Hay cifras que nunca caen: una es la de periodistas asesinados. Los enemigos “democráticos” de la libertad de expresión mejoran métodos, con nuevo y mejor maquillaje, y ataques más efectivos. Pero igual se sigue matando periodistas: el crimen organizado no es sutil ni le preocupa llenarse la boca de democracia, libertad y defensa de los derechos humanos para disimular.

A los periodistas los matan por hacer su trabajo, por informar. No quieren que la gente sepa lo que ellos tienen para contarle; y además se pasa “el mensaje” al resto de los periodistas.

A los que no se asustan o no se les puede comprar, los matan. Algo muy parecido pasa con los jueces: cuando corrompen o matan a un juez, nos dejan sin justicia a todos. Cuando asesinan a un juez, lo hacen porque se trata de un magistrado honesto, y al mismo tiempo pasan el mensaje a todos los jueces. Esta similitud se extiende a los fiscales y a los policías, quienes, si no aflojan y se venden, son “ejecutados”.

“Cuando se ataca a quienes investigan el crimen organizado, se busca doblegar al Estado y sembrar miedo en la sociedad”, proclamaba hace poco el sindicato de la Guardia Republicana a raíz del atentado contra la fiscal general, y resaltaba que “no solo está en riesgo la vida de la fiscal. También lo están los policías destinados a su custodia, quienes hoy cumplen servicio de forma estática, en una garita y sin garantías reales”. Y además está el presupuesto: lo hizo valer la propia fiscal en el Parlamento, lo hacen los sindicatos policiales, y lo hace el presidente de la Suprema Corte, John Pérez Brignani, con un grito de impotencia y de rabia que se trasunta en la entrevista que publica Búsqueda en su última entrega.

Encoge el alma, por decirlo así: mete miedo, y mucho más que no se ve. Que no lo vean quienes tienen que verlo; porque la gente, aunque su primera preocupación es la seguridad, no siente que tiene que salir a manifestar y reclamar recursos para los jueces o para los policías; para nuestros custodios, ni más ni menos. No es un problema de ahora, viene de atrás. Ni pasa solo aquí, pasa en todos lados, pero ello no sirve ni como consuelo. Además, ha empeorado. Hace casi 25 años, en junio de 2002, la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) convocó y organizó en Washington una Cumbre Hemisférica sobre Justicia y Libertad de Prensa en las Américas.

Durante tres días debatieron sobre las relaciones entre los jueces y los periodistas, y sobre la Justicia y la Libertad de Expresión, representantes de la mayoría de los diarios del continente, expertos, juristas y las cabezas de 23 Cortes Supremas de Justicia del continente.

Por Uruguay estuvo el Dr. Gervasio Guillot. Stephen G. Breyer, magistrado de la Corte Suprema de Justicia de los EE. UU., señaló en su exposición en la Cumbre: “Estimo que la prensa y el Poder Judicial… son, en cierto sentido, mellizas; a veces riñen entre sí, pero son mutuamente indispensables”. Y prosiguió: “A fin de cuentas, la prensa puede ayudar a persuadir al público de la necesidad de tener un Poder Judicial independiente, de que la institución es proba y digna, y de que el Poder Judicial precisa de los recursos necesarios para poder servir al público como es debido”.

Ayer, hoy y en todos lados. Pero el ahora del Uruguay preocupa: cuando se le preguntó a Pérez Brignani sobre la seguridad de las sedes judiciales, respondió: “Nos mandan gente (policías) que está sumariada y que no tiene revólver”. Para qué agregar más.