En Uruguay hay 1,9 millones de personas en edad y condiciones de actividad. De ese total, 1,75 millones están ocupadas y 150.000 se encuentran desocupadas. Dentro de ese conjunto de personas ocupadas, aproximadamente 400.000 trabajan sin cobertura de la seguridad social. Paysandú, con 10,8% de desempleo, se ubica entre los departamentos con mayor índice, detrás de Treinta y Tres, que se acerca al 14%.
Uruguay tiene a más de medio millón de personas —unas 600.000, según el monitor de la Universidad Católica— con dificultades para acceder a un trabajo. Dentro de esa población, los principales afectados son jóvenes, personas mayores de 50 años y mujeres. Desde hace décadas, se repite el mismo perfil de ciudadanos que atraviesan diversas vulnerabilidades socioeconómicas.
Uno de cada cinco trabajadores no aporta a la seguridad social y el 30% de los asalariados gana menos de 25.000 pesos líquidos al mes. La informalidad y los bajos ingresos reducen las posibilidades de acceso a una matriz de protección social y limitan a esa población a la permanencia en la pobreza.
En Uruguay, este problema es estructural. Se enmarca en un proceso de deterioro que lleva décadas, presiona negativamente sobre la inserción internacional del país y se refleja en su bajo crecimiento económico. Estos factores inciden, a su vez, en la generación de oportunidades laborales. Se configura así un círculo vicioso que se agrava con el envejecimiento de la población, un factor que, además, plantea nuevos desafíos para la seguridad social debido a la creciente demanda de cuidados, cuya respuesta aún es deficitaria.
En el país, más de 161.000 personas se presentaron para 5.500 puestos del programa Uruguay Impulsa, mientras que las industrias tecnológicas no logran cubrir su demanda. Esta es una deuda pendiente en materia de capacitación y formación para el empleo tecnificado. Sin embargo, se sigue planteando como posible solución la concreción o extensión de nuevos subsidios, una política conocida que no se sostiene en el tiempo ni promueve el desarrollo humano, económico y social a largo plazo.
Uruguay es, además, un país con estabilidad macroeconómica, pero con una tendencia a adoptar medidas de corto plazo para mejorar indicadores sensibles que afectan, desde hace varios períodos, a una misma población.
Esta evolución, acompañada por el deterioro de otros indicadores sociales como la pobreza infantil, demuestra que el mundo del trabajo se encuentra desde hace tiempo en constante transformación.
De acuerdo con datos del Banco Central, Uruguay mejoró sus indicadores de competitividad respecto a enero. Sin embargo, en la comparación interanual con el mismo mes del año pasado, el país registra una caída de la competitividad por sexto mes consecutivo, superior al 5%. A enero, Uruguay se encontraba en su nivel más caro para el mundo desde el año 2000.
Es decir, si bien el país ofrece seguridad jurídica, un sólido sistema democrático y una percepción positiva en cuanto a bajos niveles de corrupción, existen competidores con características similares, pero a menor costo.
Este estancamiento encuentra al país en un contexto de bajo crecimiento y en plena evaluación de las inversiones públicas, como consecuencia de las presiones del escenario internacional.
No obstante, este factor no es nuevo. Hace pocos años se configuró un entorno internacional aún más complejo, cuando el mundo debió detener gran parte de su producción debido a una pandemia sin precedentes en la era moderna.
Mientras esto ocurría a nivel global, en Uruguay se instalaba el argumento de que las medidas económicas, las rebajas salariales y el envío masivo de trabajadores al seguro de desempleo eran una “excusa”. Los archivos de la web así lo recuerdan.
Hoy, de forma similar, se sostiene que el contexto internacional presiona al alza otros precios de la economía, considerados factores clave para el funcionamiento de la matriz productiva y de las materias primas, que influirán en las decisiones que el Poder Ejecutivo adoptará mes a mes.
En Uruguay, todos los gobiernos heredan la misma dificultad: conducir un país tomador de precios. Y lo saben, porque muchos de sus integrantes cuentan con una extensa trayectoria como gobernantes o parlamentarios.
El problema radica en la construcción discursiva de esta realidad: hoy es Medio Oriente y la crisis del petróleo; antes fue la pandemia; y previamente, la crisis financiera global de 2008 y la burbuja inmobiliaria. Así, podríamos remontarnos a cada crisis que enfrentó el gobierno de turno con medidas extraordinarias que, por lo general, implicaron mayores presiones sobre los contribuyentes.
Este escenario en permanente cambio encuentra a una amplia mayoría de la población trabajadora en un punto de alta sensibilidad económica y social, marcada por la incertidumbre en el mercado laboral.
El último anuncio del gobierno señala que se destinarán 10 millones de dólares anuales en subsidios para la Ley Integral de Empleo. Actualmente, según la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el país asigna el 0,8% del Producto Bruto Interno (PBI) a programas de empleo. Sin embargo, un alto porcentaje de trabajadores continúa en la informalidad, mientras que la Encuesta de Demanda Laboral en Tecnologías de la Información de la CUTI indicaba, en julio del año pasado, la existencia de 12.000 puestos sin cubrir.
Los programas impulsados por los sucesivos gobiernos no garantizan continuidad ni resuelven los problemas estructurales en un contexto volátil y con una masa trabajadora con baja capacitación técnica. Tampoco logran abarcar la totalidad de las personas desocupadas.
Porque son aspectos que los subsidios no alcanzan a resolver.
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