El diputado Fermín Farinha presentó una denuncia formal ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) contra el Banco de Previsión Social (BPS), donde solicitó un análisis urgente sobre el cese de la gira de pagos en Lorenzo Geyres. El legislador reclamó, además, la adopción de medidas cautelares que suspendan la aplicación de la resolución que comenzará a regir desde febrero.
La decisión del BPS afecta a más de 47 jubilados y pensionistas, en su mayoría adultos mayores del medio rural, para quienes la jubilación o pensión constituye su único sustento de vida. “La jubilación no es un trámite administrativo, es un derecho humano básico que debe poder ejercerse en forma efectiva, accesible y sin incertidumbre”, sostuvo Farinha.
El legislador advirtió que la eliminación del pago presencial retacea derechos adquiridos, sustituye un sistema cierto por otro condicionado al funcionamiento de cajeros automáticos, límites de extracción y conectividad, sin garantías reales de cobro íntegro y oportuno.
En Lorenzo Geyres no existe sucursal bancaria, ni oficinas del BPS y tampoco redes de cobranza. En los hechos, la medida obliga a muchos beneficiarios a trasladarse más de 30 kilómetros hasta la ciudad de Paysandú, asumiendo costos, riesgos personales y dificultades físicas. “En nombre de la seguridad, se obliga a personas mayores a viajar kilómetros, exponerse al calor, a fallas del sistema o a depender de terceros. Ese es el verdadero riesgo”, afirmó. Farinha cuestionó el argumento del BPS sobre la “disminución de riesgos” y señaló que la medida no elimina riesgos, sino que los traslada al eslabón más débil del sistema. “Antes el riesgo lo asumía el Estado, ahora lo asume el jubilado. Eso genera desamparo, angustia e incertidumbre, y es incompatible con una política pública basada en derechos humanos”, remarcó.
Silencio en el directorio
El diputado señaló como llamativo el silencio de quienes representan a los jubilados tanto en el Directorio del BPS como a nivel gremial, frente a una decisión que impacta directamente sobre adultos mayores del interior profundo. “Cuando se afectan derechos tan sensibles, el silencio también es una forma de tomar partido”, subrayó. La denuncia presentada ante la Inddhh se inscribe en la misma línea de la declaración aprobada por la Junta Departamental de Paysandú, votada por todos los partidos políticos y por amplia mayoría, en la que se solicitó expresamente dejar sin efecto el cese de la gira de pagos.
A nivel nacional, Farinha impulsó además un pedido de informes parlamentario y presentó una exposición escrita dirigida al Poder Ejecutivo, al BPS y a diversos organismos, dejando constancia de la afectación de derechos y reclamando la revisión inmediata de la medida.
“Este no es un planteo aislado, es una preocupación compartida desde el territorio hacia el nivel nacional”, afirmó.
El pedido
Ante la inminencia del daño y su difícil reparación, el legislador solicitó a la Inddhh que recomiende suspender cautelarmente el cese de la gira de pagos, mientras se analiza la compatibilidad de la medida con la Constitución y los tratados internacionales de protección de los derechos de las personas mayores. “En Uruguay rige el Artículo 67 de la Constitución, que debe leerse en el marco del bloque de constitucionalidad de los Artículos 7, 72 y 332, además de la Ley Nro. 19.430, que ratifica la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores”, dijo Farinha.
“La descentralización y el adecuado acceso a las prestaciones no puede ser un discurso vacío. Se demuestra garantizando derechos, no retirando servicios esenciales”, agregó.
Luego de la presentación del pedido, “respondieron que quedó a estudio y luego pasa al Consejo Directivo para darle ingreso. En cuanto a la medida cautelar solicitada, la Inddhh emite recomendaciones. Por lo tanto, pedimos que se recomiende al BPS, mientras se tramita esta denuncia, que se suspenda la medida”, dijo a EL TELEGRAFO.
La realidad del territorio
En su escrito Farinha recordó que, además de la ausencia de una sucursal bancaria, existen otras dificultades propias del medio rural que se generan por la “conectividad limitada, problemas de pago por medios electrónicos y cortes de energía eléctrica que afectan la continuidad del servicio”.
En este marco, “tampoco se han aportado garantías de una operativa de remesa que garantice la disponibilidad en efectivo, sin perjuicio de los inconvenientes que suponen para aquellos vecinos que se radican por fuera de la localidad y que, de aplicarse la medida, deberán movilizarse reiteradamente a estos efectos”.
En su exposición, mencionó las “afectaciones sicosociales” como “el estrés, angustia, incertidumbre y pérdida de autonomía por la posibilidad real de no poder cobrar a tiempo una prestación de naturaleza alimentaria”.
Explicó que “el nuevo diseño del sistema de pagos traslada los riesgos al beneficiario, produciendo una sensación de desamparo institucional”.
Las autoridades del Banco de Previsión Social argumentaron que tomaron la medida “por seguridad” y “disminución de riesgos” para los funcionarios afectados a la tarea de las giras de cobro. Farinha recalcó que tal resultado “no puede lograrse a costa del contenido esencial del derecho a la seguridad social. Se requieren salvaguardas y alternativas menos lesivas, especialmente para personas mayores y residentes rurales, que de mantenerse la medida culmina por trasladar los riesgos al jubilado”.
Declaración de la junta
La Junta Departamental, a instancias del edil Mario Culñev, solicitó a finales de 2025 “la anulación de esta decisión que ha generado nerviosismo y estrés”. En el segundo punto, el deliberativo recordó que estas personas perciben sus ingresos por la gira de pago que incluye a Constancia y Queguayar, “las cuales se continuarán realizando, dejando sin efecto los pagos en efectivo en Lorenzo Geyres, localidad a medio camino” entre ambas.
La Junta “instó” a que “esta medida sin sentido se anule en forma urgente retomando el pago presencial de las mencionadas prestaciones en Lorenzo Geyres”.
