En la jornada denominada “Nueva Visión del Cáncer” efectuada en el World Trade Center Montevideo, se realizó una instancia multipartidaria que reunió a legisladores del Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado. En la oportunidad, los legisladores expusieron sobre el proyecto de “Ley de Derecho al Olvido Oncológico”, una iniciativa que busca eliminar las barreras y discriminaciones que enfrentan personas que han superado el cáncer.
En representación del Partido nacional participó el impulsor del proyecto, Rodrigo Goñi, el diputado Juan Gorosterrazú por el Frente Amplio y Juan Martín Jorge, en representación del Partido Colorado, quienes intercambiaron visiones y destacaron la relevancia social, ética y sanitaria de avanzar en esta legislación.
El Derecho al Olvido Oncológico, de acuerdo al proyecto de ley, reconoce que una persona que ha completado su tratamiento radical y permanece libre de recaídas durante cinco años, no puede ser objeto de discriminación, ni ver restringido su acceso a productos o servicios por su antecedente oncológico.
Durante la exposición, los legisladores remarcaron que la iniciativa prohíbe expresamente solicitar datos vinculados a patologías oncológicas para cualquier acto jurídico o contractual e incluir cláusulas o condiciones que excluyan o perjudiquen a quienes hayan padecido cáncer. Asimismo, prohíbe la utilización de información médica sensible como criterio para negar seguros, créditos, empleos u otros servicios.
El estado garante
La normativa, declarada de orden público, impide pactar en contrario y coloca al Estado como garante de la protección de datos personales sensibles, en acuerdo con la Ley Nº 18.331. En su intervención, Gorosterrazú destacó que la persona que supera una enfermedad oncológica, “no debe cargar de por vida con un estigma porque esta ley asegura que puede reintegrarse plenamente a su trabajo, vida social y actividad económica sin sufrir nuevos obstáculos”.
En general, los legisladores coincidieron en que el proyecto constituye una medida “necesaria y urgente” en un país donde miles de personas viven con antecedentes oncológicos. Sin embargo, enfrentan dificultades para acceder a seguros, créditos o empleos por razones que no tienen relevancia médica en la actualidad.
“Desde la salud, esta ley también significa algo grande. Es el paso siguiente al tratamiento médico y es la cura social. Porque curar no es solo extirpar un tumor, sino también quitar etiquetas y miedos. Esta normativa convierte ese principio en derecho cuando el Estado dice que nadie va a sufrir discriminación por algo ya superado”, señaló a EL TELEGRAFO.
La instancia de intercambio reafirmó el compromiso de las bancadas parlamentarias en mejorar y ampliar este proyecto de ley.
