Año: 2025

Policiales

Intentó ingresar droga al INR

diciembre 23, 2025 - 12:36 am

En el marco de los controles de rutina que se llevan adelante en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Unidad 16, con sede en la ciudad de Paysandú, personal policial detectó una situación irregular durante el ingreso de personas habilitadas para visitas.

De acuerdo a la información brindada por Jefatura, una mujer de 24 años fue sorprendida en presunta posesión de sustancias estupefacientes, las cuales se encontraban ocultas en sus partes íntimas. Ante el hallazgo, se dio inmediata intervención a la Fiscalía de turno, que dispuso que el procedimiento quedara a cargo de la Brigada Departamental Antidrogas.
Efectivos de dicha dependencia concurrieron al establecimiento carcelario y realizaron las actuaciones correspondientes, incluyendo el pesaje y las pruebas de campo, que arrojaron resultado positivo para marihuana y clorhidrato de cocaína.

Con los elementos reunidos, la Fiscalía ordenó la detención de la indagada y su conducción a sede fiscal para continuar con las actuaciones. Culminada la instancia judicial, la mujer, identificada por sus iniciales I.P.M., resultó condenada como autora de un delito de acto preparatorio de entrega de sustancias estupefacientes especialmente agravado.
Como pena, se le impusieron 16 meses de prisión, a cumplirse bajo el régimen de libertad a prueba, debiendo acatar una serie de obligaciones dispuestas por la Justicia.

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Policiales

Nueve militares retirados fueron condenados por torturas en San Javier en 1980 y 1984

diciembre 23, 2025 - 12:34 am

Los militares retirados Daniel Castellá, Rodolfo Costas, Eduardo Saiz, Luis Estebenet, Óscar Mario Rocca, Abel Pérez, Jorge Soloviy, Dardo Ivo Morales y Héctos Sergio Caubarrère fueron condenados por torturas en San Javier en 1980 y 1984. Entre las víctimas se encontraba Vladimir Roslik, que falleció durante uno de los interrogatorios.

El juez de Fray Bentos de primer turno, Claudio de León accedió al pedido del fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, y condenó a los militares por delitos de privación de libertad, lesiones y abuso de autoridad contra detenidos.
Tal como había pedido el fiscal, el juez condenó a 15 años y seis meses de penitenciaría a Rocca, Morales y Pérez como autores de reiterados delitos de privación de libertad, con reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos y reiterados delitos de lesiones graves, y para Caubarrère y Soloviy dispuso la pena de 14 años y seis meses de penitenciaría por los mismos delitos.

Para Castellá y Costas determinó una condena de 13 años y seis meses, también por privación de libertad, abuso de autoridad contra detenidos y lesiones graves. En el caso de Estebenet, el juez dispuso una condena de 11 años y seis meses de penitenciaría por los mismos delitos, mientras que para Saiz dictó una condena de 13 años de penitenciaría.
“Es casi imposible pensar que un jefe de un batallón no supiera quiénes eran los detenidos que se encontraban en su batallón”, expresó el juez en referencia a Rocca, y agregó que un testigo experto fue contundente a la hora de determinar la responsabilidad del jefe de la unidad. A Caubarrère el juez lo identificó como el responsable del comando que llevó adelante el operativo de 1984. En cuanto al médico militar Eduardo Saiz, señaló que su participación “fue crucial” para la represión y planteó que el delito imputado no podría haberse cometido sin su participación.
El juez tampoco dudó en calificar las conductas de los imputados como crímenes de lesa humanidad y señaló que en 1980 y 1984 tales crímenes ya estaban vigentes como de lesa humanidad en el orden jurídico internacional, por lo que rechazó que la aplicación violente el principio de legalidad o el de retroactividad, haciendo referencia también a la alusión del derecho de genes en la Constitución de la República.
Tampoco se aceptó el argumento de las defensas sobre que actuaron en el marco de la obediencia debida y sostuvo que no existe marco jurídico que legitime la tortura o los malos tratos. “No se desconoce el contexto político histórico”, expresó.
De León recordó que “en democracia nadie está por encima de la ley”, y que la actuación de la Justicia debe mantenerse al margen de los reclamos de la ciudadanía.
Afirmó que el trabajo de la Justicia es de responsabilidad y no se mide por la popularidad del momento y que “la duda razonable no se reemplaza por convicción emocional”.

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Policiales

Motociclista embistió un automóvil que aminoró la marcha para doblar

diciembre 23, 2025 - 12:29 am

Un joven de 23 años debió recibir asistencia médica al verse involucrado en un accidente de tránsito ocurrido minutos antes de las 14 de la víspera, a la altura del kilómetro 367 de la ruta 3.

Según datos recabados por EL TELEGRAFO, el hecho se produjo cuando éste circulaba en la motocicleta Zanella Sapucai 125 cc, matrícula ICV 5368, por la citada ruta hacia el sur. En igual sentido, pero unos metros delante, lo hacía el automóvil Renault 19, empadronado IAA 2751, el cual era guiado por una mujer de 42 años. La misma indicó que al llegar a la intersección con Calle 16 aminoró la marcha para doblar hacia al Este, ocasión en que sintió el impacto en la parte trasera de su vehículo y vio a un motociclista salir despedido unos cinco metros hacia la faja natural oeste.

Como consecuencia, el joven –que carecía de libreta de conducir– cayó violentamente y debió ser asistido por particulares que dieron pronto aviso al 911. Al lugar arribaron efectivos del Área de Respuesta Policial y de la Policía Caminera quienes tramitaron el arribo de una ambulancia para atenderlo. Examinado por un facultativo médico de UCEM, fue valorado con politraumatismos y probable fractura en pierna derecha por lo cual fue derivado hacia el Hospital Galán y Rocha.

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General

Proyecto de Ley sobre conductores de taxi, transporte colectivo y servicios afines (I)

diciembre 23, 2025 - 12:21 am

Se encuentra a estudio del Parlamento Nacional un proyecto de ley cuya finalidad es regular diversos aspectos relacionados con el trabajo de conductores de taxi, transporte colectivo y servicios afines y cuyos detalles serán tratados en la presente entrega y en la siguiente.

Exposición de motivos

Para sus autores, “este proyecto de ley surge de la necesidad impostergable de actualizar, ordenar y modernizar el marco regulatorio aplicable a los conductores profesionales de automóviles de alquiler con taxímetro, transporte colectivo y servicios afines, así como a los servicios equivalentes surgidos de plataformas digitales de transporte individual. La expansión del trabajo móvil, el aumento de la demanda en determinadas franjas horarias, la expansión de la inseguridad producto de la delincuencia común y el crimen organizado, como el narcotráfico o bandas de robos de vehículos por citar algunos contextos que incrementan el estrés en los conductores en zonas barreales denominadas Zonas Peligrosas, más la intensificación del tránsito urbano y la creciente precarización asociada a extensas jornadas sin pausas adecuadas, han configurado un escenario que exige una respuesta integral del Estado para proteger la salud ocupacional de los trabajadores y la seguridad de la ciudadanía.
En Uruguay, la regulación del sector taxímetro, transportes colectivos y servicios afines ha evolucionado históricamente alrededor de criterios tarifarios, de habilitación de unidades y del vínculo laboral tradicional.

Sin embargo, carece de una normativa moderna que atienda de forma explícita las condiciones psicofísicas del conductor, la fatiga operacional, la sobrecarga de trabajo y los riesgos psicolaborales específicos asociados a la conducción prolongada y otros factores estresores. Estos inciden directamente en la seguridad vial, en la calidad del servicio y en la dignidad del trabajador. A ello se suma la ausencia de instrumentos formales y obligatorios de prevención del estrés psicológico, salud mental y bienestar laboral, dimensiones hoy reconocidas internacionalmente como factores críticos en las profesiones de transporte.

Diversos estudios internacionales y uno en particular nacional de la Universidad de la República, Facultad de Medicina, del Departamento de Salud Ocupacional, informe sobre el “Área Transporte Pasajeros Urbanos y Suburbano”, muestran que la carga mental, la carga física, y los contaminantes físicos son los que ponen en riesgo su salud seguidos de la seguridad y la violencia, en esta actividad laboral. Además, otros estudios señalan que el estrés acumulado y la falta de pausas adecuadas aumentan significativamente el riesgo de siniestros de tránsito, afectando no solo al conductor y a los pasajeros, sino también a terceros en el espacio público. De igual modo, la evidencia científica contemporánea identifica el estrés crónico, la ansiedad laboral y la falta de descanso como riesgos psicosociales que deterioran progresivamente la salud mental de los trabajadores expuestos a alta demanda, presión continua o interacción constante con el público. Por tanto, la protección contra la fatiga y el estrés del conductor se configura como una dimensión esencial tanto de la seguridad laboral como de la seguridad vial. Garantizar que el conductor no exceda sus límites e incorpore descansos, pausas, formación y apoyo psicológico no es solo una política laboral justa, sino una política de seguridad pública de alto impacto social”.

Objeto

La ley proyectada tiene por objeto asegurar condiciones laborales justas, seguras y dignas para los conductores de automóviles de alquiler con taxímetro, transporte colectivo y servicio afines (en adelante “conductores”), regulando su jornada de trabajo, descansos obligatorios, remuneración por horas extras, así como facilitar espacios de formación y ocio, con el fin de garantizar la Salud Ocupacional, el desarrollo intelectual, la seguridad vial y la calidad del servicio.

Ámbito de aplicación

En caso de ser aprobado, este texto se aplicaría a los conductores de taxi, que prestan servicios de transporte remunerado de personas mediante automóviles de alquiler con taxímetro o plataformas asociadas, transporte colectivo y servicios afines en todo el territorio de la República Oriental del Uruguay, tanto en el área metropolitana como en el interior del país.

Jornada diaria máxima

El proyecto incluye lo siguiente: 3.1) La jornada ordinaria de trabajo de un conductor de taxi no podrá exceder de 8 horas diarias efectivas de conducción. 3.2) En virtud de necesidad operativa justificada, la jornada podrá extenderse hasta un máximo de 10 horas diarias, únicamente mediante acuerdo colectivo o convenio sectorial aprobado por la autoridad competente y con compensación adicional según lo que me mencionará más adelante y 3.3.) La suma de las horas de conducción y de espera activa (disponibilidad del vehículo para el servicio) se contabilizará como jornada de trabajo.

Pausas y descansos

Durante cada turno de conducción que exceda las 4 horas y media continuadas, el conductor deberá realizar una pausa obligatoria de al menos 45 minutos, que podrá fraccionarse en una de 15 minutos seguida de otra de 30 minutos. Asimismo, entre el término de una jornada y el comienzo de la siguiente deberá mediar un descanso mínimo de 12 horas continuas, salvo que por negociación colectiva se establezca un período menor, siempre que se compense en el siguiente ciclo.

Descanso semanal

Todo conductor de taxi y/o transporte colectivo y servicios afines tendrá derecho a un descanso semanal de al menos 36 horas continuas, que deberá coincidir con un período de 24 horas libres más otra fracción de al menos 12 horas. En casos de servicios de alta demanda (por ejemplo, zonas turísticas) podrá autorizarse, por resolución motivada de la autoridad competente, un descanso reducido a 24 horas continuas, siempre que en las tres semanas siguientes se acumule un descanso compensatorio que asegure el promedio equivalente a 36 horas semanales.

Dr. Rodrigo Deleón

DELEÓN ABOGADOS – Treinta y Tres Orientales 989 – Paysandú – Celular: (099) 10-33-13 E-mail: rdeleon1370@gmail.com

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General

Sentencia favorable a seis trabajadores de Paycueros que presentaron recurso de amparo

diciembre 23, 2025 - 12:18 am

La Justicia resolvió acoger parcialmente la acción de amparo presentada por ocho trabajadores de Paycueros. Seis de ellos obtuvieron sentencia favorable y deberán ser reintegrados en un plazo de 72 horas, mientras que los dos restantes evaluarán iniciar un juicio extraordinario.

El asesor legal Julio Logiurato explicó que, conforme a la Ley 17.940, “teníamos la obligación legal de argumentar por qué creíamos que fueron despedidos por causa antisindical y la empresa tenía que demostrar que existía una causa razonable para su despido”.

Tras varias audiencias y un expediente de unas 2.000 fojas, “pudimos acreditar que hubo vulneración de los derechos sindicales”, indicó a EL TELEGRAFO, destacando que se trató de 8 trabajadores sobre más de 500, en una empresa que no corre riesgo de cierre y que recibió beneficios fiscales del Estado.

 

La sentencia establece que los seis trabajadores deben volver a sus puestos desde el 22 de diciembre. “Deben ser reintegrados a su lugar de trabajo. Es decir, no enviarlos al seguro”, advirtió Logiurato ante eventuales incumplimientos.

Desde la UTP, Antonio Ferreira valoró el fallo como “una demostración de la justicia para los trabajadores”, señalando que la empresa redujo su plantilla en unas 200 personas y que el fallo confirma que “fue un ataque a ciertos trabajadores y no un problema de la industria”.

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General

BPS rechazó incluir a extrabajadores de PILI en Fondo de Garantía de Créditos Laborales

diciembre 23, 2025 - 12:14 am

Los extrabajadores de PILI reclaman al gobierno el cumplimiento de una resolución parlamentaria del 15 de setiembre para cobrar créditos laborales, luego de que el directorio del BPS negara su inclusión en el Fondo de Garantía de Créditos Laborales (Ley 19.690).

La iniciativa “solicita al Poder Ejecutivo que dicte un decreto que declare comprendidos en la Ley 19.690 –Fondo de Garantía de Créditos Laborales– a los extrabajadores”. El diputado Matías Pereira explicó a EL TELEGRAFO que el trámite pasó por MTSS y luego al BPS, donde “estuvo archivada” hasta que se pidió su inclusión en el orden del día.

En los últimos días, el organismo “dio un informe negativo”. “No entendemos por qué se dio este informe negativo y esperamos la aclaración del informe técnico”, señaló Pereira, quien apuntó a que la definición pase al Poder Ejecutivo.

 

Desde los trabajadores, Marcel Petrib expresó “desilusión” y sostuvo que el BPS “ejecuta por un proyecto que venga del Ejecutivo”. El director José Pereyra indicó que la decisión “es privativa del Poder Ejecutivo” y que el BPS “administra las leyes y decretos ya tomados”. Petrib reclamó una solución y cuestionó quedar “en el medio de esta discusión política”.

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Nacionales

Gobierno suspende pagos al astillero Cardama hasta resolución judicial, desde el PN responsabilizan al FA

diciembre 23, 2025 - 12:12 am
(EFE-Telemundo)
La ministra de Defensa, Sandra Lazo, confirmó este lunes que el Estado no autorizará nuevos pagos al astillero español Cardama hasta la resolución judicial de la denuncia en curso que se mantiene con la empresa por el contrato de las patrulleras oceánicas (OPV).

Lazo aseguró a la prensa, en el acto por el 197 aniversario del Ministerio, que Presidencia amplió la denuncia contra el astillero y que, aunque el empresario Mario Cardama comunicó la colocación de la segunda quilla –pretendiendo que eso habilite pagos–, el gobierno mantiene todo “en stand by” y solo liberaría fondos si se cumplen hitos contractuales como la instalación de motores.

El Ministerio de Defensa, bajo la Administración del expresidente Luis Lacalle Pou, rubricó en 2023 el contrato de compra a Cardama de dos buques de patrulla oceánica por 92 millones de dólares.
No obstante, el pasado 22 de octubre, el gobierno anunció su decisión de rescindir ese contrato, tras detectar presuntas irregularidades en las garantías del acuerdo, después de comprobar que la empresa EuroCommerce –que debía ofrecer el aval– se encontraba en proceso de liquidación.
En este sentido, Lazo indicó que ahora inspectores uruguayos están en España acompañados por una segunda auditoría de la calificadora internacional Bureau Veritas, que respalda el trabajo estatal, para verificar avances reales.

La ministra expresó su preocupación por la reciente “aceleración” de los trabajos tras un período de parálisis y advirtió que “la colocación de la quilla puede ser solamente presentar una chapa”, subrayando que Uruguay no cederá en la calidad del material, pues de ella depende la seguridad de sus efectivos.
Ante esta consulta, Lazo respondió que los apuros en los últimos días hacen que se corra un riesgo en la calidad del producto a entregar y aclaró que su prioridad no es una “aversión hacia el empresario”, a quien afirma que solo vio dos veces, sino cuidar a los funcionarios del Estado.
La ministra subrayó la necesidad estratégica de las OPV ante un “contexto mundial complejo” y la importancia de explorar alternativas regionales para consolidar soberanía compartida con los países vecinos.

En ese sentido, el presidente Orsi afirmó el pasado 9 de diciembre que Uruguay contará “sí o sí” con las patrullas oceánicas que inicialmente fueron encargadas a Cardama y aseguró que el gobierno está trabajando en ver la forma para lograr el objetivo central, que es tener las patrullas.
El diputado del Partido Nacional, Gabriel Gianoli, cuestionó al gobierno por lo que consideró una serie de contradicciones en torno al proceso de construcción de las patrullas oceánicas.

En entrevista con Telemundo, Gianoli sostuvo que el Ejecutivo ha manejado versiones cambiantes y recordó que, según información difundida por la prensa, se estaría evaluando rescindir el contrato por presuntos incumplimientos de la empresa. Al respecto, afirmó que “seguramente se rescinda el contrato producto del incumplimiento de la empresa Cardama”, aunque advirtió que ese incumplimiento, a su juicio, fue provocado por las propias autoridades.

El legislador recordó que hace dos meses integrantes del gobierno hablaron de “fraude” y “estafa”, y se preguntó qué proveedor puede confiar en un contexto de ese tipo. En ese sentido, expresó que existe “una gran contradicción del gobierno”, que –según dijo– termina demostrando desinterés por la construcción de las OPV.

“Desde el día uno está la voluntad manifiesta del Frente Amplio de que no se construyan las OPV”, sostuvo.

GOBIERNO ANALIZA DEROGAR ARTÍCULOS DE LA LUC

(SUBRAYADO)
El presidente Yamandú Orsi reconoció que el gobierno analiza derogar algunos artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), impulsada y aprobada durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.
En su momento, desde el Frente Amplio cuestionaron varios artículos, sin embargo, desde que la fuerza política asumió el gobierno, no derogó ninguno de ellos. “Las normas se derogan con otras normas”, afirmó. “Hay unas cosas aberrantes ahí en la LUC que las debemos (derogar). Las tenemos que hacer”, acotó el mandatario en una entrevista con el periodista Gabriel Pereira en Yunta Uy.
Entre esas reformas, Orsi apuntó al Código del Proceso Penal (CPP). “El tema de los (juicios) abreviados yo creo que es un problemón”, aseguró. “Habría que ver si no se usa de manera exagerada a veces los abreviados”, agregó.

El mandatario indicó que el análisis del CPP será global y no solo en relación a los procesos abreviados. “Caímos en un problema del uso medio… del abreviado y cuando vos no tenés recursos, salgo de esto”, indicó.

PROYECTO DE LEY PARA PREVENCIÓN DE AHOGAMIENTO

(RADIO URUGUAY)
La diputada del Partido Colorado por el departamento de Colonia, Nibia Reisch, presentó un proyecto de ley para la prevención de ahogamiento y otro que endurece sanciones para quienes agreden a guardavidas, inspectores y fiscalizadores de tránsito.
En los últimos cinco años hubo 189 fallecimientos por ahogamiento en Uruguay, mientras que del 8 de diciembre de 2024 al 28 de febrero de 2025, 12 personas perdieron la vida. Se trata de la primera causa de muerte por lesiones no violentas en niños menores de cinco años y la segunda por lesiones no violentas en menores de diez años.

En diálogo con La Mañana de Uruguay la legisladora dijo que “el 100% de estas muertes son evitables, tenemos un debe en nuestro país, es un problema de salud pública”.
“Hay que tomar medidas de prevención” y de educación dijo Reisch. El proyecto planta la capacitación obligatoria de guardavidas y personal en centros recreativos en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar.

Además se propone endurecer las sanciones contra quienes agredan a guardavidas, inspectores de tránsito y fiscalizadores en el ejercicio de sus funciones: “estamos viviendo en una sociedad más violenta”, reflexionó la diputada. El disparador de este incidente fue la agresión a un guardavida de Maldonado por un turista argentino, padre de un niño de tres años que el trabajador salvó.

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Deportes

Obreros Unidos festejó y piensa en la Eliminatoria Departamental

diciembre 23, 2025 - 12:09 am

El viernes, en el Estadio Municipal de Guichón, Obreros Unidos se consagró tricampeón del fútbol guichonense tras vencer 5 a 3 en la definición por penales a Nacional, luego de ganar 1 a 0 tanto en el tiempo reglamentario como en el alargue. En la primera final, el elenco tricolor se había impuesto 1 a 0, por lo que Obreros Unidos estaba obligado a ganar para forzar el alargue y, de ser necesario, la definición desde el punto del penal, objetivo que logró concretar.

De esta manera, el equipo dirigido por Santiago Cravea se consolidó como el dominador del fútbol de Guichón y ahora aguarda por el campeón de Paysandú, con el que
disputará la Eliminatoria Departamental para definir cuál de los dos representará al departamento en la Divisional A de la Copa de Clubes OFI 2026.

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