El Índice de Conflictividad Laboral (ICL), elaborado por el Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), cumplió 30 años y, en ese contexto, con la presencia del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, tuvo lugar la presentación del informe titulado “Conflictividad Laboral en el Primer Año de Gobierno”.
Allí el ministro destacó el aporte que significa este índice elaborado por la casa universitaria, que, con una acumulación de tres décadas, permite ya trazar un perfil muy claro sobre las relaciones laborales de nuestro país, así como entender la dinámica de conflictos y acuerdos.
También señaló —y le asiste razón— que los conflictos suelen tener mayor visibilidad pública que los acuerdos alcanzados en los procesos de negociación colectiva, aunque la lógica es aquella tan manida de la mordida del perro al hombre y viceversa, de la que se ve que Castillo no es partidario. Argumentó que “si hay conflictos, después dejan de serlo porque hay acuerdos” y que “los consensos y los acuerdos no venden para la prensa”. Proviniendo, como dice, del ámbito sindical, no debería sorprenderse de que el éxito de los paros y medidas sindicales nazca, justamente, de la distorsión que generan en la vida de las demás personas.
Cuando hay paro del transporte, la preocupación del ciudadano de a pie no es si los choferes consiguen un ajuste por encima de la inflación, sino saber que ese día no va a tener ómnibus y que tendrá que arreglárselas para ir a trabajar o para ir a buscar a los gurises a la salida de la escuela. Entonces, cuando hay un paro, lo importante es que no habrá determinado servicio; cuando se restablece, todo vuelve a la normalidad. Es decir, es una no-noticia. No es más que eso. No es que la prensa sea mala y no quiera difundir los acuerdos, sino que el ministro no está entendiendo la lógica de la dinámica informativa.
Castillo destacó, además, la importancia de la negociación colectiva, el diálogo social y los ámbitos tripartitos como mecanismos para canalizar las diferencias y construir acuerdos. En ese sentido, valoró que el rol del Ministerio de Trabajo “no es meramente fiscalizador, ni siquiera el de ponerse como juez. Nosotros somos gestores del ámbito de relaciones laborales y tratamos de mediar y buscar acuerdos”. Agregó que este sistema ha permitido que Uruguay tenga interlocutores sólidos “tanto del lado empresarial como del sindical, lo que contribuye a fortalecer los procesos de negociación y a generar condiciones de previsibilidad para el desarrollo de la actividad económica”.
Pero, como se señalaba, en el marco de esta ceremonia se presentó el informe correspondiente a la conflictividad laboral de 2025, el primer año del actual gobierno. Según el informe, comparado con los primeros años de gobierno desde 2005, el nivel de conflictividad del primer año de Yamandú Orsi estuvo “en una posición intermedia”. Se registraron valores de las variables por debajo de los máximos de 2010 y 2015, pero superiores a los observados en 2005 y 2020, lo que permite caracterizar el período como de intensidad moderada.
Además, el análisis histórico demostró “que la evolución de la conflictividad en Uruguay responde más a ciclos asociados a coyunturas específicas que a una tendencia lineal de crecimiento o descenso sostenido”, según mencionó el Ministerio de Trabajo en la nota publicada en su página web. “El comportamiento del índice en 2025 se inscribe dentro de las lógicas históricas del sistema de relaciones laborales del país”.
Usualmente, el primer año de cualquier gobierno es el que tiene un mayor grado de conflictos debido a que se elabora el presupuesto quinquenal, donde se decide la suerte salarial de los trabajadores del sector público. Lo que no se obtiene allí difícilmente pueda “pelearse” después en alguna de las rendiciones de cuentas que se realizan anualmente. Pero, además, el año pasado hubo rondas de negociación colectiva en el sector privado. Aunque la mayoría llegó rápidamente a acuerdos, hubo otros sectores que no.
Dos sectores, en especial, tuvieron durante el año pasado conflictos sumamente distorsivos, tanto para su propia actividad como por su afectación a terceros. El conflicto en la pesca fue particularmente singular, porque llegó a una instancia en la que los patrones terminaron convocando a nuevos trabajadores que quisieran incorporarse al sector, desconociendo a la organización sindical, que tradicionalmente repartía la baraja entre los trabajadores al asignar los puestos de trabajo en las embarcaciones de pesca. Sin estar afiliado, no se trabajaba. Esa lógica se quebró el año pasado, aunque las discusiones han continuado.
El otro gran conflicto en el sector privado el año pasado fue con los trabajadores del Puerto de Montevideo, en la terminal especializada en contenedores, cuyo sindicato se opuso con firmeza a la incorporación de un software de gestión, bajo el argumento de que, en el largo plazo, terminaría provocando pérdida de puestos de trabajo.
Ese conflicto en particular —el del puerto— ocasionó un impacto significativo en la economía y en la reputación del país, llevando a que las empresas navieras decidieran saltarse el puerto capitalino en sus itinerarios. Esto provocó pérdida de tiempo y sobrecostos para los usuarios, además de una afectación lateral en las cadenas logísticas, que se vieron estresadas por los paros reiterados.
Entonces sí: es cierto que fue un primer año con menos conflictividad que en otros gobiernos, pero la situación ameritaría además un análisis cualitativo de los conflictos que tuvieron lugar y de sus repercusiones.
