El Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley que faculta al Poder Ejecutivo a extender hasta 60 kilómetros de los pasos de frontera terrestre el régimen de reducción del Impuesto Específico Interno (Imesi) a las naftas. La iniciativa ya había recibido el visto bueno de la Cámara de Diputados la semana pasada, por lo que quedó definitivamente sancionada por ambas cámaras. La norma sustituye el artículo 38 de la ley 18.083 y mantiene el beneficio pleno para las estaciones ubicadas dentro de los 20 kilómetros de los pasos fronterizos, pero habilita ahora una extensión parcial para aquellas situadas entre los 20 y los 60 kilómetros. Según el texto aprobado, “extiéndese la facultad dispuesta en el inciso anterior para las enajenaciones realizadas por estaciones de servicio no comprendidas en el apartado A) precedente, ubicadas en un radio máximo de 60 kilómetros de los pasos de frontera terrestre”, estableciendo que en esos casos “la reducción no podrá exceder del 50% de la que se disponga” para la franja más próxima a la frontera. Para el caso de la frontera con Argentina, el descuento es del 32% para estaciones hasta 20 kilómetros, por lo que para Quebracho y Chapicuy, será del 16%. No hay una lista oficial de localidades que podrán tener ese beneficio.
No obstante, el senador por el Frente Amplio Nicolás Viera leyó una lista “oficiosa” en la que mencionó a Young. Pero más tarde el propio Viera indicó que la lista estaba mal y que las distancias “se miden en kilómetros desde los pasos de frontera”. El proyecto también dispone que el Poder Ejecutivo “dispondrá la forma y condiciones en que operará la presente disposición a efectos de su funcionamiento y contralor, pudiendo limitar su alcance a determinadas zonas geográficas de acuerdo a los precios de los referidos bienes en los países limítrofes”. De esta manera, la aplicación concreta del beneficio quedará sujeta a la reglamentación y evaluación de cada coyuntura.
ARGUMENTOS A FAVOR Y REPAROS EN SALA
Durante el debate, el oficialismo defendió la medida como una herramienta para atender las asimetrías cambiarias y sus efectos en las economías locales de frontera. El senador Eduardo Brenta sostuvo que la compra de combustibles es “uno de los elementos decisivos” que inciden en la decisión de muchos consumidores de cruzar hacia el país vecino, y afirmó que la iniciativa permitirá “mitigar los efectos económicos adversos” derivados de esas diferencias.
En la misma línea, el senador Óscar Andrade destacó que se trata de la “continuidad de una decisión política” orientada a reconocer que “las diferencias cambiarias y las asimetrías le pesan al país, pero les pesan diferente a los uruguayos que viven en la frontera”.
Desde la oposición, si bien se acompañó la votación, se plantearon dudas sobre el alcance real de la medida. El senador nacionalista Sergio Botana señaló que “toda medida de rebaja impositiva es buena medida”, aunque advirtió que el impacto será “cero”. A su juicio, quienes se trasladan hasta la frontera para cargar combustible continuarán haciéndolo, por lo que el efecto sobre el comercio local será limitado.
El senador colorado Tabaré Viera valoró la ampliación al considerar que supone un beneficio “bastante más que los 20 kilómetros que estaban establecidos”, aunque remarcó que “es una medida más y se necesitan otras” para atender la situación de las zonas fronterizas.
Las críticas generaron respuestas desde la bancada oficialista. La senadora Liliam Kechichian afirmó que “se podrá decir que estas medidas no son las mejores del mundo, pero es mejor que no tener nada”, y cuestionó que se sostenga que la iniciativa “no sirve para nada”. Por su parte, el senador Nicolás Viera recordó que la extensión del límite había sido reclamada en el pasado y subrayó que la medida “podrá ser buena, mala, regular, pero es”.
PROPUESTA ADICIONAL QUE NO PROSPERÓ
En el tramo final de la sesión, legisladores del Partido Nacional y del Partido Colorado intentaron incorporar un agregado para facultar al Poder Ejecutivo a extender el beneficio a “otras poblaciones que se vean afectadas por la incidencia del precio del combustible sobre la producción y empleo local”. Sin embargo, la iniciativa no prosperó al no contar con el respaldo del Frente Amplio.
Con la aprobación definitiva del proyecto, el Ejecutivo queda habilitado a reglamentar la extensión del beneficio y determinar su aplicación concreta dentro del nuevo radio de hasta 60 kilómetros, en función de la situación de competitividad en cada tramo de la frontera.
