El escenario electoral argentino se observa con atención desde Uruguay. Las elecciones legislativas en el país vecino se desarrollan en un contexto de considerable déficit fiscal y sin el superávit que los discursos oficiales aún sostienen.

La economía atraviesa una fase contractiva: acumula dos trimestres consecutivos de caída, con sectores clave —como el comercio, la construcción y el agro— en terreno negativo. El riesgo país se aproxima a los 1.500 puntos, mientras que el dólar oficial superó los 1.300 pesos durante los comicios de setiembre y cerró el último viernes cerca de los 1.500.

La inestabilidad cambiaria fue notoria y el panorama, lejos de mejorar, se mantiene incierto. La llamada “Argentina barata” es consecuencia de decisiones de política económica que, junto con la pérdida de reservas, obligan al gobierno a buscar mayor financiamiento externo y avanzar en nuevas reformas estructurales.
En el plano político, la ciudadanía exige respuestas ante el deterioro del poder adquisitivo y el impacto sobre los productos básicos. El auxilio del Fondo Monetario Internacional y las medidas del Ejecutivo no lograron revertir la recesión. Por el contrario, los indicadores muestran un empeoramiento de la actividad.

En este contexto, la reciente asistencia del Tesoro de los Estados Unidos —respaldada por el presidente Donald Trump y acompañada de advertencias políticas— colocó a las elecciones argentinas en el centro de la atención internacional. El Financial Times calificó la operación como “un desnudo ejercicio de imperialismo financiero”, mientras que The Economist proyecta un eventual cambio en el régimen cambiario del país.
Sin embargo, la reacción interna fue moderada. El desgaste del oficialismo comenzó a inicios de año, con la polémica promoción de una criptomoneda impulsada por el entorno presidencial. Más tarde, la hermana del presidente fue denunciada por presuntas irregularidades vinculadas a fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad. Paralelamente, La Libertad Avanza decidió competir en provincias con liderazgos locales consolidados, sin buscar acuerdos políticos.

Aunque la inflación comenzó a ceder, esa tendencia no garantiza un rédito electoral. El gobierno procura sostener un peso fuerte a costa de las reservas, lo que deja al país al borde de una nueva crisis cambiaria, con riesgos evidentes sobre el empleo y la producción. La población, por su parte, se muestra más preocupada por el costo de vida y el desempleo que por la estabilidad de precios.

En setiembre, el oficialismo perdió 14 puntos en la provincia de Buenos Aires —donde reside el 40 % del electorado—, resultado que impactó en los mercados. El peso se debilitó y el Banco Central, que aún no ha sido “cerrado con la motosierra”, debió vender mil millones de dólares en un solo día para frenar la depreciación. En ese marco, se gestionó el nuevo salvataje financiero.

El discurso político se polariza y los espacios de consenso se reducen. Los próximos meses se anticipan complejos, ya que el ajuste fiscal comprometido con el FMI implicará recortes sensibles en salarios, transferencias a las provincias y obra pública. La recaudación y las retenciones al agro también muestran descensos, mientras que las prestaciones sociales, jubilaciones y asignaciones comienzan a resentirse.

La recesión es un hecho: la actividad económica cayó en cinco de los ocho meses medidos por el Indec, y setiembre registró la tercera contracción consecutiva del Producto Bruto Interno. En ese mismo mes, La Libertad Avanza sufrió un duro revés en las elecciones provinciales.
El deterioro del consumo interno refleja el menor poder adquisitivo de los hogares. Las mediciones de ventas masivas confirman una caída sostenida, coherente con la desaceleración general de la economía.
Desde Uruguay, y especialmente en los departamentos fronterizos, se observa con atención esta coyuntura. Una “inestabilidad a la argentina” tiene inevitablemente efectos “a la uruguaya”: menor consumo interno, reducción de la recaudación del IVA y un turismo que aún no recupera los niveles prepandemia, lejos de los máximos de 2017.

La interdependencia entre ambas economías es significativa. La inestabilidad regional afecta el crecimiento, la generación de empleo y la atracción de inversiones. Por ello, la estabilidad se vuelve un valor esencial para evitar la profundización de los riesgos económicos y la reiteración de crisis cíclicas.
En lo que resta del mandato argentino, el desenlace del salvataje estadounidense dependerá de las decisiones del presidente Milei. De su rumbo económico —y, en particular, de la política cambiaria que adopte tras las elecciones— dependerá también el impacto sobre los sectores más sensibles de la economía uruguaya, que debe prepararse para mitigar eventuales repercusiones.