El diputado colorado Walter Verri expresó un rechazo frontal a la eventual creación de un Ministerio de Justicia en Uruguay y afirmó que, si el proyecto llega a aprobarse, está dispuesto a promover la recolección de firmas para someterlo a referéndum. Dijo a EL TELEGRAFO que la iniciativa sería “antirrepublicana”, cuestionó sus antecedentes en el país y consideró que abrir una nueva cartera implicaría más burocracia y gasto en momentos en que, a su juicio, los recursos deberían dirigirse al Poder Judicial y a la Fiscalía. La discusión, además, se inscribe en una idea que el Frente Amplio incorporó en sus bases programáticas para el actual período de gobierno.
“UN MINISTERIO ANTIRREPUBLICANO”
Verri afirmó que su oposición no es nueva y que se ha manifestado siempre en contra de crear esa secretaría de Estado. “He estado siempre en contra de la creación de un Ministerio de Justicia. Lo considero un ministerio antirrepublicano por encima de todo. Creo que en Uruguay no tiene cabida”, señaló.
El legislador vinculó su rechazo a la experiencia histórica uruguaya y, en particular, a lo ocurrido durante la dictadura. “La última experiencia del Ministerio de Justicia es muy mala”, dijo, al recordar que durante el gobierno de facto “pasó a controlar todo lo que era el Poder Judicial”, lesionando el principio de separación de poderes.
A su entender, el problema no es solamente simbólico o histórico, sino institucional. Consideró que un país “profundamente republicano” como Uruguay no debería avanzar en una estructura de ese tipo, aun cuando no absorbiera formalmente atribuciones reservadas por la Constitución al Poder Judicial.
ANTECEDENTES EN URUGUAY
La figura del Ministerio de Justicia no es ajena a la historia institucional uruguaya. Existió en tres etapas distintas. La primera en 1883, cuando se creó el Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública; la segunda en 1911, con el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública; y la tercera en 1976, durante la dictadura cívico-militar, cuando fue reinstalado por el Acto Institucional N.º 3. Esta última experiencia terminó tras el retorno democrático, al ser suprimido por la ley 15.751 en 1985.
MÁS GASTO Y FUNCIONES YA EXISTENTES
Otro de los cuestionamientos del diputado apunta a la utilidad concreta de la nueva cartera. Según planteó, varias de las funciones que podrían atribuirse a un Ministerio de Justicia ya están hoy dentro de la órbita estatal, especialmente en el Ministerio de Educación y Cultura, por lo que crear otra estructura supondría una superposición innecesaria.
“No parece ser necesario crear además más burocracia”, afirmó. Y agregó que ello implicaría “un nuevo ministerio, con una nueva infraestructura edilicia, con una nueva infraestructura de funcionarios”, además de los costos asociados a un ministro, subsecretario, direcciones generales y demás cargos políticos y administrativos.
En esa línea, sostuvo que el momento exige una lógica opuesta. “No parece ser el momento para aumentar el gasto, al contrario, es un momento para reducir el gasto”, indicó.
Para Verri, si existieran recursos disponibles, deberían orientarse a reforzar organismos ya existentes vinculados a la persecución del delito y la administración de justicia. “Si tenemos plata como para generar un ministerio, pensemos que lo que le íbamos a dar a la creación de un ministerio debemos dárselo al Poder Judicial, a la Fiscalía, para que cumplan mejor su función”, expresó.
SEGURIDAD Y PRIORIDADES
El legislador relacionó su postura con la agenda de seguridad pública y sostuvo que la ciudadanía espera respuestas en esa materia antes que nuevas reestructuras administrativas. “El tema que le importa a la gente es la inseguridad”, dijo. Por eso, insistió en que el esfuerzo debería estar puesto en fortalecer las capacidades del sistema judicial y del Ministerio Público para enfrentar “el crimen organizado” y “el narcotráfico”.
POSIBILIDAD DE JUNTAR FIRMAS
Verri fue más allá de la crítica parlamentaria y planteó abiertamente la posibilidad de impulsar una consulta popular si la iniciativa prospera. “Estoy tan en contra que si mañana esta ley saliera –aunque no tendría los votos para ser aprobada–, creo que deberíamos aplicar la misma receta que aplicó el Frente Amplio sistemáticamente, la de juntar firmas para que sea la gente, a través de un referéndum, la que refrende o no una ley de esta magnitud”, sostuvo.
Más adelante reafirmó esa disposición en términos todavía más directos. “Estoy dispuesto a juntar firmas para plebiscitar esa ley”.
UN DEBATE QUE TAMBIÉN MIRA AL EXTERIOR
En el contexto internacional, la existencia de ministerios o departamentos de Justicia dentro del Poder Ejecutivo no es una excepción, aunque sí adopta formatos muy diversos. Un relevamiento comparado permite identificar al menos 89 países con organismos equivalentes, si bien la cifra debe leerse como aproximada, ya que no todos tienen la misma denominación ni idénticas competencias. En algunos casos, como España o el Reino Unido, se trata de estructuras claramente definidas dentro del gobierno central, con atribuciones vinculadas a legislación, administración del sistema judicial y otros servicios del área. Esa variedad de modelos es, precisamente, uno de los elementos que reaparecen cada vez que en Uruguay se reabre la discusión.
NOMBRE PROPIO EN LA DISCUSIÓN
Verri también deslizó reparos políticos sobre la eventual conducción de la nueva cartera. Señaló que en el ambiente político se da por descontado que el actual prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, sería una figura natural para encabezarla, algo que, según dijo, agrega otra dimensión al debate.
No obstante, aclaró que su rechazo no pasa por una persona determinada. “No creo que haya que rechazar la creación de un ministerio por un nombre”, puntualizó, aunque admitió que ese elemento también “juega” en la discusión política.
“Hoy si me toca votarlo, lo voy a votar negativamente, como todo el Partido Colorado”, subrayó. Para Verri, antes que abrir un nuevo ministerio, Uruguay debería concentrarse en los problemas que considera urgentes. “Creo que Uruguay tiene problemas de otro tipo, mucho más graves, que debe enfrentar antes que gastar en un Ministerio de Justicia”, concluyó.