En la Fundación Diabetes Uruguay hay preocupación por la falta de información existente en los centros educativos de todo el país vinculado a la enfermedad y a las primeras acciones que pueden llevar adelante los docentes referentes ante posibles descompensaciones de los estudiantes de diversos ciclos. Un equipo de voluntarios encabezado por su presidenta, Gisele Mosegui, visitó centros educativos y realizó una jornada de difusión con personal de la salud en la sala “Rómulo Calegari” del Hospital Escuela del Litoral.
“Si bien trabajamos con ANEP y tenemos un material que generamos para los centros educativos de todo el país en 2021 relacionado a la diabetes, evidentemente el ente no ha hecho un trabajo difusión porque a todos los centros educativos que visitamos, nos encontramos con maestros que no tienen idea de este material. Está colgado en la página de ANEP y de la Fundación. Es un material de apoyo a los docentes cuando tengan alumnos con diabetes, para que conozcan las situaciones que se pueden dar y sepan cómo ayudar”, dijo Mosegui a EL TELEGRAFO.
Una situación similar ocurre con la Secretaría Nacional de Deportes. “Tenemos un material orientado a los profesores de Educación Física para que sepan sobre diabetes, la relación con la actividad física y, también, nos encontramos con profesores que no saben manejar el tema de la diabetes”, detalló.
De acuerdo a Mosegui, “la desinformación está y, lamentablemente, tengo que hacer responsables a quienes trabajaron con nosotros y generaron el material que no llega a los destinatarios que son los docentes. En ANEP también nos prometieron hace varios años que iban a hacer un relevamiento de los estudiantes con diabetes en los centros educativos para canalizar este tipo de charlas y priorizar a los lugares donde se encuentren estudiantes con diabetes para que comprendan su entorno. Eso no se ha hecho y reclamamos esa evaluación para saber dónde están”.
Al igual que en centros educativo de primera infancia, donde los niños “no saben hacer solos sus tratamientos y sus familiares deben ir al centro educativo para inyectarlos, porque en el aula no se hacen responsables del tratamiento. Para eso es bien importante esa evaluación y saber qué solución se da a esta problemática”.
Consultados los referentes educativos responden que “cuando un alumno se siente mal, llaman a la emergencia médica”. Sin embargo, Mosegui enfatizó que mientras se aguarda la presencia del profesional, “existen pasos previos tan sencillos como darle azúcar o ante un desmayo frotarle miel en las encías para ayudarlo a que se sienta mejor. Pero, por no difundirse este material, no lo saben”.
Derechos
La fundación impulsa los derechos de esta población. “Tenemos una ley de diabetes que se votó en 2019 y se reglamentó el año pasado, pero nos encontramos con centros educativos que no llevan a los alumnos a un campamento porque tienen diabetes, deben inyectarse insulina y nadie se quiere hacer responsable. O porque tiene diabetes tipo II, toma medicación y tampoco lo llevan porque no quieren asumir la responsabilidad sobre los horarios de la medicinas”.
Explicó que “eso no puede suceder porque el niño, joven o adulto tiene derecho a hacer su tratamiento donde sea y que no sea discriminado. Tienen que entender que si la persona hace el tratamiento, no le va a pasar absolutamente nada y en caso de que suceda, deben conocer sobre diabetes para poder ayudar”.
Faltan registros
La organización reclama “desde hace años a las diferentes autoridades del Ministerio de Salud Pública sobre la necesidad de un registro de personas con diabetes. Tenemos la misma información de 2013 que indica un 8% de población afectada, pero no se sabe la realidad del país”.
Las actuales autoridades planificaron una nueva encuesta. “Nos decían que cuando obtuviéramos la historia clínica electrónica esa información iba a ser fácil de conseguir, pero la realidad es que no la tenemos. No se tiene información sobre cuántos son, dónde están, ni qué nivel de atención reciben o qué calidad de vida o complicaciones hay sobre su salud. Es decir, la información existe, pero no está sistematizada como para tener una foto del país. Pasó la pandemia y sabemos que dentro de las variadas enfermedades que aumentaron se encuentra la diabetes”.
La fundación sostiene que faltan campañas de concientización para las personas, así como el diagnóstico precoz. “Porque seguimos diciendo que pueden haber 150.000 personas con la enfermedad y no lo saben. No vemos ninguna campaña donde se esté ayudando a la gente a que se haga un chequeo médico, que es sencillo. Así como en el carné de salud que también nos puede decir si tenemos algún valor alterado en el análisis de sangre”.
Iniciativa parlamentaria
En setiembre la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la ampliación del decreto que permite a pacientes con diabetes insulino dependiente, acceder al dispositivo de Monitoreo Continuo de Glucosa. “Cuando resolvieron brindar los sensores para la medición de glucosa, se resolvió para los usuarios menores de 21 años por un tema de presupuesto. La debilidad de esta prestación es que cuando cumplen 22, ya no tienen más sensores. Desde la fundación solicitamos la ampliación de esta cobertura al ministerio y ahora se hizo el pedido concreto. Hasta lo que sabemos, aún no hay una evaluación económica sobre la ampliación de la prestación. Por eso, volvemos al origen. Si no sabemos cuántas personas hay con diabetes, no sabemos cuántos son los mayores de 21 años y a cuántos más le tendrían que dar el sensor”.
Lo mismo ocurre con las bombas de insulina que se entregan hasta los 21 años. “Son financiadas por el Fondo Nacional de Recursos cuando el médico la indica como parte del tratamiento hasta esa edad. En este caso, reciben las bombas después de los 21 y de por vida con el tratamiento subvencionado. Pero las personas mayores de 21 años no acceden por más que las necesiten. Entonces presentan recursos de amparo, que los ganan. El MSP deberá evaluar en algún momento, cuántos recursos de amparo pierde, a cuántas personas mayores debe entregar la bomba de insulina y cuál es el gasto que implica. Porque también es un gasto para el Estado, los usuarios que no tienen una buena adherencia al tratamiento”, señaló Mosegui.
Sensores y bombas de inyección
Los sensores de medición de la glucosa se entregan a todos los usuarios menores de 21 años si tienen diabetes tipo I. En el caso de las bombas de inyección de insulina, hay un protocolo de Fondo Nacional de Recursos, donde el médico debe indicar que se trata de una persona lábil, que registra sucesivas hipoglucemias y no pueden controlarlo con insulinas análogas lentas. Debe especificar que tiene adherencia al tratamiento y sabe el conteo de carbohidratos. “Es decir, no es para todos los menores de 21 años sino para quienes cumplen con esas condiciones. Hay una cantidad de situaciones que quedan por fuera del protocolo, por ejemplo las personas que no logran una estabilidad en sus valores y en estos casos, también discrepamos con el protocolo”.
Alimentación
“La ley de diabetes señala específicamente que las personas con vulnerabilidades sociales y económicas tienen derecho a una alimentación adecuada para su tratamiento a través del Mides. En Treinta y Tres nos plantearon que eso hoy no se está haciendo y vamos a tramitar una reunión. Estas situaciones nos movilizan a golpear puertas y a los usuarios a dar a conocer la ley que define una prestación que no se otorga, cuando es un derecho”, afirmó.
Con respecto a los costos de productos alimenticios para esta población, “hemos planteado al Ministerio de Economía en más de una oportunidad –y la respuesta es negativa–, la subvención de alimentos sin azúcar porque sabemos que son más caros por contener edulcorantes. También lo pedimos para las personas con celiaquía”.
La fundación propuso que “si no quieren subvencionarlo, le pongan los llamados ‘impuestos saludables’ que se aplican a los alimentos no saludables y con esa recaudación, subvencionan lo que necesitamos para las personas con diabetes”.
Mosegui recordó que “el azúcar está subvencionada y tiene un IVA de 10% y los edulcorantes no. Es decir, una persona con diabetes debe pagar más impuestos por padecer la enfermedad. Mientras, el azúcar está subvencionado porque se encuentra en la canasta básica tiene parte de responsabilidad en el sobrepeso, consumo de bebidas azucaradas y otros factores que llevan a la diabetes tipo II”.
Entonces, “estamos subvencionando algo que nos genera daños en la sociedad y cuando llega una persona con diabetes tiene que pagar más por otro producto como el edulcorante. Es una población que tiene que pagar más impuestos por esta condición de vida”, concluyó.
