(Subrayado-El País)
El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, dijo este sábado que el gobierno debe rectificar la decisión que tomó de rescindir el contrato con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas y aseguró que la medida adoptada por el presidente Yamandú Orsi “es parte de un montaje político y no jurídico”.

“Creo que lo que tienen que hacer es rectificarse para que el Estado no pierda y la gente no siga pagando”, dijo Delgado en rueda de prensa en Salto.

“Me sorprendió la liviandad con que se anunció algo que en realidad no es cierto. Lo que hay que ver acá es el cumplimiento del contrato, si se está haciendo o no se está haciendo, si la lancha se hace o no se hace, eso es lo importante. Este gobierno, de tres pagos ya hizo dos. Y la ministra de Defensa, 20 días atrás, en el Parlamento, anunció los próximos pagos a Cardama en el plan de inversiones del Ministerio de Defensa, anunciando que ellos compartían lo de las patrullas oceánicas, que es para el narcotráfico, que hace más de 30 años que la Armada no tiene”, agregó.

“La verdad que esto es parte de un montaje político y no jurídico, que tiene mucho que ver con desandar cosas que hizo el gobierno anterior. Si hay una cosa para corregir, cámbienla, pero no rescindan un contrato sin una causal justificable que lo único que va a lograr es que Uruguay pierda los 30 millones de dólares que ya puso, que pierda una cantidad de millones de dólares por juicios que nos van a hacer, que pierda reputación a nivel internacional por inseguridad jurídica y no cumplir con los contratos que firma el Estado, y además nos vamos a quedar sin las patrulleras oceánicas para controlar el narcotráfico”, apuntó.

Delgado adelantó que el próximo lunes el Directorio nacionalista recibirá a los exministros de Defensa Javier García y Armando Castaingdebat “para respaldar su gestión y hablar de este tema”. El gobierno de Orsi resolvió rescindir el contrato con Cardama porque se venció la garantía presentada por el astillero con sede en Vigo, y porque cuando intentó cobrarla se encontró con que el banco que había otorgado el aval (EuroCommerce) “no existe”, dijo el prosecretario de Presidencia Jorge Díaz. “Es una empresa de papel”, agregó el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez.

Por esto, el presidente Orsi habló de “indicios de estafa o fraude”, y dispuso presentar una denuncia penal que se concretó el viernes de tarde ante la fiscal general Mónica Ferrero.

A las 16.30 horas de ayer, Alejandro Sánchez y Jorge Díaz entraron en la sede central de la Fiscalía General de la Nación para reunirse con la fiscal subrogante de Corte, Mónica Ferrero, y entregarle en sus manos una denuncia penal por presunto “fraude o estafa” cometido por la constructora española Cardama y la firma financiera que ofreció una garantía de fiel cumplimiento considerada “trucha” por el gobierno.
La reunión fue breve y se limitó a un intercambio formal y a la entrega del escrito que ahora será derivado a un fiscal especializado en Delitos Económicos. Parte de la clave en la dilucidación de este caso estará en el profundo estudio de la cronología de hechos a partir del 15 de diciembre de 2023, cuando el entonces gobierno nacionalista de Luis Lacalle Pou firmó el contrato con el astillero de Galicia, fecha a partir de la que Cardama disponía de 45 días para presentar la famosa garantía de fiel cumplimiento.

Pero al momento de firmar –a juicio del actual gobierno– hubo otro problema, como volvió a explicar este viernes, por su parte, Jorge Díaz: “El contrato establecía que la garantía debía ser por 30 meses durante la construcción, y 12 meses posteriores. Sin embargo, se cambió por una garantía de 12 meses, sin ningún acto administrativo que lo justifique”. De hecho, tampoco hay un “expediente formado” durante este proceso, lo que constituye una irregularidad que se busca sea investigada con la denuncia.

DEUDORES DE ANV PODRÁN REGULARIZAR SITUACIÓN

(PRESIDENCIA)
El presidente de la ANV, Claudio Fernández, informó que el Poder Ejecutivo firmará un decreto que permitirá a los deudores acreditar ante la agencia que están al día con el pago de sus tributos, requisito necesario para acceder a los beneficios previstos en la ley n.º 20.237 y sus modificativas.

La normativa, aprobada en 2023, establece un régimen especial para la reestructura y regularización de deudas hipotecarias en unidades reajustables (UR). Están previstas distintas opciones de refinanciación o cancelación, con beneficios que dependen del nivel de cumplimiento y del tipo de crédito.

Fernández explicó que los deudores contarán con asesoramiento y comunicación personalizada para facilitar que tomen decisiones ajustadas a su situación particular. “Se trata de acompañar a cada familia con información clara, completa y específica sobre su caso”, agregó. Una vez firmado el decreto, los deudores podrán acceder a la información en el sitio web de la ANV. Destacó que este avance es resultado de un trabajo inédito realizado por el organismo para el tratamiento de los deudores en UR. “Se analizaron los créditos en forma exhaustiva y se definieron las vías para canalizar las opciones de adhesión o desistimiento a la ley”, indicó.

EXIGEN CREACIÓN DE INSTITUTO DE LA PESCA

(RADIO MONTECARLO)

El presidente de la Cámara de la Industria Pesquera del Uruguay, Juan Riva Zucchelli, manifestó la necesidad de contar con un organismo que defina la política del sector, como ocurre con otros rubros de la producción nacional. El dirigente dijo a Radio Monte Carlo que actualmente está todo concentrado en la Dinara, y que esa medida formaría parte de la refundación de la pesca que tanto reclaman.

El empresario indicó además que el gobierno entiende que hay que adaptar leyes, decretos y reglamentaciones. El empresario reclamó también que se destine al Fondo de Investigación de Desarrollo Pesquero los recursos económicos que surgen del sector. La ley marca que todo lo que se genera a través de la Dinara debe destinarse a ese fin y actualmente termina en rentas generales, indicó Riva Zucchelli.