En nota publicada por el diario EL TELEGRAFO del 4 de octubre 2024, la Arquitecta Romina Paggi informa lo siguiente: “La meta es que el edificio, junto con las áreas de servicio, esté listo en marzo 2025, a tiempo para que los estudiantes universitarios puedan comenzar a usar las instalaciones”.

Es realmente preocupante que seis meses después de ese anuncio, el gobierno departamental aún no ha inaugurado la obra y los estudiantes que pudieron venir a estudiar a nuestra ciudad, se arreglaron como pudieron y otros no vinieron por falta de recursos económicos.

Cuando se contrata una obra se pone un plazo de entrega.

La fecha de entrega de una obra contratada es un aspecto crucial en el proceso de construcción. Generalmente, se establece en el contrato de obra y debe cumplirse dentro de los plazos acordados. Desde el punto de vista legal el plazo de entrega de una obra se considera un elemento esencial de un contrato de construcción. Si una de las partes, ya sea la empresa contratista o el propietario no cumple con el plazo acordado, puede dar lugar a consecuencias legales. No son unos pocos días de atraso la entrega de esta obra, sino que ya han pasado seis meses de la fecha anunciada y aún no hay noticias de la inauguración. Como este tema me preocupa sobremanera porque considero de gran importancia ayudar a que los jóvenes que quieren estudiar y no pueden porque no tienen recursos económicos suficientes, he investigado qué otras posibilidades existen para solucionarles el problemas de falta de alojamientos accesibles. Leyendo en la web me entero que en la ciudad de Paysandú hay nada menos que 8.225 viviendas desocupadas según la información del censo 2023. Por lo tanto no es razonable que el gobierno departamental conociendo la existencia de esas viviendas desocupadas en la ciudad, decida gastar 5,5 millones de dólares en contratar la construcción de una residencia y otro millón de dólares más para restaurar un galpón aledaño que pudo hacer con mucho menos dinero y con personal municipal.

Para peor el lugar elegido es inapropiado y muy alejado de los centros de estudio. Invito a quienes aún no conocen el lugar donde se ha construido la residencia, a que vayan hasta allí y mejor si van en la noche, como tendrán que hacerlo muchas veces los estudiantes cuando regresan a la residencia después de las horas de clase y no precisamente en automóvil. Para ser justos hay que ponerse en el lugar de los demás, tener empatía, que es un valor fundamental para vivir en sociedad.

Entre esas más de 8 mil viviendas desocupadas que la intendencia conoce cuales son, podría fácilmente elegir las mejores y bien ubicadas para los estudiantes. Seguramente muchas de esas viviendas estarán ya en condiciones de ser habitadas y otras se podrán restaurar y crear muchos puestos de trabajo para combatir la gran desocupación. Muchas de esas viviendas desocupadas seguramente estarán para la venta y la intendencia las puede adquirir o expropiar a un precio justo ya que dispuso de millones de dólares del fideicomiso financiero que está gastando a manos llenas en obras para nada prioritarias. Entre 8 mil viviendas seleccionar 70 para dos estudiantes cada una, no es tarea difícil. Habrá algunas viviendas grandes y esas se pueden dividir en más de un apartamento. Por eso insisto que la residencia aún no inaugurada se puede vender en propiedad horizontal a interesados como el intendente quien ha manifestado que le encanta ese lugar para vivir y con ese dinero recuperado adquirir viviendas desocupadas en plena ciudad. De esa manera se puede enmendar en algo el enorme error cometido y en pocos meses tener viviendas y apartamentos bien ubicados dentro de la ciudad para los estudiantes.

En Uruguay el trámite de expropiación es legal y se encuentra previsto en al ley n° 3.958 con las modificaciones realizadas por la ley n° 10247.

Ing. Ricardo Brasesco