El diputado del Partido Nacional, Fermín Farinha, ingresó en la Comisión Permanente del Parlamento dos pedidos de informes, uno corresponde “a la gravosa decisión” del Banco de Previsión Social (BPS) del retiro de las giras de pago en el Interior y la restante refiere a la demora “de más de 50 días” en el pago del subsidio especial a los trabajadores citrícolas.
El legislador señaló que consultó a la presidenta del BPS, economista Jimena Pardo, quien “aún encontrándose de licencia, contestó con rapidez los planteos realizados sobre dos situaciones que afectan de forma directa al Interior del país. Una es la cesación de la gira de pagos del BPS en la localidad de Lorenzo Geyres y la demora en el pago del subsidio especial para los trabajadores del citrus”.
En relación a la gira de pagos, Pardo confirmó que “la medida no tiene retroceso en esta etapa y que se trata de una decisión ya adoptada, fundada en criterios de seguridad de funcionarios y usuarios, así como en la existencia de formas alternativas de cobro en las localidades alcanzadas”.
Farinha fue categórico y señaló que la respuesta “no conforma”. En consecuencia, presentará el tema en el ámbito parlamentario. “Vamos a darle estado parlamentario en la Comisión Permanente. No nos conforma la explicación brindada y vamos a seguir insistiendo en la búsqueda de soluciones”, afirmó.
El legislador cuestionó además que el argumento de seguridad no se corresponde con la realidad territorial de Lorenzo Geyres, una localidad del interior profundo, donde más de 50 jubilados y pensionistas perderán la posibilidad de cobrar en su propio lugar de residencia, enfrentando dificultades prácticas vinculadas a traslados, topes de extracción y fallas operativas. “Paradójicamente, en nombre de la seguridad, se terminan retaceando derechos a quienes menos opciones tienen”, dijo a EL TELEGRAFO.
En ese marco, Farinha cuestionó: “Cabe preguntarse si esta es también la posición del representante de los pasivos en el Directorio del BPS y si dicha representación acompañó esta decisión. Entendemos que esa voz debería ser central cuando se adoptan medidas que afectan directamente a jubilados y pensionistas”. Asimismo, recordó que se mantienen giras de pago en otras localidades cercanas, como Constancia y Queguayar, lo que refuerza, a su entender, la falta de proporcionalidad y razonabilidad de la decisión adoptada para Lorenzo Geyres.
SERVICIOS EN LA LOCALIDAD
El informe sobre la situación en Lorenzo Geyres llevará la firma de los vecinos que esperan una respuesta, “con copia al Banco República que terminará siendo cómplice de esta situación. Porque al momento que se levanta la gira de pago, el que tiene que pagar es el BROU, a través de los servicios financieros”.
Aclaró que “en función de la información que tenemos nosotros, el BROU no está de acuerdo con la medida porque no puede asumir la responsabilidad de ese pago en el Interior, tanto en Paysandú como en el resto de las localidades. Veremos lo que sucede porque es el Estado con el Estado”.
El director del BROU, Martín Fernández, confirmó a Farinha que “las condiciones no están dadas para asumir esta gestión en el Interior por remesas y los cajeros no están pensados para asumir el pago de pasividades. Qué pasará si se tranca una tarjeta o para los vecinos que tengan que ir más de una vez a cobrar porque el límite no le permitirá hacerse de su jubilación”.
Farinha cuestionó lo que ocurrirá “con aquellas personas que deban trasladarse a Paysandú porque, si no están en el sistema, deberán obtener una tarjeta. Si tienen que viajar, quién los acompaña. Es decir, volvemos a centralizar algo que debería ser descentralizado”.
Subsidio especial a citrícolas
En cuanto a los atrasos en el pago del subsidio especial a los trabajadors del citrus, quienes percibirán sus haberes durante el mes en que comenzarán las inscripciones para una nueva zafra de 2026, la presidenta del BPS informó que el organismo viene trabajando desde antes de Navidad en la liquidación, señalando que el proceso es complejo y que el pago se prevé para el mes de febrero.
Farinha expresó “una fuerte preocupación” y señaló que “en Paysandú más de 600 familias continúan esperando, cuando ya han transcurrido más de 46 días desde que el Seguro Especial fue votado en la Cámara de Diputados. La explicación basada en demoras administrativas o sobrecarga de trabajo no resulta aceptable cuando nuevamente quienes pagan son los trabajadores”, afirmó.
En ese sentido, el diputado anunció que también reclamará definiciones políticas. “Queremos saber cuál es la posición del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social frente a esta demora, y si el Pit Cnt va a alzar la voz cuando en el Interior, y en particular en Paysandú, hay cientos de familias esperando un ingreso básico para subsistir”.
Por último, Farinha remarcó que esta situación excede a las personas y remite a una forma de tomar decisiones desde el Estado. “Cuando se retiran servicios y se naturalizan demoras, lo que falla no es la gente, falla el Estado. Siempre terminan pagando los mismos y son quienes viven en el Interior, lejos de los centros de decisión. El Estado tiene la obligación de garantizar derechos, no de administrarlos con lógica de excusa”, concluyó.
