La distancia geográfica entre el estrecho de Ormuz y el Río de la Plata podría alimentar una peligrosa ilusión de inmunidad en el imaginario uruguayo. Sin embargo, los eventos ocurridos en lo que va de este mes empiezan a demostrar lo contrario. Mientras las noticias de la Organización de las Naciones Unidas confirman que el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos ha alcanzado un punto de no retorno con el ataque a infraestructuras gasíferas en el Golfo y el desplazamiento de más de tres millones de personas, el ciudadano uruguayo está comenzando a sentir la onda expansiva en un lugar que también nos duele: los costos de la vida cotidiana y de la producción nacional. Esto es, nuestro bolsillo.
El escenario internacional actual en esa región del mundo constituye una crisis humanitaria que está tomando proporciones muy graves, a la vez que representa también un sacudón logístico y energético. Con el petróleo Brent superando la barrera de los 100 dólares y el cierre inminente de vías navegables por donde transita el 20% del crudo mundial, la interdependencia de las economías globales constituye un punto de vulnerabilidad.
Uruguay tiene una economía abierta, pequeña y estructuralmente dependiente de la importación de petróleo para sostener buena parte del dinamismo nacional. Desde esta perspectiva, un conflicto de esta magnitud no es una noticia más sino una variable macroeconómica a tener en cuenta.
El conflicto del Golfo Pérsico golpea un área sensible de la economía nacional: los insumos agropecuarios utilizados por nuestro sector productivo. Al respecto, cabe recordar que Irán es un actor relevante en el mercado global de urea y derivados petroquímicos esenciales para la fabricación de fertilizantes.
Para los países del Cono Sur latinoamericano, y en especial para el sector agroexportador uruguayo la prolongación de este conflicto implicará no solo combustibles más caros sino también un encarecimiento de los productos que se utilizan como nutrientes del suelo. Producir será más caro y eso también terminará trasladándose a los precios de los alimentos para las familias uruguayas. Se trata de una situación que reaviva la necesidad de producir fertilizantes locales y diversificar proveedores, aspecto que comienza a posicionarse como prioridad en la agenda de los países del Mercosur.
Por otro lado, la crisis en las rutas marítimas hacia esta región del mundo también afecta la llegada de componentes esenciales electrónicos y tecnológicos. En este sentido, el aumento de los seguros de carga y el desvío de buques comerciales por rutas más largas y costosas comienza a generar un efecto inflacionario en el sector tecnológico.
El combustible causa también gran preocupación. La ministra de Industria ha intentado dar señales de calma afirmando que Uruguay compra crudo principalmente en Occidente. Es verdad, pero también es un dato insuficiente porque el petróleo es un commodity global y no importa si el barril viene de Texas, Brasil o Nigeria ya que si el precio internacional se dispara por los acontecimientos del Golfo Pérsico, también pagaremos una cara factura.
Por otra parte, mientras Medio Oriente y Europa –por el conflicto de Ucrania– se consolidan como zonas de alto riesgo bélico, América Latina refuerza su imagen como refugio geográfico y político, lo que seguramente generará atracción de capitales, aumento de la exportación de petróleo desde países de nuestra región y una mejor performance nacional en la exportaciones de carne, granos y celulosa.
Algunos analistas también han señalado que cabe esperar que las crisis también funcione como un acelerador político hacia la transición energética empujando la obtención de créditos verdes internacionales y agilizando la llegada de empresas que buscan producir hidrógeno verde en lugares donde la paz y la estabilidad institucional están garantizadas.
A diferencia de otros vecinos que aún dependen de la generación térmica a partir de gas importado, petróleo o carbón, la transformación ejemplar de la matriz eléctrica uruguaya –gracias a las inversiones históricas en energía hidráulica y las más recientes en energía eólica, biomasa y solar– actúa hoy como un “airbag” macroeconómico. Contar con niveles de 98% de generación a partir de fuentes renovables otorga al nuestro país de una gran capacidad de resiliencia. Esto nos libra del temor a desabastecimiento eléctrico, no obstante, nuestro límite es el transporte y la logística, que siguen dependiendo de combustibles fósiles.
En ese sentido, la crisis actual constituye un recordatorio de que la transición hacia la movilidad eléctrica y el hidrógeno verde podría llegar a ser una prioridad de seguridad para la economía nacional. La denominada “segunda transición energética”, es decir, la descarbonización del transporte pesado y la apuesta al hidrógeno verde, no se ha completado. Seguir en ese camino se perfila como una urgencia de supervivencia para blindar la economía frente a crisis como la actual en Medio Oriente y de otras futuras que puedan ocurrir en el convulsionado mundo que vivimos.
La construcción de la primera planta de producción de hidrógeno verde en Paysandú responde también a estos intereses y puede ser una importante estrategia de independencia. Sin embargo, este hito de innovación se está convirtiendo en un punto de roce social y diplomático.
El reciente cruce de declaraciones entre el intendente sanducero Nicolás Olivera y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, revive fantasmas que la región parecía haber olvidado. El gobernador entrerriano ha sido tajante al comparar el proyecto de HIF Global con Botnia, advirtiendo de posibles impactos visuales y ambientales sobre la ciudad de Colón y amenazando con recurrir a tribunales internacionales. Olivera por su parte, defendió la inversión como una oportunidad de empleo y desarrollo calificando de precipitadas la críticas entrerrianas.
Este choque de intereses soberanos locales ilustra una contradicción: mientras el mundo –y también la ONU en recientes declaraciones– empuja a abandonar el petróleo para evitar ser rehenes de crisis como la de Irán, la infraestructura necesaria para esa transición choca contra la sensibilidad de comunidades que temen por el recurso hídrico compartido, o simplemente por la estética de la fábrica.
Una vez más la diplomacia ambiental es necesaria. La transparencia en el uso del agua y el impacto ambiental tampoco puede ser una concesión, sino un seguro de bienestar general y una estrategia para que la inversión no se judicialice.
Lo que es innegable es que el conflicto de Irán demuestra que seguir atados al combustible fósil constituye una pérdida de soberanía y, por otra parte, resulta paradójico que nuestra estabilidad interna tenga tanta dependencia de un régimen que se encuentra a 13.000 kilómetros de distancia. Ignorar la conexión entre las crisis internacionales y el costo de vida en nuestro país es un lujo que no nos podemos permitir.
Hoy en día la soberanía de una nación también se mide por su capacidad de no quedar rehén de conflictos ajenos. Uruguay tiene herramientas para liderar esta respuesta regional pero el camino del hidrógeno verde exige algo más que tecnología; es necesaria una diplomacia de cercanía capaz de convencer a nuestros vecinos de que la independencia energética es, en última instancia, una carta de estabilidad para la región. El éxito de la estrategia energética uruguaya nos conviene a todos pero es importante cómo se utilice la estabilidad institucional para amortiguar impactos sin comprometer el equilibrio económico, fiscal y ambiental, mientras se aguarda la maduración de estos proyectos renovables.
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