Año: 2025

El diputado Fermín Farinha impulsará la declaración de emergencia granjera para el sector apícola, luego de la mortandad de cerca de 14.000 colmenas en ocho departamentos, entre los que se encuentra Paysandú. En un encuentro efectuado por Zoom, los apicultores estiman que las pérdidas están por encima de 2,8 millones de dólares.
“Esto tiene un efecto progresivo, el número final aún no se puede manejar porque la mortandad tiene un efecto paulatino en función de la afectación de las colmenas. Vamos a tramitar una declaración de emergencia porque hasta este momento no hay un planteo formal y, a partir de allí, se habilitan determinados mecanismos para asistir a los productores”, señaló.

La Facultad de Química, entre otros científicos, realiza estudios para conocer el origen de lo ocurrido y trabajar en su prevención. “El ministerio trabaja sobre los hechos consumados pero tenemos que anticiparnos a estas situaciones y que haya un control más estricto. La afectación de estos polinizadores –y las abejas son uno de ellos–, son parte del ciclo productivo y del ecosistema. En este caso, en Uruguay tenemos un número que sinceramente es importante y debe llamar la atención del ministro para que llegue al fondo del asunto. Incluso para prevenir acciones futuras ya sea por la aplicación de determinados herbicidas o insecticidas, entre otros”, dijo Farinha.

Recordó que “en 2017 se vivió una situación puntual y en un trabajo conjunto con el entonces diputado Olivera estuvimos reunidos con los productores. Pero hay que trabajar en conjunto con la Comisión Honoraria de Producción Agrícola, con la Dirección General de la Granja para darle el lugar que le corresponde a este sector productivo, pensando en el daño al ecosistema”.
En aquel año “fueron afectadas 6.500 colmenas y ahora hablamos de casi 14.000 de las cuales 3.000 tienen pérdidas totales. Son alrededor de 60.000 abejas por colmenas, si sumamos esos números veremos que esto hará eclosión en el próximo invierno”.
Los productores plantearon la existencia de una mala praxis en la aplicación de los productos, además de la ausencia de controles a lo que se utiliza o importa el país. “Es decir, es necesario tener una trazabilidad. No solamente lo que se vende y a quién, sino cuánto y dónde se aplicó. En el sector productivo pretenden mejorar las condiciones de producción y nadie quiere aplicar herramientas que afecten el resultado de esa cosecha. En este caso pasó con la miel y el daño no es solo económico sino en la confianza al país”, concluyó.

Autoridades nacionales y departamentales, junto a representantes de gremiales lecheras, recorrieron el inmueble 968 del Instituto Nacional de Colonización (INC), antigua estancia María Dolores en Florida, donde se presentaron los avances de la primera etapa del proyecto para la producción lechera familiar.
Actualmente, el inmueble alberga un banco de forraje gestionado de forma asociativa entre la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), la Sociedad de Productores de Leche de Florida, la de San Ramón, la de Villa Rodríguez y la Sociedad de Fomento Rural de Colonia Treinta y Tres Orientales.

En esta primera etapa se sembraron cultivos de maíz de primera y de segunda, alcanzando un total de 1.203 hectáreas, de las cuales 450 hectáreas se encuentran bajo riego. La inversión conjunta de las gremiales en insumos y cosecha asciende a aproximadamente 800.000 dólares, según estimaciones del Instituto Nacional de la Leche (Inale).
El instituto destacó que el banco de forraje constituye una herramienta clave para mejorar la estabilidad de los sistemas lecheros familiares, reducir restricciones productivas y fortalecer la planificación de los tambos, especialmente en contextos de mayor vulnerabilidad.

Impacto productivo

De acuerdo a las estimaciones técnicas de Inale, en una proyección hacia 2027-2028 el banco de forraje podría alcanzar unas 2.700 hectáreas, beneficiando a alrededor de 381 familias productoras dentro de un radio de hasta 50 kilómetros.

En ese escenario, el aporte de fibra y grano permitiría incrementar la producción de leche con destino a la industria en el entorno de los 87 millones de litros anuales, tomando como referencia experiencias similares desarrolladas en la cuenca lechera.

Tecnología y sostenibilidad ambiental

El inmueble cuenta con una capacidad de riego instalada de diez pivots que cubren aproximadamente 1.200 hectáreas, abastecidos por dos represas y tomas de agua autorizadas por la Dirección Nacional de Aguas del Ministerio de Ambiente. De forma progresiva se está incorporando tecnología de telemetría en los sistemas de riego, lo que permitirá optimizar el uso del agua, mejorar la planificación y reducir costos operativos.
De acuerdo a Colonización, los futuros tambos que se instalarán en el predio cumplirán con las normas ambientales vigentes para la cuenca del río Santa Lucía, incluyendo sistemas adecuados de gestión de efluentes.
En el proyecto en el inmueble 968, Mevir tendrá a su cargo la construcción de viviendas y tambos mediante sistemas de autoconstrucción. Conaprole brindará asesoramiento técnico en el diseño de salas de ordeñe y distintos organismos públicos coordinarán obras de caminería, energía eléctrica y conectividad.