Con una cifra del orden de los 185 millones de dólares de sobrecosto anual en el precio del gasoil, tal como denuncia en un reciente comunicado la Federación Rural, el ciudadano común podría más o menos hacerse una idea parcial de la magnitud de la presión que significa el costo del Estado sobre los sectores reales de la economía, los que se vuelcan a la producción de bienes y servicios fundamentalmente, pero también sobre el consumidor y la economía en general, pues se trata de recursos que se detraen de la dinámica del tramado socioeconómico, para ir a perderse en las arcas del Estado.
Según el estudio de la mencionada gremial de productores, este sobrecosto del combustible equivale a la pérdida de 112.182 novillos listos para la faena. Se trata de un informe en donde establece el impacto sobre la rentabilidad del sector agropecuario, considerando el sobrecosto generado por la política de precios del gasoil, exclusivamente, por lo que hay que agregarle los sobrecostos inherentes a los demás combustibles que expende Ancap.
La Federación Rural aclara que para calcular este número, se consideró un animal de 300 kilos en cuarta balanza a U$S 5,50 por kilo. En términos agrícolas, el perjuicio económico es comparable a su vez a 462.751 toneladas de soja, tomando como referencia un precio de U$S 400 por tonelada.
Agrega que la sobrecarga financiera se sustenta en una estructura de precios que se mantiene por encima de las referencias de paridad de importación, elaborada por el propio gobierno. El valor vigente del gasoil 50S al 28 de febrero de 2026 es de $ 48,9, cuando el Precio de Paridad de Importación indicaba un valor de $ 41,4. Este desfasaje de $ 7,5 por litro impacta directamente sobre un consumo interno que alcanzó los 1.108 millones de litros en el último año, afectando la competitividad de un sector que depende de este insumo para su operativa diaria.
Señala que los datos oficiales de Ancap y la Ursea revelan una brecha persistente entre la realidad del mercado global y el mercado interno. En el período comprendido entre marzo de 2025 y febrero de 2026, la caída del precio de referencia internacional fue del 18,6%, pero el alivio para el consumidor local fue de apenas el 4%. Esta disparidad consolida un sobrecosto de U$S 102 millones en el último año, que se suma a los U$S 83 millones que el sector debe transferir obligatoriamente para subsidiar el transporte urbano a través del fideicomiso, con un tipo de cambio promedio de $ 40,3 por dólar.
Es decir, que esta diferencia se la quedó el Estado, en detrimento de los usuarios, que debieron pagar el combustible más caro que si se lo comprara directamente en el exterior, obviando la estructura de Ancap.
Pero este mazazo no solo recae en el productor rural, sino que como es sabido, todos los sectores de la economía sufren en forma directa o indirecta este sobrecosto, que no es otra cosa que el peso de la tributación y la ineficiencia que viene del Estado, que es sostenida por los sectores reales de la economía, desde la producción pasando por toda la cadena que finaliza en el consumidor.
Los impuestos a los combustibles, unido al monopolio de Ancap y los costos de funcionamiento de la empresa estatal, son la parte clave de este mayor precio en el surtidor, que luego los productores y los usuarios en general deben trasladar a sus actividades, por lo que todo el esquema socioeconómico es distorsionado desde el propio Estado para hacerse de recursos que luego utiliza displicentemente, como si brotaran de abajo de las piedras, y no fruto del esfuerzo de la gran mayoría de los uruguayos que no tienen a “Papá Estado” como cobijo.
Un análisis del economista Jorge Caumont, en el suplemento Economía y Mercado de diario El País, que data ya de mediados del año pasado, indicaba que “desde hace varios años observo que el tipo de cambio se mantiene relativamente estable, y que los salarios nominales suben, marcándose así un desajuste significativo entre ambas variables. Se trata a mi juicio de conceptos cuya relación observada durante cierto lapso, sin que ocurra de manera similar en otros socios comerciales, da una idea de la evolución de la competitividad de la producción transable uruguaya con el exterior”.
Agrega que ello afecta además “la producción que localmente sustituye importaciones, y la producción que se exporta. Desde el comienzo de 2020, los salarios han subido 53,3 por ciento, y el valor del dólar lo hizo en 7,2 por ciento, lo que implica que los salarios han aumentado en el lapso indicado, 43 por ciento en dólares”.
Esta lectura de datos igualmente da para sacar algunas conclusiones, que responden a una situación que se ha venido observando a lo largo de varios años y que no solamente implica al gobierno actual y al anterior, sino que da la pauta de que en materia de economía, por encima de matices entre las respectivas administraciones, tal como viene la mano, hay muy poco margen de maniobra para zafar de este esquema rígido entre tipo de cambio, inflación, salarios, competitividad y nivel de actividad.
Ocurre que hay perdedores en esta ecuación: primero, la competitividad y por ende el sector exportador, y no tanto el de los productos primarios, por aquello de las ventajas comparativas para producir, sino de aquellos que aspiran a dotar a su producto de algún valor agregado, y se encuentran con que el costo país dispara la ecuación y no pueden competir en los potenciales mercados compradores. En la misma situación se encuentran aquellos que trabajan en sectores que venden en el mercado interno pero que compiten con los productos importados más baratos por efectos del tipo de cambio y el costo país.
Pero también tenemos un gran perdedor, que es el empleo, porque cuando resulta más barato importar que hacerlo acá, se pierden puestos de trabajo, y este elevado costo de producir lo sufrimos en Paysandú a través del cierre de fuentes de trabajo o reducción de puestos de empleo. En este esquema de deterioro las multinacionales se trasladan hacia otros países.
Mientras tanto, sigue pendiente la gran reforma estructural que incluye la revisión a fondo del gasto público, para aliviar el peso del Estado e incidir en los costos que se aplica a los sectores reales de la economía por las estructuras que no se han tocado, y abordar aspectos clave como los costos de producción, de la energía, costos laborales, costos de trámites, costos de generar nuevas inversiones.
El punto es que a este esquema suicida, donde las inversiones salvadoras no aparecen por ningún lado, se agrega un sindicalismo que lejos de aportar soluciones, es parte del problema y sigue apostando a la lucha de clases de la década de 1960. Mientras, pasan los gobiernos y cada uno promete soluciones que nunca llegan, por cuanto más allá de algunos matices que no van al fondo de la cuestión, no hay margen de maniobra y ninguno está en condiciones de aportar la fórmula mágica. Es decir, se reedita el seguir tirando hasta la siguiente elección, cosa de salvar la ropa y tener puestos del Estado para sostener a la “tropa” de incondicionales y recompensar lealtades partidarias.
