la ley 19.580 –Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género–, norma que considera “adoctrinadora” y que entiende debe modificarse.
En reciente entrevista en el programa Página central, de la mencionada emisora, habló sobre lo que considera un doble rasero en el poder judicial, en función del género de la persona denunciante y la denunciada.
“El trato es distinto en el caso de hombres y mujeres. Cuando el hombre está en la seccional, ya es culpable, y ni hablemos de cuando ingresa al juzgado. La mujer, cuando entra a la audiencia, por el contrario, realiza todo un show”, dijo.
Posteriormente, aseveró que casi la totalidad de las denuncias de mujeres por violencia de género obedecen a razones espurias: “El 99% de las denuncias de las mujeres están basadas en el despecho, la venganza y el odio. La violencia no tiene género. Yo tengo un hijo varón, en mi familia hay un hermano varón, tengo un esposo que creo absolutamente en él, y no por el solo hecho de ser varón odio al sexo”, expresó.
Asimismo, consideró que las “únicas víctimas” de las discusiones entre sus progenitores son los niños, y apuntó contra las mujeres que “denuncian al padre de sus hijos por venganza”.
Nada de lo que señalara en esta instancia la profesional se aparta de la verdad, sino que cualquiera que esté más o menos interiorizado del manejo de estas denuncias en el Poder Judicial, se ha enterado de una forma u otra sobre situaciones de este tipo, lo que no quita que naturalmente estemos muchas veces ante hechos condenables de violencia de género, pero de lo que se trata es de que todos los casos no son iguales y deben considerarse ponderadamente, con una mirada imparcial en base a pruebas fehacientes y no en la perspectiva doctrinaria de que siempre el hombre es culpable, y que para ello basta con la palabra de una mujer, porque según la ley hay que aplicar una perspectiva de género. Los impulsores de esta iniciativa han sido precisamente los colectivos feministas a ultranza, que durante los gobiernos de izquierda encontraron apoyo oficial para aprobar una normativa que pone a la Justicia en el mundo del revés, que no es otra cosa que el hombre tenga que aprobar su inocencia, en lugar de poner la carga de la prueba en la parte acusatoria.
A ello se agrega el ya inevitable linchamiento de antemano en las redes sociales, con todo lo que ello implica, incluyendo muchas veces la pérdida del trabajo y la condena social sin haber todavía un pronunciamiento de la justicia.
En lo que refiere a los conceptos vertidos por la abogada, fragmentos del reportaje circularon en redes sociales durante el fin de semana, y ameritaron la reacción de varios de estos grupos, como el mencionado colectivo maragato, que expresa que “nuestro colectivo se pregunta sobre el origen de los datos que comparte, dado que la información oficial muestra exactamente lo contrario. La desinformación es un arma de doble filo para la sociedad, y estas cifras constatan que lo declarado por la abogada no solo desinforma, sino que siembra dudas en la población en general, sobre la veracidad de los casos de violencia de género, sin basarse en hechos y cifras reales. La desinformación es peligrosa y verdaderamente contribuye a construir los discursos de odio que parece querer cuestionar”, añadieron las Nietas de Abella.
La abogada Adriana Batista ya había efectuado en anteriores ocasiones manifestaciones controvertidas respecto al mismo tema. “Hay que saber detectar a las ‘feminazis’ porque todas parecen salir de una impresora. El feminismo radical quiere destruir a la familia”, dijo en una entrevista concedida en marzo a la misma emisora.
Ya en términos similares, la senadora Graciela Bianchi había advertido en el Parlamento que por esta ley “todos los hombres están en libertad condicional”, y que basta que se enfrenten al encono de una mujer, por la razón que sea, para que ésta con su sola denuncia pueda llegar a enterrarlo civilmente y condenarlo. Se ha sabido de casos en los que se tenga o no pruebas, la consecuencia es que hay hombres que hace meses no ven a sus hijos, porque se los manipula por las denunciantes como acto de venganza o para tener alguna ventaja económica por la vía de la extorsión.
El punto es que además la normativa no logró abatir el número de casos de femicidio y tampoco ha evitado las consecuencias del problema de la violencia de género, –lo que se manejó como un argumento clave para aprobar la norma–, que en realidad conlleva ignorar las garantías del debido proceso para el denunciado, quien se ve frente a considerables dificultades para presentar prueba en contrario y acceder constitucionalmente a una defensa efectiva, sin poder acceder a la oportunidad procesal de presentar pruebas y argumentos, en tanto la ley contempla que se adopte una medida cautelar casi automática.
Lo que no quiere decir que no haya víctimas de violencia de género ni abusos, que por supuesto condenamos y merecen todo el peso de la ley, sino que de lo que se trata es de verdadera justicia, esa que necesariamente debe ser imparcial, porque el “género” no es garantía alguna de inocencia.
Incluso la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay respaldó la necesidad de “restablecer las garantías procesales tradicionales de un Estado de Derecho”, afectadas por la aplicación actual de la normativa, y en este sentido refiere a cuestionamientos como los problemas relacionados con “las pruebas que puede presentar el denunciado, el peso de las pericias, el castigo para denuncias falsas y la forma de reclamar reparos económicos”, áreas que han generado “situaciones de injusticia y manipulación indebida del sistema”. Y en este caso no importa si eso es así en el 99% de los casos, como denuncia la Dra. Batista, en el 50% o en el 10%, porque si la justicia está flechada, no es justicia. Y eso es lo que de ninguna manera puede ocurrir, porque de otra forma terminamos en una suerte de tribunales de la Inquisición.
Y en eso es bien clara la Constitución de la República, que en su artículo 8 exige igualdad en garantías para todos los ciudadanos; que debemos respaldar todos los uruguayos, por encima de ideologías, simpatías políticas y género.
