Los senadores Pedro Bordaberry y Tabaré Viera, del sector Vamos Uruguay del Partido Colorado, propusieron la creación de un régimen de impatriados para enfrentar el problema de natalidad que atraviesa el país. “Presentamos una norma, un régimen de impatriados que ya está incluido en la ley de presupuesto”, afirmaron.
Ambos legisladores advirtieron que Uruguay enfrenta un crecimiento demográfico negativo, lo cual genera desafíos a largo plazo. “Debemos enfocarnos en la llamada inmigración de calidad y talento. Eso es lo que están haciendo países como España, Portugal o Alemania. Muchos compiten por atraer inmigración masiva, pero nosotros debemos apostar a la inmigración calificada”, señalaron.
Como ejemplo, Bordaberry y Viera mencionaron el caso de Miami, ciudad que aprovecha su clima favorable para atraer residentes de todo Estados Unidos, especialmente jubilados “que invierten, pagan impuestos y consumen en Florida”.
“Uruguay ofrece atractivos similares: buenos servicios, tranquilidad y seguridad jurídica. Debemos prepararnos para aprovechar esas ventajas”, subrayaron. “El país contará con una doble vía entre Montevideo y Durazno; ya existe una entre Montevideo y San José. Hoy la doble vía no es solo hacia Punta del Este, también llega a Rocha. Esto muestra un potencial de desarrollo interno, con respeto al medioambiente y calidad de vida”.
Asimismo, destacaron que “en un mundo convulsionado, con tensiones raciales, religiosas y conflictos como la guerra en Ucrania, Uruguay se mantiene como un país tranquilo y con muchas ventajas comparativas”.
CRÍTICAS AL PRESUPUESTO NACIONAL
Con respecto a la ley de presupuesto, Bordaberry y Viera afirmaron que “carece de imaginación y contiene importantes contradicciones”. Explicaron que el proyecto “prevé un incremento presupuestal de 140 millones de dólares para 2026 y luego de 240 millones, sin presentar medidas concretas para reducir el déficit fiscal ni la deuda neta del país”.
“Nos hubiera gustado hacer ese ajuste durante el gobierno anterior, pero debimos enfrentar una crisis histórica como la pandemia. En lugar de reducir gastos, fue necesario incrementarlos”, recordaron.
Los senadores señalaron además que “nuevamente el Frente Amplio ingresa con buena suerte y con buen pie, pero no vemos propuestas para mejorar la eficiencia en la recaudación. Eso se traduce en que la Dirección General Impositiva va a salir a presionar a todos los contribuyentes; de hecho, ya lo está haciendo”.
También criticaron que “el gobierno estuviera dispuesto a permitir que Impositiva levantara el secreto bancario sin la intervención de un juez, algo absolutamente inadmisible”. Aclararon que la propuesta no fue aprobada en Diputados y que, si bien apoyan un mayor control de activos, “debe mantenerse la exigencia de autorización judicial, en línea con las normas de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y los acuerdos internacionales de Uruguay”.
“Estamos analizando el presupuesto inciso por inciso y observamos que no hay un verdadero respaldo a las áreas que más preocupan a la población, como la seguridad, el narcotráfico y el aumento de la violencia. Para atender esos temas se requieren más recursos, más efectivos policiales, mejor equipamiento y mayor inversión en tecnología”, agregaron.
Asimismo, subrayaron la necesidad de “apoyar no solo al Ministerio del Interior, sino también la rehabilitación de las personas privadas de libertad, y fortalecer todo el sistema judicial, empezando por la Fiscalía”.
Según señalaron, el presupuesto nacional –que asciende a más de 26.000 millones de dólares– “solo asigna un millón y medio de dólares adicionales a Fiscalía, pese a que esta solicitó 16 millones”.
“Estas son las decisiones que definen un presupuesto pobre, que no apunta a los verdaderos objetivos. Para corregir el déficit fiscal, el gobierno se limita a proyectar una mejora en la recaudación, sin abordar el gasto ni establecer prioridades claras. Es un presupuesto que deja mucho que desear”, concluyeron.
